Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra.
Tribunal Español determinó que accidente de Tren Celta se debió a un exceso de velocidad del conductor fallecido.
Al respecto, el Tribunal adujo que, si bien el fallecimiento del maquinista determina la extinción de la responsabilidad penal, la instructora considera que los hechos podrían haber sido constitutivos de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y de 47 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional.
El Juzgado de Instrucción número 2 de O Porriño (Pontevedra) ha acordado el sobreseimiento provisional, con reserva de acciones civiles a los perjudicados, de la investigación sobre el accidente del Tren Celta.
Respecto de los hechos, consta que esto sucedió el 9 de septiembre de 2016 y fallecieron cuatro personas, entre ellas el maquinista, y 47 resultaron heridas, 13 de ellas de gravedad. Las pruebas periciales coinciden, según relata la instructora, en que el ferrocarril accedió a la estación a una velocidad de 118 km/h, cuando la máxima permitida era de 30 km/h.
Al respecto, el Tribunal expresó que la responsabilidad de tal exceso de velocidad reside en exclusiva en la imprudencia del maquinista, fruto de una conducción desatenta a las circunstancias de la vía y a su señalización”, asegura la jueza, quien sostiene que “incluso podría indicarse que, si se hubiese observado la velocidad de itinerario marcada con carácter general en el tramo, el tren no habría descarrilado.
Temas
Te puede interesar
Discriminación por razón de discapacidad.
TC español declaró que se vulneró el derecho a la igualdad de una persona con ‘síndrome de asperger’ por sancionarle sin tomar en consideración sus circunstancias y su petición de ajustes razonables en el puesto de trabajo.
Contaminación con Plomo.
Presentan reclamación contra SMA de Antofagasta por aprobación y suspensión de procedimiento sancionatorio contra procesadora de residuos industriales.
Administración penitenciaria.
TS de España determinó que Estado es subsidiariamente responsable en el pago de una indemnización de 547.000 euros a un preso agredido en la cárcel.
