CS acogió recurso de unificación de jurisprudencia y determinó que la Presidencia de la República tiene legitimidad pasiva.

La parte demandante en juicio de reconocimiento de relación laboral, nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones legales y contractuales dedujo recurso de unificación de jurisprudencia en contra de la sentencia de la Corte de Santiago que rechazó el recurso de nulidad de la actora en contra de la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Consejo de Defensa del Estado respecto de la demandada Presidencia de La República, y se rechazó en todas sus partes la demanda ya citada.

El 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago señaló en su sentencia que, la Presidencia de la República forma parte de la administración centralizada del Estado, sin que ley alguna le hubiere asignado personalidad jurídica o patrimonio propio, toda vez que se desprendió claramente que actúa con el patrimonio del Fisco, cuya asignación le es efectuada anualmente vía Ley de Presupuesto, por lo que queda sujeta a las normas sobre Administración Financiera del Estado contempladas en el Decreto Ley N° 1.263, lo que deviene en sostener que la Presidencia de la República debe actuar bajo y con la personalidad jurídica del Fisco de Chile, Corporación de Derecho Público que representa la expresión patrimonial del Estado, ya que los diversos órganos que lo componen, salvo aquellos a los que expresamente se les asigne, no cuentan con un patrimonio, sino que actúan sobre la base de las asignaciones presupuestarias contempladas en la Ley de Presupuesto de cada año, por lo que los activos y bienes con los que opera son de dominio fiscal, al igual como sucede con los Ministerios, más en caso alguno son de propiedad del órgano centralizado, al no tener la calidad de sujeto de derecho y por ende carecer de la posibilidad de ser titular del derecho de dominio, lo que implicó la ausencia de la facultad de disponer o enajenarlos.

La Corte del Valparaíso por su parte concluyó que, de los artículos 1° inciso segundo y 26 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y de la Ley 21.053, sobre Presupuesto del Sector Público se advirtió que la Presidencia de la República, por ser un organismo centralizado no es una persona jurídica, no cuenta con patrimonio propio, lo que le impide responder patrimonialmente frente a una eventual sentencia judicial que lo condene a pagar, ni tampoco tiene capacidad para actuar en juicio, por lo tanto, no puede ser considerado “Empleador” en los términos de representación que contempló el artículo 4 del Código del Trabajo, por ende, toda acción judicial que se pretendió incoar en su contra supone previamente emplazar al Fisco de Chile, lo que debe materializarse notificando la acción respectiva al Consejo de Defensa del Estado, tal como lo estipuló su Ley Orgánica, como representante de aquél, lo que en la especie no sucedió, por lo que al decidir como lo hizo el juez recurrido, no vulneró el artículo 4° del Código del Trabajo.