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Imagen: futuro.cl
No se alcanzaron los 29 votos.

Acusación contra presidente Piñera: Senado no reúne el quórum requerido para aprobarla.

Durante siete horas de debate, los parlamentarios justificaron su votación aseverando o desestimando los argumentos sobre si infringió la Constitución y las leyes, y si comprometió gravemente el honor de la nación. Hubo votación dividida respecto de los dos capítulos.

16 de noviembre de 2021

Por no alcanzar los 29 votos requeridos para su aprobación,  la Sala del Senado rechazó la acusación constitucional interpuesta en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera. El primer capítulo referido a que el Mandatario habría infringido la Constitución y las leyes, contó con 24 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención, mientras que el segundo capítulo relativo a haber comprometido gravemente el honor de la nación, obtuvo 22 votos a favor, 20 en contra y 1 abstención.

La jornada comenzó temprano con la relación del secretario del Senado, la presentación de argumentos de parte de los diputados acusadores y de la defensa. Luego se realizó la réplica y dúplica de ambas partes.

Pasada las tres de la tarde, cada uno de los senadores comenzó a fundamentar sus voto, sin embargo, los congresistas Carmen Gloria Aravena, Jorge Soria, Juan Pablo Letelier, Juan Castro, Kenneth Pugh, Ena Von Baer, Jacqueline Van Rysselberghe, Alejandro García Huidobro y Ricardo Lagos Weber solo registraron su votación sin argumentar.

Quienes votaron a favor hicieron suyas las acusaciones, relevando conceptos como falta a la probidad, conflictos de interés, elusión y evasión de impuestos, y daño a la imagen del país; mientras aquellos que lo hicieron en contra mencionaron la existencia de una animadversión contra la figura del Primer Mandatario, las pruebas inconsistentes y condenaron la utilización político-electoral de esta acusación.

El senador Iván Moreira sostuvo que “detrás de todo esto hay un acomodo político-electoral para una acusación que pretende dar réditos a la oposición, con un Presidente que no goza de popularidad y que se ha visto envuelto en acusaciones que tienen un trasfondo político (…) Es un pésimo precedente y no le veo fundamentos”.

Luego, el legislador Alejandro Guillier dijo que “es legítimo recurrir a estos procedimientos. Generalmente, las acusaciones son parte de un historial y estamos analizando una conducta reiterada del presidente Piñera. No podemos ignorar hechos de extrema gravedad. ¿Qué señal le damos al país si el propio presidente aparece involucrado en hechos reprochables?”.

A continuación, el senador Carlos Bianchi afirmó que “los chilenos conviven a diario con la impunidad y el abuso y este proceso acusatorio nos será la excepción. En mi voto habrá tranquilidad. Hoy es probable que se rechace este libelo pero se ganará en dignidad y respeto ante los ciudadanos”.

Enseguida, el congresista Felipe Kast argumentó que “esta acusación es la última de una larga cadena de iniciativas inadmisibles porque carece de todo fundamento y para convencerse de aquello solo basta analizar el argumento jurídico. Este libelo y los supuestos hechos que se imputan, no cumplen los requisitos pues los actos no corresponden a esta administración”.

Por su parte, el senador José García Ruminot señaló que “los fundamentos de la acusación son torcidamente infundados. Respecto a que habría comprometido el honor de la nación solo quiero recordar que hoy el mundo habla bien de Chile y de la gestión de su gobierno por cómo ha enfrentado la pandemia. Somos un país líder en el apoyo a las familias y pymes según la OCDE”.

Asimismo, el parlamentario David Sandoval explicó que «la acusación se basa en hechos falsos y meras suposiciones. No constituye un ejercicio serio ni responsable de las facultades de fiscalización de los actos de gobierno (…) Resulta improcedente la presentación de una acusación constitucional en base a suposiciones».

También, la senadora Isabel Allende opinó que “tengo la plena convicción que las acusaciones constitucionales deben proceder en situaciones excepcionales sobre todo tratándose de la primera autoridad del país electa democráticamente. Pero nos encontramos frente a un Presidente que ha realizado acciones que pueden implicar un daño ambiental grave torciendo la institución del país para desarrollar negocios en que tiene intereses».

El senador Rabindranath Quinteros enfatizó que «he llegado a la convicción que el señor Presidente es culpable de los cargos formulados por la Cámara Baja. Creo que siguió tomando parte de sus negocios, directa o indirectamente (…) Seguramente el voto oficialista y los altos quórums salvarán al Presidente, pero sí habrá una lección clara para la ciudadanía y un juicio categórico para la historia».

Más tarde, la parlamentaria Adriana Muñoz manifestó que “me he formado la convicción íntima que se ha configurado la causal, por lo que voto favorablemente el primer capítulo. Creo que el Presidente ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales las que se expresan en la decisión de no suscribir el acuerdo de Escazú».

El senador Manuel José Ossandón, arguyó que “la acusación no aporta ningún antecedente que pruebe que el Presidente buscó favorecer a su familia, no hay ningún correo electrónico, ni un mail, ni un chat, ni una declaración…no hay nada (…) Concluir que el presidente Piñera realmente usó su posición para influir a favor de la minera Dominga, no tiene a mi juicio, ningún sustento probatorio».

Además, la congresista Yasna Provoste especificó que “el fondo de la cuestión es la legitimidad del ejercicio del poder ni más ni menos que del Presidente. Mi convicción es que el presidente Piñera no pudo haber inadvertido todo de lo que se le acusa. Lamentablemente ha dañado como nadie la democracia. Afortunadamente queda muy poco de esta administración”.

El senador Carlos Montes dijo que “aunque sea poco probable que la acusación se apruebe, hay que dar una señal. No estuvimos disponibles para operaciones que buscaban terminar con el Gobierno antes de tiempo, por el contrario la responsabilidad democrática primó en nosotros. Sin duda estoy por aprobar ambos capítulos”.

A su turno, el parlamentario José Miguel Durana sostuvo que “acá se trata de acusar a ciegas, la coherencia no importa porque el objetivo es la destitución. La familia del Presidente no vendió el proyecto Dominga, no hubo evasión ni elusión de impuestos. No hay decreto del Gobierno anterior que éste no haya querido firmar. Esta acusación es un franja electoral extendida”.

El senador Guido Girardi refutó que “lo que ha generado esta crisis es uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. El proyecto Dominga siempre ha tenido irregularidades y se cometió un fraude. Nunca hubo de manera expresa el estudio de impacto ambiental incluso cuando el ente técnico lo hizo ver. Voto a favor de ambos capítulos”.

Enseguida, el legislador Jaime Quintana afirmó que “ha habido un daño a la imagen de país. Queda claro que existieron decisiones y omisiones entre el 2010 y 2011 que no protegieron esa reserva ambiental. Se nos dice que el Presidente no sabía de los negocios en las Islas Vírgenes. Todos sabíamos que este no iba a ser un buen gobierno, pero nunca pensamos que sería tan desastroso”.

El senador Claudio Alvarado dijo que “esta es una acusación ilegítima basada en hechos ya investigados por la autoridad competente. Violenta la voluntad soberana de la ciudadanía, la cual se manifestó en diciembre de 2017 eligiendo al Presidente Sebastián Piñera para gobernar al país hasta el 11 de marzo de 2022”.

Luego, el congresista José Miguel Insulza preguntó «¿Alguien puede afirmar en este Senado, que le cabe alguna duda de que el Presidente Piñera conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo con hechos que le atañen y que son de su propiedad que tiene que ver con los negocios que él hace?…es muy poco creíble «.

A su turno, el senador Rodrigo Galilea opinó que “aquí las teorías conspirativas se apropiaron de la mente y del espíritu de los acusadores y lamentablemente de buena parte de los senadores. Así como hay algunos que creen que nunca el hombre llegó a la luna acá estamos ante una situación casi igual: se toman datos reales para construir una historia completamente falsa».

La senadora Carolina Goic argumentó que «ni lo gravísimo, ni la prescripción son sólidas defensas ante el Senado, podría serlo en un juicio penal, pero aquí no…Hubiera deseado como país nunca llegar a este punto, soy respetuosa de la dignidad de cargo del Presidente de la República, pero eso no me puede inhibir de actuar con responsabilidad».

Enseguida, la parlamentaria Marcela Sabat arguyó que “detrás de este proceso se esconden múltiples maniobras políticas. Esta es una herramienta política mal utilizada y sin fundamentos jurídicos.  No está solamente en juego la reputación de Sebastián Piñera…acá está en juego una forma de concebir la democracia que no tiene nombre ni apellido».

La senadora Ximena Órdenes dijo que “una cosa es un contrato entre privados pero vemos que hubo conflicto de interés porque los hechos se enmarcan en la institucionalidad presidencial. La no suscripción del acuerdo de Escazú, no tuvo argumentos de fondo dejando perplejos al mundo académico y diplomático. Los actos nos han llevado a hacer uso de esta herramienta acusatoria”.

Luego, el congresista Juan Ignacio Latorre señaló que “ahora con los Pandora Papers hemos conocido más situaciones particulares en que ha participado el Presidente, el que tiene un verdadero historial. Tras la venta de la minera se han constatado más antecedentes que dan cuenta de un trato privilegiado a este proyecto. Esto vulnera el principio de probidad”.

A continuación, el senador Alfonso De Urresti dijo que “estamos en un juicio político. Se le imputan actos que facilitaron la viabilidad del proyecto Dominga, hablamos de una venta secreta en paraísos fiscales. Disentimiento de Barrancones favoreció a la minera. El principio de probidad queda claramente en entredicho”.

El senador Pedro Araya sostuvo que “en este tiempo de confusión, el país enfrenta un proceso constitucional. Vivimos un momento histórico, ese es el contexto de esta acusación. Podemos reflexionar sobre la prudencia de los personeros políticos y el compromiso democrático de éstos”.

Más tarde, la parlamentaria Luz Ebensperger señaló que “basta una primera lectura del escrito de los acusadores, para constatar la debilidad de la presentación. Acá se abre una caja de pandora insospechada con las acusaciones constitucionales sucesivas. Me sorprenden algunas afirmaciones escuchadas hoy como que no se debe probar nada, que da lo mismo la ley o que corresponde cuestionar una decisión exclusiva del presidente”.

Según el senador Francisco Chahuán «resulta obvio que esta acusación tiene un afán meramente electoral, porque quienes la presentaron lo hicieron para que se votara justo antes de la elección. El Presidente no ha desarrollado actos de administración durante su gobierno, que hagan procedente el juicio político que se ha pretendido impulsar en su contra».

La congresista Loreto Carvajal inquirió que «hoy actuamos como jurado y tenemos la oportunidad histórica de hablarle de frente al país, de decirle que la institucionalidad sí  funciona, de demostrar cuál es el parámetro de lo aceptable. Piñera no merece seguir siendo el Presidente de los chilenos y chilenas».

También, el senador Francisco Huenchumilla  opinó que «hay límites que un jefe de Estado no puede sobrepasar. El Presidente cometió una imprudencia al firmar un contrato con su familia, con sus amigos, donde puso una condición que, al volver a ser jefe de Estado, sigue latente. En cuanto al primer capítulo, creo que ha infringido la normativa constitucional. Respecto del segundo capítulo, voto en contra».

El senador José Antonio Coloma recordó que «esta es la décima acusación constitucional que se hace durante este gobierno. Hay un abuso de la norma. Lamento que los diputados acusadores hayan dado el paso para romper la barrera que es la última excepción que una nación debe tener para generar una medida de esta naturaleza».

El congresista Álvaro Elizalde recordó que «todo comenzó el 2010 y las consecuencias se arrastran hasta ahora. Hablamos de las distintas etapas que dio sortear el proyecto Dominga y como la influencia del Presidente marcó la diferencia. Nosotros actuamos como jurado en función de los antecedentes que nos presentaron, por eso creo que corresponde aprobar ambos capítulos”.

Asimismo, el senador Alejandro Navarro arguyó que “Piñera aún más queda en la más amplia impunidad. El resultado era predecible, se perdió la acusación porque se necesitaban 29 votos que no estaban. A partir de marzo de 2022, tenemos 6 meses para volver a acusarlo. Qué necesidad tiene este señor de seguir haciendo negocios, hay una continencia crónica…”.

El senador Jorge Pizarro dijo que “desde el punto de vista ciudadano, sería bueno recordar por qué estamos acá: los famosos Pandora Papers, una investigación que dejaba al descubierto cómo personalidades evadían impuestos. Ahí aparecía el Presidente. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Esto no puede pasar desapercibido”.

Por último, la parlamentaria Ximena Rincón afirmó que “hoy se discutía esta acusación a cuatro meses del término de este gobierno. Estamos por la publicación de los Pandora Papers pero podría no haber pasado nada con ello. He decidido seguir la línea argumental de mi colega Huenchumilla, a favor del primero y en contra del segundo capítulo”.

 

 

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