No corresponde que el Servicio Mejor Niñez persiga la responsabilidad de niños, niñas y adolescentes sujetos de su cuidado, por hechos cometidos en contra de sus funcionarios.

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Servicio Mejor Niñez), solicitó un pronunciamiento a Contraloría sobre los alcances que tendría para el Servicio, la aplicación del artículo 90 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, pues, de conformidad a ese precepto, sus funcionarios tendrían derecho a perseguir la responsabilidad civil y penal de los niños, niñas y adolescentes, que atenten contra la vida o integridad corporal del personal con motivo del desempeño de sus funciones, o que en dicho contexto lo injurien o calumnien en cualquier forma.

Lo anterior, por cuanto estima se produciría un conflicto entre las normas contenidas en ley N° 18.834 y las de la ley N° 21.302, que garantizan la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. El conflicto también se daría con la Convención sobre los Derechos del Niño, la que entiende tendría preeminencia sobre el citado artículo 90.

Agrega que, en tal sentido, sería contraproducente que el mismo Servicio, cuyo objeto es la protección especializada de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su cuidado, sea quien también persiga sus eventuales responsabilidades en el caso expuesto.