Diario Constitucional

Se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 626.

CS acoge protección contra municipio que prohibió locomoción colectiva en camino rural.

El máximo Tribunal estableció que sólo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene la facultad de alterar o modificar el sentido de tránsito y horario de funcionamiento del transporte público en vías rurales.

Por Redacción·15 de julio de 2020·4 min de lectura
CS acoge protección contra municipio que prohibió locomoción colectiva en camino rural.
Referencial

La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por la Municipalidad de Las Cabras en contra de decreto edilicio dictado por la Municipalidad de Peumo, que prohibió la circulación de locomoción colectiva por camino rural que comparten ambas comunas.

La sentencia indica que, de las normas legales y reglamentarias transcritas y de lo informado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Sexta Región, fluye con nitidez que la única autoridad facultada para alterar o modificar el trazado, sentido del tránsito y horario de funcionamiento del servicio de transporte público de pasajeros en vías o caminos rurales es el Ministerio de Transportes, sin perjuicio de la tuición que le corresponde a la Dirección de Vialidad en el caso de caminos o trazados rurales.

La resolución agrega que, en este sentido, el inciso primero del artículo 113 de la Ley N° 18.290 es especialmente claro en cuanto a la autoridad y a las atribuciones que sobre el particular le competen a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, de manera que la única conclusión posible es que el Municipio de Peumo, al dictar el Decreto Alcaldicio N° 626 de 31 de mayo de 2019, impugnado en esta sede proteccional, ha incurrido en un acto ilegal, arrogándose atribuciones de las que carece conforme al ordenamiento jurídico, infringiendo con ello los principio de juridicidad y de supremacía constitucional establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

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