Muchos periodistas se ven acosados para evitar que salgan a la luz determinado asuntos de interés público. Situación puesta de manifiesto desde hace mucho tiempo y de la que se ha hecho cargo la Comisión Europea, al tomar medidas para mejorar la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos frente a los litigios abusivos.
Las demandas mordaza o demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) son una forma especial de acoso que se utiliza principalmente contra periodistas y defensores de los derechos humanos para penalizarlos o evitar que hablen sobre cuestiones de interés público.
La Directiva propuesta se refiere a las demandas mordaza en asuntos civiles con repercusiones transfronterizasy permitirá a los jueces desestimar rápidamente las demandas manifiestamente infundadas contra este colectivo.
También establece varias garantías procesales y vías de recurso, por ejemplo, en materia de indemnización por daños y perjuicios, así como sanciones disuasorias por la interposición de demandas abusivas.
Recomendación a estados miembros
La Comisión Europea también ha adoptado una Recomendación complementaria para animar a los Estados miembros a ajustar sus normas a la legislación de la UE propuesta también en lo relativo a los asuntos nacionales y en todos los procedimientos, no solo en los asuntos civiles. La Recomendación también reclama a los Estados miembros que adopten otras medidas, por ejemplo, en materia de formación y concienciación, para luchar contra las SLAPP.
La Directiva proporciona a los órganos jurisdiccionales y a las víctimas de las demandas mordaza las herramientas necesarias para hacer frente a los litigios manifiestamente infundados o abusivos. Se espera que las salvaguardas beneficien, en particular, a periodistas y personas u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales y otros derechos, tales como los derechos medioambientales y climáticos, los derechos de la mujer, los derechos de las personas LGBTIQ, los derechos de las personas de origen racial o étnico minoritario, los derechos laborales o las libertades religiosas, aunque estarán protegidas todas las personas relacionadas con la participación pública en asuntos de interés general.
Las salvaguardas se han centrado en garantizar el equilibrio entre el acceso a la justicia y los derechos a la privacidad, por un lado, y la protección de la libertad de expresión y de información, por otro. Los elementos principales de la propuesta son los siguientes:
Los órganos jurisdiccionales podrán archivar sin más trámite el procedimiento cuando un asunto sea manifiestamente infundado. En tal situación, la carga de la prueba recaerá en el demandante, que habrá de demostrar que el asunto no es manifiestamente infundado.
Recaerán sobre el demandante todas las costas, incluidos los honorarios de los abogados del demandado, en caso de desestimación de un asunto por abusivo.
Las víctimas de SLAPP tendrán derecho a reclamar y obtener una indemnización completa por los daños materiales y morales.
Sanciones disuasorias para evitar que los demandantes entablen litigios abusivos, los órganos jurisdiccionales podrán imponer sanciones disuasorias a quienes interpongan ante ellos asuntos de esa clase.
Los Estados miembros deben denegar el reconocimiento de una resolución judicial procedente de un tercer país contra una persona domiciliada en un Estado miembro si el procedimiento se considera manifiestamente infundado o abusivo con arreglo al Derecho de ese Estado miembro. La parte perjudicada también podrá solicitar una indemnización por los daños y perjuicios y las costas en el Estado miembro en el que esté domiciliada.
La Recomendación de la Comisión, adoptada a la vez que la propuesta de Directiva, anima a los Estados miembros a velar por que se adopten las medidas siguientes:
– Los marcos jurídicos nacionales deben ofrecer las salvaguardias necesarias, similares a las de la UE, para luchar contra las SLAPP nacionales, incluidas las garantías procesales que supone una desestimación temprana de litigios manifiestamente infundados. Los Estados miembros también tienen que velar por que sus normas aplicables a las calumnias, que es uno de los motivos más comunes para interponer SLAPP, no tengan un efecto injustificado en la libertad de expresión, en la existencia de un entorno para los medios de comunicación abierto, libre y plural, y en la participación pública.
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– Debe ofrecerse formación a los profesionales del Derecho y a las posibles víctimas de demandas mordaza a fin de mejorar sus conocimientos y capacidades para poder afrontar eficazmente esta clase de litigios. La Red Europea de Formación Judicial (REFJ) intervendrá al efecto de garantizar la coordinación y la difusión de la información en todos los Estados miembros;
– Se deben organizar campañas de concienciación e información para que los periodistas y los defensores de los derechos humanos reconozcan cuando se están enfrentando a una demanda mordaza.
– Las víctimas de demandas mordaza deben poder acogerse a una asistencia individual e independiente, por ejemplo, la ofrecida por los estudios de abogados que defiendan pro bono a víctimas de SLAPP.
– Los datos agregados recogidos a nivel nacional sobre procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos contra la participación pública deberán notificarse a la Comisión cada año a partir de 2023.
Cabe señalar que la propuesta de Directiva deberá ser negociada y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de que pueda convertirse en Derecho de la UE. La Recomendación de la Comisión es de aplicación directa. Los Estados miembros tendrán que informar a la Comisión sobre su aplicación dieciocho meses después de la adopción de la Recomendación.