Diario Constitucional

Profesor asociado.

CGR determinó que académico a contrata puede ser nombrado miembro de la junta directiva de la Universidad de La Serena.

El órgano contralor adujo esto, dado que tal calidad corresponde a una nueva designación en una función pública directiva y no se desempeña en razón de dicho empleo a contrata.

Por Redacción·23 de septiembre de 2020·3 min de lectura
CGR dictaminó que diploma de Oficial de Orden y Seguridad, Administrador de Seguridad Pública, otorgado por la Escuela de Carabineros de Chile lo no habilita para percibir el sobresueldo por título profesional universitario.
Referencial

Se dirigió a la Contraloría General de la República, el Rector de la Universidad de La Serena, por medio de la cual consulta si el señor Luis Eyquem Santoro se encuentra facultado para integrar la Junta Directiva de esa casa de estudios superiores como profesor asociado designado por el Consejo Académico, dado que su vinculación con la institución es en calidad de contrata.

Requerida de informe, la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación manifestó, entre otras consideraciones, que podría estimarse válida la postulación del aludido académico toda vez que la naturaleza del cargo de integrante del antedicho órgano colegiado no sería asimilable a una investidura que radique en una sola persona las atribuciones de conducción, resolución y liderazgo asociadas a cargos de jefatura o con atribuciones directivas de carácter unipersonal.

Al respecto, el ente contralor adujo que, en cuanto a la posibilidad de que el docente por el cual se consulta integre la citada Junta Directiva, debe expresarse, tal como lo sostiene el informe jurídico acompañado por la requirente, que la reiterada jurisprudencia de este Organismo de Control ha resuelto que atendida la naturaleza transitoria de los empleos a contrata y dado que estos se encuentran al margen de los ordenamientos permanentes del personal de cada institución, los funcionarios que los sirven carecen del vínculo de jerarquía, de modo que no pueden ejercer funciones directivas o desarrollar labores de jefaturas, sin perjuicio de aquellos casos en que un precepto legal permita expresamente asignar a los referidos servidores atribuciones de este tipo, en cuyo evento, es el ordenamiento jurídico el que autoriza para que ejerzan tales labores (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 72.519, de 2011, y 20.076, de 2017, entre otros). Así, acorde con la anotada jurisprudencia, salvo que una norma legal lo autorice, resulta improcedente que un servidor a contrata desarrolle funciones de jefatura o directivas en virtud de una asignación o encomendación de labores.

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