Presunción simplemente legal.
Tribunal Constitucional declaró inaplicable norma de la Ley General de Pesca que establece una presunción de haberse cometido una infracción con la sola presentación de la denuncia por parte de funcionarios.
La presunción administrativa que da por acreditada la comisión de una contravención infringe el derecho a un procedimiento justo y racional, y limita el derecho a la defensa.

El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 125 de la Ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, que dispone que los funcionarios del Servicio y personal de la Armada y de Carabineros que sorprendan infracciones de las normas de esa ley o sus reglamentos deberán denunciarlas al Juzgado y citar personalmente al inculpado. Luego, el precepto señala que “La denuncia así formulada, constituirá presunción de haberse cometido la infracción”.
El requerimiento incide en un juicio seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano en que se condenó a la recurrente al pago de la multa ascendente a 810,25 UTM por exceder la cuota anual de pesca. El requirente interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, el que se encuentra pendiente de resolver por la Corte de Apelaciones de Concepción.
La requirente alegó que la infracción se fundó en la mera presunción de haberse cometido la infracción. Al respecto, señaló que el precepto impone dos obligaciones a los funcionarios, a saber, denunciar la infracción al Tribunal, y citar al inculpado por medio de una nota que indique la ley o reglamento infringido y el lugar o área aproximada en que la infracción se hubiere cometido, señalando que la persona comparezca a la audiencia más próxima, indicando día y hora. Asimismo, refiere que el funcionario tiene como fecha límite para el ingreso de la nota el mismo día de la audiencia. Expresa que sólo tomó conocimientos de los hechos que sostienen la denuncia en el momento de la audiencia, lo que habría vulnerado su derecho al debido proceso. Ello, puesto que, los hechos denunciados no habrían sido objeto de una investigación ni de un procedimiento racional ni justo, lo que, aduce, infringe lo dispuesto en el artículo 19 Nº3.
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