Daños patrimoniales como emocionales.
Juzgado Civil condena a autopista a pagar una indemnización a conductor que impactó su vehículo contra un neumático de camión que se encontraba en la mitad de la calzada.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa concesionaria por faltar al deber de cuidado y mantención de la ruta a la altura de Pelequén.

El Vigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó a la sociedad Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., a pagar una indemnización de $2.000.000 a conductor que impactó su vehículo contra un neumático de camión que se encontraba en la mitad de la calzada, en noviembre de 2017.
La sentencia indica que, a raíz del accidente descrito en el motivo anterior, el demandante señala haber sufrido daños tanto patrimoniales como emocionales imputables a negligencias de parte de la concesionaria demandada, toda vez que ésta omitió el deber de cuidado y vigilancia de la carretera cuya concesión tiene adjudicada, constituyendo aquello una infracción a la normativa general vigente sobre concesiones de obras públicas. A su respecto, la demandada indica no corresponderle responsabilidad alguna en el accidente sufrido, toda vez que éste fue provocado por la culpa del propio demandante, el actuar de terceros o al caso fortuito.
La resolución agrega que, en la actualidad los principales textos normativos que rigen las concesiones de obras públicas son el Decreto N°900 del Ministerio de Obras Públicas, comúnmente llamado Ley de Concesiones de obras públicas y el Decreto N°956 del mismo ministerio llamado Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas. A nivel legal la obligación de seguridad del concesionario respecto de los usuarios como fundamento de su responsabilidad tiene como principal fundamento lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Concesiones de obras públicas, el cual prescribe que el régimen jurídico durante la fase de explotación, le impone al concesionario el deber de asegurar la continuidad de la prestación del servicio, la cual le obligará, especialmente a facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de medidas que alteren la normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o de urgente reparación.
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