CGR determinó que DGA deberá considerar situación de Juntas de Vigilancia del Río Aconcagua, quienes suscribieron un Acuerdo de Redistribución de las Aguas Superficiales de dicho cauce.

Se ha dirigido a la Contraloría General de la República, la Municipalidad de Quillota, quien junto con exponer que las Juntas de Vigilancia de la Primera, Segunda y Tercera Secciones del Río Aconcagua suscribieron un Acuerdo de Redistribución de las Aguas Superficiales de dicho cauce, para su ejecución en el marco de las declaraciones de escasez a que alude, reclama que la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Obras Públicas lo “validaron como suficiente”, prescindiendo del parecer de aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos en la misma cuenca u hoya hidrográfica de la zona de escasez.

Tal actuación, a su juicio, importaría una omisión del ejercicio de la atribución que el artículo 314 del Código de Aguas entrega a esa repartición para redistribuir las aguas disponibles en las fuentes naturales comprendidas en esa zona, a fin de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía, razón por la cual solicita un pronunciamiento de esta Sede de Control sobre la materia.

Requerido su informe, la Dirección General de Aguas, luego de señalar que el acuerdo de que se trata es un instrumento privado de fecha 29 de noviembre de 2019, expone, en lo esencial, que los acuerdos de las Juntas de Vigilancia solo obligan a sus miembros, de modo que no pueden “intervenir, limitar, distribuir o prohibir la extracción de las aguas a terceros que no forman parte de dicha institución”, como lo serían los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas a que hace alusión la recurrente.