Registro de Vehículos Motorizados.
No procede el cobro de TAG a propietario de vehículo que transita por vías concesionadas si el Ministerio Público ofició al Registro Civil e Identificación para cancelar la patente.
Es arbitrario el cobro pretendido de deudas devengadas con posterioridad al oficio enviado por la Fiscalía al Registro Civil e Identificación para cancelar la patente del vehículo, por lo que no le resultan imputables las demoras o descoordinaciones entre los organismos públicos involucrados.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de San Miguel, y acogió el recurso de protección interpuesto por Transportes Ñielol SpA en contra de la Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A., y resuelve que debe abstenerse de cobrar las sumas devengadas por tránsitos e infracciones al actor con posterioridad al 13 de julio del año 2020.
La recurrente explica que trasladó su camioneta en noviembre del 2015 a un taller mecánico ubicado en la comuna de Temuco, establecimiento que dejó de funcionar el año 2016 –lo que hizo inubicable su vehículo-, por lo que presentó una denuncia ante Carabineros por el delito de apropiación indebida el 6 de diciembre del 2019, la que dio inicio a una investigación de la Fiscalía Local de Temuco, que el 13 de julio del 2020 envío un oficio al Registro Civil e Identificación, con el objeto de cancelar la inscripción del vehículo, porque según la investigación efectuada, la camioneta corresponde actualmente a una chatarra.
Agrega que a pesar de la baja de su camioneta en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, la Concesionaria Autopista Central le envía cobros bajo la denominación de “paso por los pórticos” por un monto que asciende a $1.263.093.-, sin que haya transitado por las pistas cuya administración corresponde a la recurrida, toda vez que su vehículo figura como una chatarra, por lo que el actuar de la autopista es indebido y contrario a los derechos consagrados en los numerales N°4, N°21 y N°24 del artículo 19 que le asegura la Constitución..
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