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Imagen: rvl.uv.cl
"Acoso para penalizarlos o evitar que hablen sobre cuestiones de interés público".

UE propone una Directiva para proteger a los periodistas contra las demandas mordaza.

La normativa permitiría a los jueces desestimar rápidamente las demandas infundadas, así como establecer sanciones disuasorias.

22 de mayo de 2022

Muchos periodistas se ven acosados para evitar que salgan a la luz determinado asuntos de interés público. Situación puesta de manifiesto desde hace mucho tiempo y de la que se ha hecho cargo la Comisión Europea, al tomar medidas para mejorar la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos frente a los litigios abusivos.

Las demandas mordaza o demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) son una forma especial de acoso que se utiliza principalmente contra periodistas y defensores de los derechos humanos para penalizarlos o evitar que hablen sobre cuestiones de interés público.

La Directiva propuesta se refiere a las demandas mordaza en asuntos civiles con repercusiones transfronterizasy permitirá a los jueces desestimar rápidamente las demandas manifiestamente infundadas contra este colectivo.

También establece varias garantías procesales y vías de recurso, por ejemplo, en materia de indemnización por daños y perjuicios, así como sanciones disuasorias por la interposición de demandas abusivas.

Recomendación a estados miembros

La Comisión Europea también ha adoptado una Recomendación complementaria para animar a los Estados miembros a ajustar sus normas a la legislación de la UE propuesta también en lo relativo a los asuntos nacionales y en todos los procedimientos, no solo en los asuntos civiles. La Recomendación también reclama a los Estados miembros que adopten otras medidas, por ejemplo, en materia de formación y concienciación, para luchar contra las SLAPP.

La Directiva proporciona a los órganos jurisdiccionales y a las víctimas de las demandas mordaza las herramientas necesarias para hacer frente a los litigios manifiestamente infundados o abusivos. Se espera que las salvaguardas beneficien, en particular, a periodistas y personas u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales y otros derechos, tales como los derechos medioambientales y climáticos, los derechos de la mujer, los derechos de las personas LGBTIQ, los derechos de las personas de origen racial o étnico minoritario, los derechos laborales o las libertades religiosas, aunque estarán protegidas todas las personas relacionadas con la participación pública en asuntos de interés general.

Las salvaguardas se han centrado en garantizar el equilibrio entre el acceso a la justicia y los derechos a la privacidad, por un lado, y la protección de la libertad de expresión y de información, por otro. Los elementos principales de la propuesta son los siguientes:

Los órganos jurisdiccionales podrán archivar sin más trámite el procedimiento cuando un asunto sea manifiestamente infundado. En tal situación, la carga de la prueba recaerá en el demandante, que habrá de demostrar que el asunto no es manifiestamente infundado.

Recaerán sobre el demandante todas las costas, incluidos los honorarios de los abogados del demandado, en caso de desestimación de un asunto por abusivo.

Las víctimas de SLAPP tendrán derecho a reclamar y obtener una indemnización completa por los daños materiales y morales.

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