La Corte Suprema acogió el recurso de reclamación de empresas constructoras y le ordenó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) proceder a tramitar la petición de dictar instrucciones generales para el mercado de obras públicas licitadas por los municipios del país.
El fallo señala que en las anotadas condiciones aparece con nitidez que el ejercicio de la potestad en examen no puede quedar restringido, exclusivamente, a la regulación de la actividad que, en un mercado relevante, llevan a cabo los privados, esto es, las personas, empresas e instituciones distintas y opuestas a los organismos dependientes del Estado, desde que, como ya se dijo, el mandato constitucional de igualdad, tanto ante la ley, como en el trato que el Estado debe dispensar en materia económica, impide restringir, en los señalados términos, el ámbito de aplicación de las instrucciones en examen.
La resolución agrega que, tanto en el texto de la Ley N° 19.911, que entró en vigencia en febrero del año 2004, como en el del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, que fuera publicado en el Diario Oficial de 7 de marzo de 2005, se contenía una disposición idéntica a la que regula la potestad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que se examina en estos autos.
Añade que, el texto del actual N° 3 del artículo 18 de la ley en comento se encuentra reproducido, en los mismos términos, en el artículo 17 C de la Ley N° 19.911 y en el N° 3 del artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005.
Por otra parte, cabe subrayar que con fecha 8 de junio de 2006, esto es, cuando se hallaba plenamente vigente el precepto que otorga al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la potestad de dictar instrucciones generales, dicho tribunal dictó las denominadas ‘Instrucciones generales a que deben someterse los agentes económicos que participen en el mercado de servicios de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios’, las que eran plenamente aplicables a las Municipalidades, tal como se desprende de su numeral I.-, que contiene las ‘Instrucciones a las Municipalidades respecto de las Bases de Licitación de Servicios de Recolección, Transporte y Disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios, que deben elaborarse en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 18.695’.
Para la Corte Suprema, resulta evidente que, pese a lo argüido por los magistrados del fondo al decidir la inadmisibilidad de la solicitud de autos, es lo cierto que dieciséis años atrás ese mismo tribunal ejerció la potestad de que se trata respecto de un mercado relevante específico, dictando instrucciones de carácter general que, explícitamente, se decidió que serían aplicables a entes públicos, específicamente, a las Municipalidades del país, resolución que fue modificada recién el 21 de marzo de 2013.
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El fallo concluye que en estas condiciones aparece, cuando menos, contradictorio el argumento esgrimido por los juzgadores para desechar la petición materia de autos, puesto que, como resulta evidente, no es admisible que un mismo órgano jurisdiccional decida, en un caso, aplicar a ciertos entes estatales un conjunto de disposiciones dictadas en ejercicio de la potestad en comento, mientras que, en otro caso posterior, resuelva, en sentido contrapuesto, negarse a examinar siquiera la procedencia de poner en ejecución idéntica facultad basado en que, de resolver lo pedido de manera positiva, las instrucciones resultantes se habrían de aplicar a los mismos órganos públicos mencionados, soslayando que por casi siete años estos debieron someter su actuación a un conjunto de normas de este origen
Por tanto, se resuelve que se acoge el recurso de reclamación deducido por Constructora LN Spa y Constructora Cristi Limitada en contra de la resolución, pronunciada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y, en su lugar, se declara que se admite a tramitación la solicitud planteada por las citadas compañías en conformidad a lo establecido en el N° 3 del artículo 18 del Decreto Ley N° 211.
Resolución dictada por la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus.