Empresa pesquera solicita inaplicabilidad de normas en causa en la que un grupo de comunidades presentó un recuro de protección en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 7, inciso segundo, y 10, de la Ley N°20.249, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios.

El primer precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso, que “Recibida la solicitud, la Subsecretaría verificará, en el plazo de dos meses, si se sobrepone a concesiones de acuicultura, marítimas o áreas de manejo otorgadas a titulares distintos del solicitante. En caso de constatarse una sobreposición con concesiones de acuicultura, marítimas o áreas de manejo otorgadas que impidan absolutamente el otorgamiento del espacio costero marino de pueblos originarios, se comunicará esta circunstancia al solicitante, mediante una resolución denegatoria. En caso de que la sobreposición sea parcial, la Subsecretaría propondrá al solicitante una modificación del espacio costero marino de pueblos originarios”. Por su parte, la segunda disposición objetada señala que “En caso de que la misma área solicitada como espacio costero marino de pueblos originarios hubiere sido objeto de una solicitud de afectación para otros fines, se deberá suspender su tramitación hasta que se emita el informe del uso consuetudinario elaborado por la Conadi o hasta que se resuelva el recurso de reclamación que se hubiere interpuesto en su contra.”.

La gestión pendiente incide en un recurso de protección en sede de apelación ante la Corte Suprema, en el que la empresa de salmones requirente planteó un incidente de nulidad procesal de todo lo obrado, en atención a que, de protección deducida por un grupo de comunidades en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se ha tramitado en ausencia de la empresa. Así, la requirente, que actúa en calidad de tercero, solo ha tenido la oportunidad procesal para presentar su informe una vez que Corte Suprema ya adoptó su acuerdo. Por ello lo que eventualmente se decida en el recurso traerá eventualmente consecuencias jurídicas para la empresa requirente, actual titular de una concesión de acuicultura válidamente adquirida desde su anterior titular a quien le fue concedida en virtud de un acto administrativo de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el año 2018.