Corresponde al actor acreditar las ilegalidades y arbitrariedades en que habría incurrido la entidad licitante.

El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación interpuesta por The Pegasus Group Company S.A. en contra de la Subsecretaría de Salud Pública por la dictación de la Resolución que “Aprueba Intención de Compra para la Contratación de Licencias de Software SAS o su Equivalente y Contratación de Servicios Asociados para su Instalación y Configuración”, en la que se establecieron los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas que la regularon, del Convenio Marco denominado “Hardware, Licencias de Software y Recursos Educacionales Digitales”.

El actor alegó la confusión de la expresión proveedor con oferta, por cuanto no resultaba posible declarar inadmisible al proveedor, sino que a la oferta que este presentaba. El fallo cita el artículo 2 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, el cual define al proveedor como la persona, cual sea la naturaleza y nacionalidad, que puedan proporcionar bienes o servicios a las entidades, y el mismo Reglamento en el Nº 22 define al oferente como el “proveedor que participa en un proceso de compras, presentando una oferta o cotización”, por lo que no es posible advertir dicha confusión ya que ambas expresiones son consistentes y complementarias entre sí.

En cuanto a la “Pauta de Evaluación” de los Términos de Referencia de la Intención de Compra, al referirse a las Licencias SAS, según el actor presentaría irregularidades y aludió a un proceso en el que se habrían dirigido las bases, al señalar “o su equivalente” sería una aparente legalidad.