Las declaraciones del Fiscal se realizaron como respuesta a un comunicado realizado por el gobierno venezolano, en el que cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía y acusó una instrumentalización de la justicia con fines políticos. Previamente, la Corte había ordenado la prosecución de la investigación tras desestimar los alegatos del régimen.

En su informe manifiestan que el régimen ha llevado a cabo una represión “generalizada y sistemática, por motivos políticos”, utilizando para ello todo el aparato represor de su régimen. Para lograr la consecución de sus fines, Ortega ha instrumentalizado las instituciones de los tres poderes del Estado.

La sentencia apelada articula de manera clara las consideraciones relevantes que informaron su ejercicio de discreción al imponer la sentencia conjunta de 25 años de prisión.

Las víctimas no han tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista y preocupaciones en los procedimientos judiciales ante la Corte. Los procedimientos de confirmación en ausencia de Kony les darían esa oportunidad, que puede utilizarse para dejar en claro la naturaleza limitada y el propósito de la investigación de la Sala, no como un fin en sí mismo, sino como un paso más hacia la rendición de cuentas de un sospechoso que ha estado prófugo por más de 17 años.

Existen bases razonables para creer que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (miembros de los “colectivos”) cometieron como encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución sistemática contra disidentes por motivos políticos.

Mahamat Nouradine Adam habría facilitado instalaciones gubernamentales a la facción armada Seleka, para cometer crímenes contra la población partidaria del ex presidente Bozizé.

Durante el examen de las objeciones preliminares presentadas por Myanmar, se estimó que la Corte posee jurisdicción sobre la base del artículo IX de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Los argumentos del Juzgado de Instrucción y la Audiencia Provincial se acomodan al canon constitucional de la atipicidad de las conductas denuncias, la prescripción de los posibles delitos entonces sancionados y la validez de la Ley de Amnistía.

Existen antecedentes suficientes que indican la existencia de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil como consecuencia de una política del Estado, en el sentido de los artículos 7.1 y 2.a del Estatuto de Roma.

No existe un actuar ilegal y/o arbitrario por la autoridad, ya que se ajustó a lo previsto por la Ley 19.856 y los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.