La petición, formulada por 64 Diputadas y Diputados, fue aprobada el día lunes en la Sesión de Sala. La solicitud contempla la conformación de una Comisión Investigadora con el fin de reunir antecedentes relativos a actos de Gobierno y acciones realizadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura y todos sus organismos dependientes, relacionados con la prevención, gestión y combate de incendios a lo largo del territorio nacional.
Los Diputados solicitantes exponen que desde el año 2022, la proliferación de incendios forestales ha afectado varias regiones de nuestro país, afectando miles de hectáreas. Añaden que el panorama de los últimos años no resulta muy alentador, pues la superficie afectada en el período 2020-2021 fue del orden de 35.601,8 hectáreas, registrándose, a partir de 2017, un promedio anual de 165.540,4 hectáreas. A lo anterior, se suma que la intencionalidad fue la principal causa de 12.621 siniestros en el período 2017-2021, lo que representa el 40% del total de la superficie consumida.
Consideran que estas cifras dan cuenta de una situación que requiere la mayor atención y prioridad en el proceso de políticas públicas para desalentar los incendios forestales, bajo la premisa de que la eficiencia de cualquier medida dispuesta al efecto debe ser formulada e implementada con un enfoque preventivo que permita fortalecer la capacidad del Estado, identificando eventuales riesgos, amenazas y zonas más susceptibles a la aparición de sinestros, a fin de establecer planes de contingencia y llevar a cabo un control efectivo y oportuno de las situaciones de emergencia.
En esa línea, indican que la gestión del Estado cobra especial relevancia al inicio de los eventos, pues ella incide directamente en la posterior determinación de responsabilidades de los órganos públicos en cuanto al combate de incendios.
Añaden que, si bien la intencionalidad es la principal causa en la mayoría de los casos, lo cierto es que el buen manejo de los recursos materiales y humanos por parte del Estado, con un enfoque preventivo y reactivo, resulta fundamental para disminuir el daño ocasionado en el medio ambiente y los habitantes de las zonas afectadas.
En tal sentido, señalan que cualquier estrategia de carácter público debe considerar medidas concretas que permitan desalentar la acción inescrupulosa de quienes intencionalmente ocasionan un incendio.
También expresan que, dentro del sistema público para el combate de estas emergencias, el rol que desempeña la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es fundamental para evitar la propagación, destacando el compromiso de los brigadistas con el bienestar de la población. Sin embargo, exponen que la cantidad de recursos públicos disponibles es inferior a las herramientas con las que cuenta el sector privado para combatir los siniestros y proteger los terrenos.
En virtud de lo expuesto, ante la expansión y el grave daño asociado a los focos de incendio que se han presentado en la temporada 2022-2023, y considerando la función fiscalizadora propia de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Instancia acordó crear una Comisión Especial Investigadora con el fin de reunir antecedentes relativos a actos de Gobierno y acciones realizadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura y todos sus organismos dependientes, relacionados con la prevención, gestión y combate de incendios a lo largo del territorio nacional, debiendo pronunciarse sobre las actuaciones de los organismos que resulten competentes en la materia y que den cuenta de eventuales irregularidades o deficiencias en la ejecución de recursos materiales y humanos para el manejo de los siniestros.
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La Comisión tendrá un plazo de 90 días para evacuar su informe y para el cumplimiento de su cometido podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional.
Vea la solicitud formulada aquí.