Avanza el trámite del proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros.
La iniciativa será votada este martes 13 de septiembre en la Comisión de Hacienda y vista por la Sala de la Cámara el miércoles 14. El texto busca resolver el problema de déficit de financiamiento para mejoras en regiones y operaciones en el sistema metropolitano.
En concreto, pretende incrementar el monto del subsidio permanente en $42.010 millones para el año 2022, $244.184 millones para el año 2023 y $320.327 millones para el año 2024.
Dichos recursos se pretenden repartir de forma equitativa entre el sistema Red de Santiago y el transporte público en regiones.
Desde el Ejecutivo señalaron que, este año, se termina la vigencia del aporte especial y el aporte especial adicional. Por esta razón, el proyecto prorroga la vigencia de los montos dispuestos en la Ley 20.378, que crea un subsidio de transporte público, desde el año 2022 hasta el 2024.
Agregaron, también, que hoy existe un marco regulatorio y financiero insuficiente en regiones. Algo que provoca un vacío respecto a las herramientas contractuales, para asegurar la continuidad del servicio en caso de términos anticipados de los contratos con operaciones.
Desde la Comisión de Hacienda solicitaron al Gobierno enviar un proyecto de ley, después de los 12 meses siguientes a la publicación de esta norma, que establezca un nuevo sistema nacional de transporte público. Algo que fue argumentado y respaldado por el diputado Carlos Bianchi.
A dicha petición, el ministro de Transportes resaltó que existe un compromiso del Gobierno en esta materia. “Hemos sido explícitos en querer abordar, en una ley larga, todo sobre el transporte público (…) El compromiso es, de aquí a diciembre, comenzar”, acotó el secretario de Estado.
Audiencias
La comisión escuchó a Cristián García, representante de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, quien llamó a revisar la estructura de la ley.
García señaló que existe una diferencia en recursos que no se han entregado a las regiones. Por ello, no sería posible “ocupar como excusa” que la propuesta mejora la posición de los gobiernos regionales.
Por otra parte, Mario Pinto, presidente de la Unión de Conductores de Taxis, pidió incluir en el proyecto de ley un porcentaje de financiamiento que vaya en ayuda directa a los conductores.
Asimismo, se refirió a la importancia de tener un registro nacional de conductores, como una forma de hacer aplicables políticas públicas en beneficio del gremio.
Luis Núñez, en representación de la Coordinadora del Transporte Público de Chile, dijo ver cifras millonarias para mejorar el transporte público, pero no mejoras en infraestructura. “Aquí la crisis es por las precarias condiciones laborales de los conductores”, indicó.
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En tanto, desde el Sindicato de Taxis Independientes de Santiago, Claudio Morales, solicitó al Gobierno incluir al gremio de taxis en la actual normativa en trámite.
Finalmente, el presidente de la Confederación de Taxis Independientes de Santiago, Eduardo Castillo, reiteró que es de vital importancia la inclusión del taxi colectivo en el transporte público.
“Debe existir una igualdad de trato (…) Reconocemos que, con la ayuda del Parlamento, durante la crisis sanitaria, logramos los bonos que nos ayudaron a mitigar parte de las problemáticas. Sin embargo, a la fecha, la actividad opera con 50% de la flota; los pasajeros han disminuido; y tenemos constantes alzas en combustibles”, remató.
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