Diario Constitucional

"No queda claro cuáles fueron los antecedentes médicos que fueron tenidos en cuenta para poder arribar a esta decisión".

Corte de Apelaciones de Copiapó acogió recurso de protección y dejó sin efecto resolución que rechazó el pago de licencias médicas y ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social la realización de exámenes para decidir con fundamento técnico la procedencia del pago solicitado por la recurrente.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida, tras establecer el actuar arbitrario de la recurrida.

Por Redacción·17 de marzo de 2021·2 min de lectura
Corte de Apelaciones de Copiapó acogió recurso de protección y dejó sin efecto resolución que rechazó el pago de licencias médicas y ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social la realización de exámenes para decidir con fundamento técnico la procedencia del pago solicitado por la recurrente.
Referencial

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió recurso de protección, dejó sin efecto resolución que rechazó el pago de licencias médicas y ordenó a la Superintendencia de Seguridad Social la realización de exámenes para decidir con fundamento técnico la procedencia del pago solicitado por la recurrente.

La sentencia sostiene que basta un somero análisis de la resolución recurrida para advertir que esta no cumple con el estándar requerido por el legislador, pues si bien tiene fundamentación, esta resulta absolutamente escueta, breve y acotada, no dando cuenta de cuál fue el ejercicio lógico y racional utilizado para llegar a la decisión, fundado en los antecedentes específicos que se tuvieron a la vista.

La resolución agrega que, no queda claro cuáles fueron los antecedentes médicos que fueron tenidos en cuenta para poder arribar a esta decisión, como por ejemplo, qué profesionales de la salud intervinieron, qué exámenes médicos se realizaron, qué incidencia habrían tenido en la determinación cada uno de ellos y si fueron debidamente contrastados con otros elementos de juicio para poder arribar a una conclusión que perjudica gravemente los intereses de la afectada.

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