“Tía Rica” deberá proporcionar información sobre remates de vehículos que ha efectuado durante el último decenio, decide el CPLT.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) acogió el amparo de acceso a la información deducido en contra de la Dirección General de Crédito Prendario (“Tía Rica”) y le ordeno entregar información relativa a los vehículos que ha subastado a lo largo del país durante la última década.

Esta decisión se adoptó luego de que la Dirección conocida coloquialmente como la “Tía Rica” no proporcionara al peticionario los antecedentes sobre vehículos que ha subastado durante los últimos 10 años (datos vinculados a la fecha de remates; tipos de vehículos rematados; número de patente de los automóviles; marca, modelo, año, colores, estado, número de motor y chasis de los autos subastados), los cuales el requirente solicitó para efectuar un estudio relacionado a la toma de decisiones correctas al momento de comprar un automóvil y evitar con esto los delitos de clonación. La Dirección fundamentó su decisión en la concurrencia de la causal de reserva de distración indebida prevista en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, pues a pesar que se encuentra trabajando en la recopilación de la información requerida, actualmente no existe un registro único que consolide los datos peticionados.

El requirente interpuso amparo de acceso a la información ante la falta de respuesta de la Dirección (fundado que en el año 2019 este servicio le entrego documentos idénticos a los solicitados). El amparo fue acogido a trámite por el CPLT que confirió traslado al servicio requerido, que reiteró en los descargos sus alegaciones anteriores, agregando que para la obtención de los antecedentes requeridos se necesita realizar una búsqueda aproximada de a lo menos 60 remates, al considerar que se desarrollan unas 15 subastas anuales, y que requeriría destinar a 19 de sus funcionarios a nivel nacional en la confección del documento peticionado, lo que implicaría un alto impacto en la gestión y atención diaria de la Dirección General de Crédito Prendario y una excesiva utilización de tiempo y recurso humano.