El Gobierno suizo se ha negado a acceder a una iniciativa popular con 120.000 firmas que solicitaba someter a referéndum, una práctica muy habitual en el país, la compra de una serie de cazas militares F-35 que pretende el Ejecutivo.
En 2014, los ciudadanos suizos ya rechazaron en un referéndum la compra prevista entonces de 22 aeronaves Gripen por cerca de 3.500 millones de dólares. Debido a este resultado en las urnas, a mediados de 2016 se encargó a un grupo de expertos un informe de recomendaciones para buscar una nueva solución para la defensa aérea del país.
El informe planteó cuatro opciones, cada una con un distinto grado de desarrollo, y describía sus ventajas y desventajas.
La opción que resultó elegida deparó la compra de 40 cazas por 6.000 millones de francos suizos (6.200 millones de euros al cambio actual) y de una nueva red de defensa aérea por otros 3.000.
Esta decisión también se sometió a referéndum en 2020, y en él la población suiza aprobó la compra por escaso margen. Casi un año después, el Gobierno optó por el modelo F-35 frente al Eurofighter, el Rafale y el Boeing F/A-18 Super Hornet.
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Sin embargo, el pasado 23 de agosto, los opositores a esta operación presentaron las 120.000 firmas para tratar de convocar un nuevo referéndum en marzo de 2023, que podría frustrar la operación. Sin embargo, en este caso el Consejo Federal ha rechazado seguir dilatando el proceso. Por una parte, para evitar las subidas de precios que conllevaría la inflación; por otra, porque otros países como Finlandia, Alemania y Canadá han pedido F-35 a la empresa fabricante, Lockheed Martin, y Suiza podría tener que ponerse a la cola.
Por todo ello, el Consejo Federal ha comunicado al Parlamento que demorar más la adquisición “tendría graves consecuencias para la política de seguridad” y que “a partir de 2030, la población dejaría de estar protegida contra amenazas y peligros aéreos”.