El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil resolvió que el Estado puede ordenar a los ciudadanos que se sometan obligatoriamente a la vacunación contra Covid-19.
Según la decisión, el Estado puede imponer a los ciudadanos que se nieguen a la vacunación las medidas restrictivas previstas por la ley (multa, impedimento para asistir a determinados lugares, matricularse en la escuela), pero no puede inmunizar a la fuerza. También se definió que los estados, el Distrito Federal y los municipios tienen autonomía para realizar campañas locales de vacunación.
En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que, si bien la Constitución Federal protege el derecho de todo ciudadano a mantener sus convicciones filosóficas, religiosas, morales y existenciales, los derechos de la sociedad prevalecen sobre los derechos individuales. Con ello, el Estado puede, en situaciones excepcionales, proteger a las personas incluso en contra de su voluntad, como, por ejemplo, obligando a utilizar el cinturón de seguridad.
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Enseguida, la sentencia expresó que la obligatoriedad de la vacunación para garantizar la protección de la salud colectiva es una doble obligación: el Estado tiene el deber de proporcionar la vacuna y el individuo debe estar vacunado. De esta manera, ninguna autoridad o poder público puede eludir la adopción de medidas que permitan la vacunación de toda la población y garanticen el derecho constitucional a la salud y una vida digna, pues la inmunidad colectiva es un bien público colectivo.
Luego, el alto Tribunal de Brasil manifestó que, si bien la negativa de un adulto a un determinado tratamiento terapéutico representa el ejercicio de su libertad individual, aunque esto implique su muerte, el mismo principio no se aplica a la vacunación, porque, en este caso, la prioridad es inmunización comunitaria. También, agrega el fallo que como está en juego la salud pública, un derecho de todos, la vacunación obligatoria es constitucional.
Finalmente, el STF destacó el compromiso y esfuerzo de los ministros para que hoy se concluya el juicio, a fin de transmitir a la sociedad seguridad jurídica ante una pandemia que ya provocó la muerte de miles de brasileños.
Vea texto íntegro del comunicado.