La Comisión Mixta que evaluaba el proyecto que hacía obligatorio el kínder rechazó las partes centrales del texto, luego de tres años de tramitación.

En junio pasado, la instancia decidió eliminar de la iniciativa todo lo relativo a la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia como requisito para ingresar a primero básico y, aunque se mantuvieron algunos artículos transitorios, la idea central del proyecto no prosperó.

A pesar de ello, el gobierno decidió enviar un veto aditivo, para reponer las ideas matrices del proyecto, según señaló el ministro de Educación, Raúl Figueroa. El secretario de Estado afirmó que «la educación parvularia es un eje central de la agenda de educación del gobierno y, en ese sentido, concretar la obligatoriedad del kínder es una prioridad, fundamentalmente, porque abordar la educación parvularia es la mejor manera para evitar que se generen las brechas de aprendizaje que hoy día existen en nuestro país. Por lo tanto, todo el esfuerzo de la política educativa debiese centrarse en este nivel».

Además de reponer los artículos rechazados, el Ejecutivo incrementará al doble los recursos considerados en la iniciativa. Es decir, al fondo inicial de $2.000 millones para infraestructura se agregan otros $2.000 millones, con el fin de «incentivar aún más las acciones que releven los objetivos y particularidades del nivel de educación parvularia».

Figueroa señaló que, ante las críticas que había recibido el texto respecto de propiciar la escolarización temprana, los recursos adicionales apuntan a «asegurar que la educación parvularia tenga un carácter diferenciador respecto del mundo escolar», con la implementación de las estrategias de transición adecuadas para promover el aprendizaje mediante experiencias significativas a través del juego, descubrimiento y alfabetización emocional y creatividad, entre otras.

En ese sentido, agregó que «concretar la reforma constitucional para que el kinder sea obligatorio lo que hace es, primero, cumplir compromisos internacionales de Chile que apuntan a tener, al menos, un nivel de educación parvularia obligatoria. Segundo, dar una señal muy clara a toda la comunidad de la importancia de este nivel y, por esa vía, asegurar que la acción del Estado va a estar siempre en generar las mejores condiciones para la educación parvularia y que los apoderados no dejen pasar la oportunidad de que sus hijos tengan una formación integral a temprana edad».

Según recalcan desde el gobierno, la reforma constitucional que estableció el kínder obligatorio, y que presentó el Presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno, establece la necesidad de promulgar una ley que regule su implementación.

Ese punto fue refutado por el senador Carlos Montes, quien integró la mixta a mediados de junio, cuando dijo que «hace once años se aprobó en la Constitución que el kínder sería obligatorio y, desde esa fecha, el Estado ha dispuesto políticas con ese fin, y hoy tenemos matriculados en kínder entre 93 y 97% de los niños, entonces es prácticamente obligatorio porque están todos adentro. Este proyecto es solo una tozudez del gobierno».

Los detractores de la iniciativa destacaban que, sobre todo en regiones, había zonas en que resultaba muy complejo llevar a los niños a las escuelas -por la distancia o por complejidades climáticas o geográficas-, asunto que, en opinión del oficialismo, era abordado con el fondo de $2.000 millones contemplado para infraestructura. No obstante, en el propio gobierno destacan que la cobertura en la educación parvularia está prácticamente asegurada en su totalidad.

Distintas voces de Chile Vamos y La Moneda acusaron que la oposición buscó asestar un golpe al gobierno, en particular al titular de Educación, con quien habían mantenido una tensa relación, sobre todo producto de la insistencia del ministro para que los establecimientos educacionales reabrieran pese a la pandemia.

Algunos parlamentarios subrayan que, en paralelo al rechazo del proyecto, la oposición discutía la posibilidad de acusar constitucionalmente al secretario de Estado, lo que finalmente se concretó 15 días después de la votación en la mixta.

El oficialismo destaca que la obligatoriedad del kínder había sido aprobada por unanimidad en su primer trámite en la Cámara de Diputados y ha contado con amplio respaldo de expertos y organizaciones, que han defendido la medida como mecanismo para evitar las brechas educativas.

Sobre el veto

El veto presidencial es una herramienta legislativa que tiene el Mandatario para, una vez que el Parlamento culmina la tramitación de un proyecto, hacerle observaciones o modificaciones, exigiendo nuevamente la discusión legislativa sobre la materia.

Para ello, el veto debe ingresar por la Cámara de origen -en este caso, la de Diputados- y ser aprobado por ambas cámaras por mayoría simple, pudiendo así convertirse en ley en la forma en que el propio Mandatario observó.