La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a siete personas por formar parte de una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual que captaba a mujeres jóvenes en Nigeria, las trasladaba a Libia y allí las embarcaba en embarcaciones pequeñas hasta Italia, donde uno de los acusados les proveía de documentación falsa y billetes para que llegaran a España, algunas al domicilio de un matrimonio nigeriano residente en Torrelavega.
En la sentencia, la Audiencia de Cantabria señala que los ahora condenados se dedicaban, de común acuerdo y distribuyéndose las diferentes funciones y cometidos, a captar mujeres jóvenes en su país de origen, Nigeria, haciéndolas viajar a través de Libia y posteriormente mediante diversos medios de transporte, entre ellos pateras, a Italia con el fin de hacerlas llegar a España empleando documentación falsa que les facilitaban, con el objeto de que pudieran acceder a nuestro país y permanecer en él de forma irregular.
Posteriormente, el fallo argumenta que las traían para obligarlas a dedicarse a la prostitución aprovechándose de la inmadurez y precariedad económica de estas mujeres, a las que además realizaban falsas promesas de condiciones de trabajo y situación, ocultándoles en la mayoría de los casos que tenían que dedicarse a la prostitución. Después, las mantenían obligadas al ejercicio de dicha actividad de prostitución para satisfacer una suma en concepto de deuda de 30.000 euros, percibiendo la organización el dinero obtenido por ellas en dicha actividad y distribuyéndolo entre sus distintos miembros.
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Enseguida, el Tribunal español expresó que los procesados mantenían entre sí contactos telefónicos habituales, intercambiando información y datos de las mujeres a las que controlaban, el trabajo que realizaban y las ganancias que obtenían, así como sobre el cumplimiento por ellas de las condiciones de trabajo, comparando los métodos empleados para obtener el pago de sus deudas. También –añade- se proporcionaban información sobre clubes y locales de prostitución.
Finalmente y, en virtud de dichas consideraciones, la Audiencia Provincial de Cantabria condenó a los responsables a la pena de 24 años de prisión y a una indemnización de 25.000 euros a cada una de las dos mujeres que en el juicio comparecieron como testigos protegidas y que son víctimas de los hechos enjuiciados.
Vea texto íntegro del comunicado.