Diario Constitucional

Acto arbitrario e ilegal.

Corte de Santiago acogió recurso de protección deducido por una ex funcionaria a contrata contra la Presidencia de la República.

La resolución infringió el deber de motivación de los actos administrativos.

Por Redacción·25 de abril de 2021·4 min de lectura
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Referencial

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección deducido en contra de la Presidencia de la República por haber dictado una resolución que dispuso la no renovación de la contrata de la actora.

El fallo indica que la actora denunció la vulneración de la garantía prevista en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución, por la dictación de la resolución de 25 de noviembre de 2020, mediante la cual se dispuso la no renovación de su contrata, fundamentándose dicha decisión en que los funcionarios de la Presidencia revisten la condición de exclusiva confianza y que perdió las aptitudes que le permitían ejercer las funciones encomendadas. Por lo anterior, refirió que se trata de una mención genérica que no permite determinar la verdadera razón de su desvinculación y que, además, no se condice con las calificaciones del período y que le fueran notificadas por su Jefatura el 16 de octubre de 2020.

En seguida, agrega que la recurrida refutó que los cargos (planta y contrata) de la Presidencia de la República son de exclusiva confianza, lo que encuentra su fuente en la propia Constitución, específicamente en su artículo 32 N°10, y también en la ley, ya que el inciso final del artículo 51 de la Ley N°18.575, dispone que los funcionarios de exclusiva confianza son aquellos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento. En la especie, precisa que fue la Presidencia de la República la que decidió prescindir de los servicios prestados por la ex funcionaria en virtud de la naturaleza del cargo, hecho que sí es aplicable para las designaciones a contrata, ya que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría ha señalado que las designaciones a contrata en la Presidencia de la República pueden terminar anticipadamente fundándose en la pérdida de confianza propia de la naturaleza de ese organismo.

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