¿Qué ha sucedido en torno a la Comisión Experta esta semana?
Se dio a conocer una cifra que dejó un sabor de boca amargo para los protagonistas del proceso constitucional, específicamente para los expertos, ya que, los resultados semanales de la encuesta Cadem, arrojaron números negativos respecto a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la Comisión. En primer lugar, la confianza en el trabajo de los expertos sufrió una caída de dos puntos porcentuales, llegando a un 35%.
También, las expectativas frente a la nueva Constitución cayeron significativamente, sólo un 20% (-16 ptos) cree que mejorará la confianza en las instituciones, también solo un 20% cree que mejorará su calidad de vida, registrando una baja de 22 puntos, un 16% (-28 ptos) piensa que permitirá resolver la crisis del sistema político y sólo un 15% estima que ayudará a mejorar su situación económica personal y familiar ( -9 ptos).
Por último, hay un dato que puede ser considerado como un poco alentador, ya que el 63% de los encuestados supo que esta semana comenzó el trabajo de los expertos.
A pesar de los resultados negativos de la encuesta, las actividades siguieron su curso. Una de las primeras tareas que tuvo que cumplir la Comisión de Expertos fue elaborar el índice del anteproyecto, para lo que se definió una estructura base, con 13 capítulos (más las disposiciones transitorias). El lunes 13 de marzo se cumplió el plazo para que los comisionados ingresaran indicaciones a ese escrito, las que debían contar con el apoyo de al menos 14 expertos para ser aprobadas.
Sebastián Soto, vicepresidente de la instancia, señaló que “la estructura que se ha presentado es un puntapié inicial, no es una camisa de fuerza. Lo que permite es ordenar la discusión que sigue, pero no define todavía los contenidos, que se empezarán a discutir en las próximas semanas».
Además de los comisionados, que serán los encargados de debatir sobre esta y otras materias, hay varias personalidades públicas que rondan el proceso, entre ellos el exmandatario Sebastián Piñera, quién en entrevista para Canal 13, abordó las diferencias entre las distintas variaciones de la derecha involucradas en el proceso. Al respecto comentó “Chile Vamos tiene una actitud más abierta, más amplia, más inclusiva, de mayor capacidad de diálogo, de mayor capacidad de buscar acuerdos y eso es lo que Chile necesita” en comparación con el Partido Republicano. En relación con estos últimos el otrora Presidente de la República comenta que están conscientes que les provocará una merma electoral importante.
José Antonio Kast salió en respuesta del expresidente, destacando que se equivocó respecto a la visión que tiene respecto de los republicanos. “Se equivoca en la precisión que tiene respecto de lo que nosotros vamos a hacer, como también se equivocó el 15 de noviembre al entregar la Constitución” enfatizó, agregando luego que “Chile Vamos cuestiona mucho sus apariciones, porque claramente asocia la ciudadanía a un gobierno que fracasó”.
En la línea de lo sucedido T13, comparó a ambos partidos. Por un lado, Republicanos apuesta a seguir su “marca”, mientras Chile Vamos busca seguir la línea ciudadana que ocuparon en la campaña del 4 de septiembre pasado.
Durante la misma jornada, se publicó la entrevista a la integrante de la Comisión Experta y presidenta de la subcomisión de Derechos Económicos del órgano, Alejandra Krauss, que habló con la radio Universidad de Chile sobre algunas de sus apreciaciones del proceso constitucional y se refirió al funcionamiento de la subcomisión que preside. En primer lugar, valoró la “apertura al diálogo” que han tenido los 6 integrantes de aquel grupo, además de señalar que el objetivo principal es debatir y zanjar distintos puntos sobre los mecanismos que se implementarán para consagrar la seguridad social.
Respecto a la discusión propiamente tal, la experta designada por la DC indicó que “los textos constitucionales responden a épocas determinadas, a un pensamiento jurídico constitucional de quienes lideran la escritura y al contexto político y social”. En esa línea, aseguró que la Constitución del año 1980 “tiene características bastante conservadoras, responde a un modelo neoliberal en lo económico, valórico, responde a la tradición católica y en materia de derechos sociales va respondiendo de alguna u otra manera a ese pensamiento jurídico constitucional”, por lo que para ella, ese será uno de los principales aspectos a considerar en el debate, aunque confía que existe cierto grado de consenso para incluir derechos sociales y otras materias que se hacen importantes para la ciudadanía.
Por otro lado, Krauss se refirió al debate que se instalará a lo largo del proceso para consagrar un Estado Social y Democrático de Derecho. Al respecto, señaló que si desde la derecha tienen la concepción de que este es compatible con el actual Estado Subsidiario, se “requeriría un debate doctrinario de largos meses”.
Por último, la comisionada se refirió a su principal objetivo, señalando que la misión primordial para la Comisión es que pueda generar “un Estado garante, un Estado protector, que tenga un rol prioritario en la materialización, en la provisión de estos derechos sociales, bienes y servicios y cuando entra el sector privado, que perfectamente lo puede hacer, a lo mejor en distintos grados, de distintas maneras dependiendo del derecho, sea con marcos regulatorios tremendamente claros”.
La jornada del lunes 13 comienza, mientras tanto, con la visita del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez a la Comisión Experta, en el marco de lo que fue su segunda sesión plenaria.
El objetivo de esta instancia era conocer la opinión del Contralor acerca de los aspectos que se deben tener en cuenta en la propuesta de una nueva Constitución.
Una de las solicitudes de Bermúdez fue preservar los pilares centrales de la Contraloría. “Sin ánimo de invadir las competencias propias de esta Comisión Experta, de manera respetuosa y siempre con la intención de colaborar, consideramos que es necesario que la nueva Constitución contenga y refuerce los pilares centrales de la Contraloría, estos son: mantener su carácter unipersonal, robustecer su misión institucional, reconociendo las funciones que efectivamente desempeña; preservar su capacidad técnica y proteger su autonomía especialmente respecto del Poder Ejecutivo, reafirmando su responsabilidad constitucional frente al Congreso Nacional y su sometimiento a la tutela judicial”, dijo Bermúdez.
Además, apuntó a que sería contraproducente que el nuevo texto constitucional regule detalladamente el funcionamiento de la institución que dirige. “No podemos esperar que la Constitución regule los detalles del funcionamiento de la Contraloría General, por el contrario, una regulación constitucional demasiado detallada nos haría correr el riesgo de rigidizar excesivamente un ámbito crucial para la actuación eficaz para la administración del Estado, como lo es el del control externo”, aseguró.
Finalmente, el contralor general entregó propuestas que podría mejorar y modernizar el funcionamiento del organismo. “Nos atrevemos a proponer humildemente que la regulación constitucional en esta materia respecto de la Contraloría deba ser precisa y sin ambigüedades que pudieren propiciar posteriores cuestionamientos a este órgano autónomo de fiscalización. Por eso, parece desaconsejable establecer a nivel constitucional términos poco precisos como el de “evaluación de mérito o de conveniencia”, el que no ha podido ser clarificado por la doctrina ni por la jurisprudencia”, especificó.
Sin embargo, los órganos ya parecen tener claro sus tareas, imponiendo el orden en cada instancia. Es así como en su primera semana de trabajo luego de su instalación, la Comisión Experta ya tiene establecido su cronograma, donde el objetivo será zanjar los principios de funcionamiento de cada subcomisión y establecer el índice de los contenidos para la nueva Constitución. Además, los expertos tuvieron hasta la medianoche del lunes para ingresar las indicaciones a la propuesta de índice realizada por la mesa directiva del órgano, la que será discutida en el pleno del miércoles.
El martes en la mañana sesionó la subcomisión de derechos sociales, culturales y ambientales liderada por Alejandra Krauss (DC). Por la tarde, volvió a funcionar la de principios y derechos civiles. En paralelo, estuvo activa la subcomisión de función jurisdiccional y órganos autónomos.
El miércoles por la tarde se realizará un pleno para lo que fue la primera votación de la Comisión Experta. El objetivo fue dejar definido cuál sería el índice que tendrá el anteproyecto de nueva Constitución. Fue una sesión extensa ya que los expertos tomaron la palabra y votaron las indicaciones.
En tanto, para la jornada del jueves los expertos tuvieron el índice definido y en base a esto comenzaron las discusiones de fondo en cada una de las subcomisiones. Ese día sesionaron las comisiones de principios y derechos civiles, y la de derechos sociales.
La comisionada Leslie Sánchez abordó algunos aspectos sobre su trabajo, tanto en la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos como en el pleno. En primer lugar, indicó que “sin perjuicio de que el debate de los integrantes de las comisiones y, luego, del Consejo Constitucional electo democráticamente será quien tome las definiciones de los preceptos constitucionales de cada materia”.
Respecto al trabajo de la subcomisión de la que forma parte, Sánchez señaló que algunos temas que los convoca son, por ejemplo, definir que “tipo de tribunales vamos a tener, la calidad y características de los jueces; más todos los órganos autónomos que cumplen roles relevantes en el sistema democrático, como el Ministerio Público, Contraloría General de la República, Banco Central”.
En esa misma línea, la abogada comentó que “es relevante escuchar a los órganos actuales, ya sean del Poder Judicial u Órganos Autónomos (…) modernizar en la medida de que sea necesario y prudente y mantener lo que haya que mantener cuando nos de certeza y seguridad jurídica”.
También se refirió a la definición de los capítulos que tendrá el próximo texto constitucional, donde expresó que se realizaron distintas indicaciones, cómo incluir un capítulo dedicado al cuidado del medio ambiente, así como también incluir en el índice un apartado de seguridad pública. Otra arista que comentó fue la indicación formulada por comisionados de derecha para sacar el término “Corte constitucional”, para volver a tildar al órgano como “Tribunal constitucional”.
Respecto a la participación ciudadana, la comisionada oficialista indicó que “todas nuestras expectativas y esperanzas tienen que estar depositadas en el proceso de participación ciudadana y estamos muy contentos los comisionados y comisionadas de la presentación que se nos hizo por parte de los rectores de la Universidad de Chile y de la Católica de la metodología y formato que van a utilizar para poder llegar a todas las regiones, a todos los territorios del país para poder difundir el texto”.
Teniendo esto claro, el orden no lo es todo y es que la ciudadanía aún no tiene claro el cómo se llevará a cabo este proceso, por lo que una de las mayores incertidumbres que lo envuelve es sobre si la Comisión de Expertos logrará generar consensos, al estar integrada por distintos partidos y tener opiniones contrapuestas. El director del Programa Constitucional del Instituto Res Publica, Ricardo Hernández, reflexionó acerca de esto en una columna de opinión publicada por CNN.
Para Hernández, uno de los principales conflictos que enfrenta la Comisión de Expertos tiene que ver con “la existencia de distintas sensibilidades ideológicas e incluso técnicas al interior del órgano que pueden poner en disputa el trabajo de las 24 personas elegidas en proporción a las principales fuerzas políticas por parte del Congreso Nacional”. Además, agregó que “entre los principales académicos, existen distintas corrientes de pensamiento que podrían terminar en posibles disputas sobre el contenido y alcances del futuro anteproyecto”.
También, se refirió a lo que será el trabajo de las subcomisiones, específicamente de la N.º 4: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
“Tendrá el difícil desafío de concretar mediante la formulación de los derechos y libertades fundamentales, el concepto de Estado Social y su posible compatibilización con el principio de Subsidiariedad. En dicha comisión existen claramente visiones contrapuestas respecto a este específico punto”, sostuvo.
En referencia al anteproyecto, Hernández cree que será de alto contenido “técnico”.
“Puede que no acabe siendo un texto extenso con alto contenido político-ideológico, pero sí de un gran nivel técnico y, sobre todo, respetuoso con las grandes instituciones que han regido al Chile independiente, en miras al orden institucional del Chile presente y futuro, para dotarnos de una institucionalidad que brinde paz y desarrollo a las próximas generaciones”, aseguró.
Finalmente, se refirió a lo que será el mayor “peligro” que enfrentará el actual proceso constituyente.
“Habrá que estar muy atentos a ver cómo la presión externa puede influir en el trabajo del Comité de Expertos. Uno de los mayores peligros en el escenario político es la tónica de la campaña de los candidatos a Consejeros Constituyentes. Dichas campañas serán objetivamente más adversas que el anterior proceso: tendrán un menor presupuesto para abarcar un mayor territorio. Adicionalmente, se debe sumar el hastío ciudadano por la polarización política, la que, sin duda, hará pasar uno que otro mal rato, a los postulantes de diversas coaliciones. Lo anterior, podría generar presiones políticas, tensionar el debate en los temas más controversiales, poniendo a la Comisión de Expertos en la palestra pública. Esta situación puede ser provocada por críticas por parte de candidatos provenientes de sectores más radicales quienes tratarán de avivar a su electorado apuntando a los artículos que vayan siendo aprobados dentro de las subcomisiones”, puntualizó.
Mientras tanto, al respecto la presidenta de la Comisión Experta comentó, “aquí se abre el proceso de participación ciudadana a partir de la entrega del anteproyecto, las personas pueden juntar firmas y presentar sus propuestas de enmiendas”. Así, Verónica Undurraga, en entrevista con Radio Duna, comentó el día lunes pasado cómo fueron las primeras labores.
Comenzó indicando que fue una semana intensa, llena de aprendizajes, donde todos los miembros supieron trabajar en conjunto respetando el reglamento que los coordina.
Comentó también las diferencias con la Convención Constituyente, recalcando que las personas en este actual proceso podrán opinar desde antes que se presente una Constitución, a través de la denominada “participación incidente”. Hizo énfasis que, a diferencia del pasado proceso, la ciudadanía sólo pudo opinar a partir de un texto ya terminado. A esto la presidenta recalcó que el órgano será completamente transparente en pos de la ciudadanía, que podrá hacer seguimiento de los diálogos vía streaming y a través de la masiva cobertura en los diversos medios de comunicación.
Ante la pregunta, de si considera que tres meses es un plazo conveniente para entregar un buen anteproyecto, especialmente teniendo en cuenta que gran parte de los miembros de la Comisión continúan con sus “labores tradicionales”, Undurraga sentenció: “Creo que en la práctica va a ser un trabajo de tiempo completo”.
A los dichos de Undurraga se sumó el comisionado Gabriel Osorio que fue entrevistado por Ex-Ante. En la instancia, el socialista manifestó que observa un “buen ánimo” entre los miembros de la Comisión Experta, destacando que “hay un diagnóstico compartido sobre los problemas que tiene el sistema político”.
También tuvo palabras para el trabajo que ha realizado la Comisión hasta el momento, resaltando que “se están cumpliendo las etapas que prevé el reglamento de funcionamiento de este proceso constitucional. Sin perjuicio de eso, las críticas que se puedan hacer a la Comisión Experta dicen relación con la estructura que tiene el nuevo proceso constitucional”.
Además, se refirió al índice propuesto por la Comisión, describiéndolo cómo “un índice bastante liviano, que ayuda a ordenar la discusión”.
Por último, abordó algunos temas internos de la Comisión, comentando que “no hay vetados en la Comisión de Expertos ni especialistas de primera o segunda línea. Yo siento que es un grupo absolutamente equilibrado, representando a distintas sensibilidades”.
Libertad y Desarrollo, realizó una entrevista a su directora ejecutiva, Bettina Horst, quién se sumó también a las opiniones del proceso. La a su vez experta, abordó su visión respecto al actual proceso, destacando que “el objetivo es que sea una Constitución fome, y sin etiquetas. Ni de centro derecha ni de centro izquierda, ni ecologista, ni feminista, ni animalista. Una Constitución no es un programa de gobierno, no es una declaración de buenas intenciones”. Ante la pregunta ¿usted comparte genuinamente que Chile necesita una nueva Constitución o va a este proceso para dar un cierre a la discusión abierta post estallido? contestó: “Discutir sobre cómo se abrió este proceso y en qué contexto, es una discusión del pasado”.
Horst, es la única economista del grupo de expertos. Sin embargo, no siente la presión y enfatiza en que será escuchada en la misma magnitud que los otros 23 integrantes, destacando que “desde la economía y los números, tengo una aproximación que es evaluar los efectos a favor o en contra de una u otra medida, los incentivos que se generan, favorables y negativos”.
Respecto a la subsidiariedad del Estado, que ha sido un tema protagonista en este proceso, la experta fue tajante en su respuesta, destacando que “la existencia de un Estado social alude a un Estado que se hace cargo de los temas sociales”.
El martes 14, fue un día que marcó uno de los primeros procedimientos constituyentes de este 2023 con el inicio de actividades del proceso, pues fueron once las indicaciones que dieron los comisionados a la propuesta de índice realizada por la mesa de la Comisión Experta. Estas tuvieron relación al cambio de orden de algunos capítulos, modificaciones en términos, hasta la incorporación de nuevos apartados.
Es así como los expertos Natalia González, Carlos Frontaura, Hernán Larraín, Katherine Martorell, Bettina Horst, Teodoro Ribera, Juan José Ossa, Marcela Peredo y Jaime Arancibia, decidieron optar por la proposición de un capítulo 13 que se tituló “Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad”, enmienda que causó profundo rechazo en miembros del oficialismo. Al respecto, el Experto del Partido Comunista (PC), Alexis Cortés, se mostró contrario argumentando que “esto sería repetir lo malo de la Constitución vigente”.
Como respuesta a esta discusión, los comisionados Paz Anastasiadis, Alexis Cortés, Antonia Rivas, Catalina Lagos, Domingo Lovera, Leslie Sánchez y Alejandra Krauss se refirieron a un nuevo capítulo denominado “Seguridad Ciudadana y Protección de la Comunidad” que tendría lugar entre los capítulos 9 y 10, que se refieren a “Ministerio Público” y “Justicia electoral y Servicio Electoral” respectivamente.
El oficialismo también optó por una indicación para intercalar un nuevo capítulo, “Defensoría de los Derechos Humanos” entre el capítulo 2 y el presente capítulo 3.
Respecto al medioambiente, se coordinaron ambos sectores para entregar enmiendas respecto a esta temática, con la propuesta de agregar un nuevo capítulo 3 denominado “Medioambiente, protección de la naturaleza y desarrollo sostenible”. Paralelamente, los expertos Ossa, Martorell, Ribera y Arancibia, pidieron agregar un nuevo capítulo 13 bajo el título “Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo”.
Otras de las menciones respecto a las indicaciones propuestas llegaron de las manos de los comisionados Catalina Salem, González, Frontaura, Pávez y Martorell, para sustituir el nombre del capítulo 8, pasando de ser “Corte Constitucional” a “Tribunal Constitucional”.
Finalmente, una vez aprobada la estructura del anteproyecto, comenzará a correr el plazo de 15 días para que cada comisionado presente las normas que formarán parte de la discusión en este órgano.
Sin embargo, las ilusiones de algunos comisionados duraron poco pues luego de ser despachada, la estructura del anteproyecto de nueva constitución, el miércoles 15 la Comisión resolvió rechazar la indicación de establecer un capítulo a las Fuerzas Armadas y a las distintas fuerzas del orden, así como también rechazó la creación de una defensoría de Derechos Humanos. Otro punto relevante es que se incluyó un capítulo referente al cuidado del medio ambiente.
Es importante señalar que la votación del índice se llevó a cabo dos días antes de lo planificado.
Ante el rechazo de la indicación sobre las Fuerzas Armadas, la respuesta desde los partidos de oposición no tardó en llegar. Todo esto en el marco de lo que fue la primera gran discusión que enfrentó la Comisión de Expertos: la inclusión de las Fuerzas Armadas y Orden Público como un capítulo especial en la nueva Constitución.
Los consejeros constitucionales tienen la facultad para ingresar normas y crear un capítulo especial. De esta forma, la idea de los partidos de oposición es que los consejeros constitucionales pertenecientes a sus bancadas propongan mover las normas de las Fuerzas Armadas hacia un nuevo capítulo, lo que en todo caso tendría que ser aprobado por 3/5 de los consejeros (30 de 50).
Por un lado, el candidato al Consejo Constitucional por Evópoli, Jaime Ravinet, dijo que su plan de llegar al Consejo es “reponer un capítulo especial que reglamente las atribuciones, funciones, y carrera de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Hoy el mayor problema que viven los chilenos es la delincuencia y la violencia y por tanto esto debe quedar claramente contemplado en la Constitución, para darles un respaldo a las funciones propias de las Fuerzas Armadas, la custodia de nuestra soberanía nacional, y por otro lado a las policías para que puedan actuar combatiendo la delincuencia”.
En tanto el candidato de la UDI, Rodrigo Delgado, dijo que la decisión “no conversa con las prioridades de la ciudadanía. El crimen organizado llegó para quedarse, entonces tenemos que fortalecer al Estado en materia de persecución y no debilitarlo. Puede que para ellos sea un tema semántico, pero para nosotros no lo es. Que sea capítulo es fundamental”.
En tanto, en el Partido Republicano el candidato y excomandante en jefe de la FACH, Ricardo Ortega, se refirió al tema. “Estamos ante una nueva afrenta a las Fuerzas Armadas y del orden, en un proceso de debilitamiento de las instituciones castrenses por parte de los sectores de izquierda. Hacerlo justamente ahora que el país vive su peor crisis de seguridad es una señal doblemente negativa. No permitiré que esta afrenta se concrete y voy a defender el sitial que se han ganado las Fuerzas Armadas”.
El candidato de RN, Bruno Baranda, afirmó que la decisión “es un paso en falso bien grave, porque no solo hiere el alma de Chile, sino que una vez más se da una pésima señal en contra de la capacidad disuasiva y también su rol en la protección de nuestras fronteras y en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”.
Siguiendo con las discusiones que se han desarrollado a partir de la elaboración de la estructura para el anteproyecto de nueva Constitución, una de las discusiones más polémicas ha sido acerca de la inclusión de un capítulo destinado a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Al respecto, en una columna de opinión publicada por La Tercera, el profesor de derecho constitucional Sebastián Salazar manifestó su postura.
Para el académico fue una sorpresa que “varios comisionados designados por partidos de derecha se pronunciaran acerca de la ausencia de un capítulo destinado a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que están expresamente mencionadas en las bases constitucionales; a tal punto que se ha materializado la presentación de una enmienda que busca instalar dicho capítulo”.
También, se refirió a que en la actual Constitución existe un capítulo sobre esta índole.
“La Constitución de 1980 tiene un capítulo de esta naturaleza y con un profuso tratamiento político constitucional, inclusión totalmente inédita y disruptiva en relación con las anteriores cartas fundamentales de larga data que han regido en nuestro país. Ello obedece, claramente, al origen de dicho texto, como consecuencia del quiebre institucional de 1973; puesto que la materia, en estos términos, no fue abordada por sus autores, ni por la Comisión Ortuzar ni por el Consejo de Estado, sino que se trató más bien de una decisión adoptada por la Junta Militar de Gobierno; y por el rol tutelar de garantes del orden constitucional como uno de los elementos fundamentales del denominado Poder de Seguridad. Por tanto, la determinación del actual capítulo no se trató de una organización democrática de defensa o la seguridad pública”, aseguró.
Finalmente, se mostró crítico sobre la posible inclusión de este capítulo.
“Adicionalmente, las bases institucionales establecen la obligación de mencionar expresamente a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, pero no imponen el deber de incorporar un capítulo especial ni menos el tratamiento como órganos autónomos. Es más, la opción de constitucionalizar estas instituciones, bajo los capítulos de Gobierno, cumple de mejor forma el objetivo de consagrar constitucionalmente la subordinación al orden constitucional y al poder civil a estos cuerpos armados, tal como dispone el artículo 154 número 10 de la Constitución, así como la definición de las misiones o atribuciones de estas en la deliberación democrática, dentro de una adecuada y consensuada arquitectura del deber estatal de seguridad para el siglo XXI”, concluyó.
Si bien, las indicaciones presentadas fueron varias, aun así hay temas olvidados, que son relevantes para tener en cuenta, así es como la ministra Segpres, Ana Lya Uriarte, expuso por más de dos horas frente a la Comisión de Expertos. En la charla expuso sobre temas como el Estado Social y Democrático de Derecho, acusaciones constitucionales y facultad exclusiva del presidente de presentar proyectos que impliquen gasto fiscal.
En cuanto a la facultad de gastos públicos, destacó la importancia que fuese sólo facultad exclusiva del presidente, advirtiendo al mismo tiempo el peligro del populismo ante un eventual cambio de facultades del ejecutivo. “Uno de los intereses en que todos coincidimos es en el fortalecimiento de la Democracia, y uno de sus riesgos, sin lugar a dudas, es el populismo, esa oferta fácil e irreflexiva”, detalló la secretaria de Estado” recalcó.
En cuanto a las acusaciones constitucionales, tanto la presidente de la Comisión de Expertos Verónica Undurraga, como la ministra Segpres, destacaron la importancia de que sea facultad del Congreso utilizar acusaciones constitucionales con el “fin de fiscalizar la correcta actuación del ejecutivo”.
Tal como ocurrió con el Poder Ejecutivo a través de la ministra Ana Lya Uriarte, hay distintas instituciones que expondrán frente a la Comisión de Expertos para mostrar su postura y entregar recomendaciones de cara a la elaboración del texto. En ese contexto es que la Corte Suprema elaboró un documento resumiendo algunos aspectos que consideran importantes para tomar en cuenta a la hora de pensar en cómo sería el “Poder Judicial del siglo XXI”. La Comisión Constitucional del órgano, junto a la Dirección de estudios elaboraron un escrito que concentra todos los pronunciamientos que ha hecho el máximo tribunal en materia de protección de derechos de personas y también en materia constitucional.
La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco destacó que uno de los principales ejes de la postura de la institución es mantener la independencia del Poder Judicial como poder de Estado. Además, estiman necesario que en una nueva carta magna se pueda robustecer los derechos fundamentales de las personas, fortalecer la unidad jurisdiccional de Chile, entre otras sugerencias.
La doctora en derecho complementó aquello señalando que “al hablar nosotros de derechos fundamentales y de efectivos medios de cautela no estamos hablando de que queramos que la Constitución siga como está, sino que -al contrario- la Constitución se enriquezca desde el punto de vista de los derechos fundamentales”.
Además de ahondar en aquello, Vivanco también señaló que para la Corte Suprema es importante que en una nueva carta magna se puedan “buscar las fórmulas para la separación de la actividad jurisdiccional de aquella actividad que es administrativa, lo cual no está en la Constitución del 80, sino que se busca que esté ahora”.
Finalizando con las noticias de esta semana, la comisión de Sistema Político presentó sus cartas. Estas, deberán traducirse en propuestas específicas el próximo 30 de abril.
Respecto al sistema político que deberá adoptar nuestro país, los Expertos se alinearon en la idea de insistir con el presidencialismo.
Desde la centroderecha, Natalia González (UDI) enfatizó que al presidencialismo “se le han asignado culpas que no son su responsabilidad”. Mientras que Juan José Ossa (RN), dijo que “cree en el presidencialismo”. Por otro lado, Sebastián Soto (Evópoli) propuso la “relegitimación de las herramientas claves de este régimen”.
En la centroizquierda, Francisco Soto aseguró que hacer cambios abruptos en los sistemas políticos “provoca desconfianza en la ciudadanía”. Gabriel Osorio (PS) propuso “dar salida a las trabas del presidencialismo actual” y Antonia Rivas (FA) negó que Chile sea un régimen hiperpresidencialista.
Otro punto discutido por los Expertos fue la fragmentación del sistema de partidos. Al respecto, Rivas aseguró que se requiere de “un parlamento más cohesionado y ágil en pos de la gobernabilidad”. Por otro lado, Ossa plantea que “hay que evitar que un programa de gobierno deba negociarse partido a partido, diputado a diputado, no sólo porque eleva el costo de los proyectos, sino porque genera mucha incertidumbre”.
Finalmente, los Expertos enfatizaron en la importancia de mejorar la colaboración ejecutivo-legislativo. Por un lado, Soto aseguró que “necesitamos mejorar el sistema presidencialista incorporando elementos de colaboración (con el legislativo) que en la práctica van a ser como una ingeniería de detalle del sistema institucional que tenemos”. Rivas dijo que es necesario “buscar los incentivos para lograr esa colaboración del sistema político, de tal modo que la llamada “sala de máquinas” tenga un funcionamiento más eficaz en aras del Estado Social y de Derecho”. Por último, González manifestó que “se requiere pensar cómo dotar de más capacidad técnica al Parlamento para los debates”.
Cerrando con lo que fue el debate de esta semana y haciendo un balance de lo que ha sido las dos semanas de trabajo de la Comisión Experta, La Tercera publicó una Editorial en la que se realizó un análisis acerca de lo que ha sido la puesta en marcha del proceso constituyente.
Primero, se habla de lo que fue la fallida propuesta de nueva Constitución, sus características y consecuencias.
“Una de sus características fue la evidente dificultad para llegar a acuerdo en temas clave y la marginación en muchas ocasiones de algunos de sus integrantes en debates decisivos. Ello derivó no solo en un clima de confrontación en varias de las sesiones sino también en la elaboración de un texto maximalista, que abundaba en detalles y entraba a definir ámbitos más propios de las políticas públicas que de un texto constitucional, perdiendo el correcto equilibrio entre los distintos capítulos que conforman un documento de ese tipo”.
Luego, se refirieron al actual proceso, en donde se han “visto señales positivas”, haciendo eco en la disposición al diálogo y a la búsqueda de llegar a acuerdos que han existido dentro de la Comisión de Expertos.
Finalmente, la Editorial cierra haciendo referencia a lo que fue la primera gran discusión dentro del órgano.
“Pese a las diferencias existentes en lo relativo a la incorporación de un capítulo especial referido a las Fuerzas Armadas y de Orden, propuesto por los comisionados de la oposición, finalmente rechazado, primó el espíritu cívico. Es cierto que el trabajo recién comienza y será el Consejo Constitucional y no la Comisión Experta -encargada solo de elaborar un anteproyecto- el que redactará la propuesta constitucional definitiva, pero las señales dadas hasta ahora dan cuenta de que es posible llegar a acuerdos en un ambiente de discusión democrático y dialogante”.
A modo de conclusión, el medio señala que “es de esperar que el clima electoral y la crispación política que generalmente acompaña estos procesos no contamine el buen ambiente mostrado hasta ahora por los comisionados reunidos en el ex Congreso Nacional”.
¿Qué se comentó en torno al Consejo Constitucional esta semana?
Con el inicio del proceso constitucional los candidatos al Consejo buscan darse a conocer para lograr formar parte del órgano. En este sentido, en entrevista con el diario El Pingüino de Punta Arenas, el candidato al Consejo Constitucional por el pacto Chile Seguro en la región de Magallanes, Ariel Mihovilovic, se refirió a lo que lo motivó a ser candidato.
“Estoy acá porque quiero trabajar por una buena constitución, quiero representar a Magallanes en esa instancia. lo que yo quiero hacer es escribir una con amor. Con amor por nuestra tierra, con orgullo de representar a Magallanes, con amor por representar a mis hijos, y todos nuestros hijos, para que todos ellos puedan vivir en un país más próspero, en un país que vuelva a avanzar”, indicó.
Luego, el abogado habló sobre lo que fue el triunfo del rechazo. “El 62% de los chilenos rechazó con fuerza en septiembre, porque esa Constitución fue escrita con las emociones equivocadas, fue escrita con rabia y resentimiento”, sostuvo.
Finalmente, dio a conocer lo que será su principal foco de cara a la nueva Constitución: La seguridad.
“Estoy yendo en la lista de Chile Seguro, y esa lista no solo quiere decir seguridad en la casa, sino que seguridad de que también vamos a poder llegar a fin de mes, seguridad de que todos vamos a aspirar a una vivienda propia y que el Estado va a poner las reglas que permitan llegar a esos caminos. Seguridad también de que nuestros fondos no van a ser expropiados, si de qué nos enfermamos vamos a tener libertad de donde nos atenderemos”, aseguró.
Para lograr darse a conocer, los candidatos realizarán una campaña electoral donde el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) jugará un rol importante. Por lo mismo, desde el Gobierno nombraron al nuevo presidente del CNTV. Se trata del abogado Mauricio Muñoz Gutiérrez (PS), el cual no tiene conocimientos en medios de comunicación y televisión. Su llegada llega en el marco de lo que fue la renuncia de Faride Zerán.
Desde su nuevo cargo tendrá la responsabilidad de liderar al CNTV en una época marcada por un nuevo proceso constituyente, por lo que tendrá que tomar decisiones sobre la difusión por televisión de la nueva propuesta, así como de los candidatos que quieran integrar el Consejo Constituyente.
No es novedad que el Partido Republicano ha estado en la mira, pues se ha reiterado en variadas ocasiones que tienen la intención de sabotear el proceso desde dentro. En esta ocasión, el candidato republicano al Consejo Constitucional, en entrevista con Emol TV, comentó que como conglomerado, están temerosos a este nuevo proceso pues no quieren dar espacio a que se cometan los mismos errores que ocurrieron en el pasado. Apuntó, sin embargo, que “no vamos a deslegitimar desde adentro, pero si algo no nos gusta lo vamos a rechazar”.
Destacó en entrevista que no está el mismo furor constituyente que había hace dos años. Sin embargo, el Partido Republicano no busca encantar de nuevo, sino hacer un trabajo coherente. Ante esto Domínguez destacó que algunos de los temas a debatir desde su visión serían las garantías fundamentales de las personas, el nuevo pacto económico (sobre todo las ganancias del litio) y asegurar la colaboración público-privada. Ante esto recalcó “a lo estatal le tengo desconfianza, pero no por ser de derecha, sino por las circunstancias de los últimos años”.
Otro de los candidatos que fue entrevistado durante esta semana es Alihuen Antileo, uno de los dos candidatos al Consejo Constitucional que pertenecen a un pueblo originario (ambos Mapuche), conversó con el diario El Mercurio sobre el proceso en general, abordando principalmente la escasa incidencia que tendrán los pueblos originarios en el mismo. Antileo, quien fue uno de los fundadores de la Coordinadora Arauco Malleco, considera que no van a ser electos los dos candidatos indígenas y, en el caso de que ninguno de los dos forme parte del Consejo Constitucional, “el proceso va a tener una seria afectación de legitimidad”.
Consultado por las demandas que lo motivan a involucrarse en el proceso, señala que algunas son de “necesidades básicas de nuestra población, como educación, vivienda trabajo Y algunas de carácter territorial, cultural, de derechos educativos y lingüísticos. También hay otras demandas de participación política”.
A la hora de referirse a su opinión respecto a la conformación del proceso, el candidato es tajante al indicar que “no se realizó una consulta indígena, por lo que no se respetó el Convenio 169 de la OIT”. En esa misma línea, señaló que “Como Plataforma Mapuche firmamos una declaración junto a otras organizaciones, la que se presentó ante el Consejo de DD.HH.de la ONU. En ella rechazamos el mecanismo actualmente vigente porque vulnera la soberanía popular y la participación indígena. Pero también hay un criterio político que hay que entender”.
El ex vocero de la CAM y uno de sus cofundadores descartó tener algún vínculo con la organización hace, por lo menos, 18 años y explicó los motivos del distanciamiento. “Vimos que se estaban planteando otros métodos y objetivos. Nos parecía que no era el rumbo que había tomado en su origen y también había que atender otras demandas. Lo planteamos y lamentablemente no se llegó a un consenso”.
Ellos dos no fueron los únicos candidatos que salieron a la palestra, ya que la candidata de Revolución Democrática al Consejo Constitucional, Rocío Donoso, habló con el medio Emol Tv y se refirió a sus motivaciones para postularse, además de analizar varios aspectos del proceso constitucional en su conjunto.
Respecto a la relevancia de la redacción de una nueva constitución, la trabajadora social señaló que “yo sé que puede haber muchas dudas de cara al proceso, pero yo estoy convencida de que lo peor que nos puede pasar es quedarnos igual, quedarnos estancados. Esta es la última oportunidad para escribir una nueva constitución”.
En relación con las características que tenía la propuesta anterior, Donoso señaló que “En el proceso anterior, Chile fue claro, no le gustó la propuesta, pero eso no quiere decir que no queramos cambiar nada (…) cambiar la Constitución no es un capricho”.
La candidata señala que algunos de los elementos que rescataría de la propuesta anterior son la paridad, el cuidado al medio ambiente y el derecho al agua. En ese sentido, cree que la decisión de incluir un capítulo que apunte a consagrar la protección al medio ambiente “es acertada por parte de la Comisión de Expertos”.
Por último, con relación a la participación ciudadana, señala que “el hecho de incorporar la opción de realizar indicaciones específicas es una buena medida, ya que es mucho más vinculante y hace más efectiva la participación”.
¿Qué sucedió con el Comité Técnico de Admisibilidad esta semana?
Después de cuatro jornadas de discusión entre los miembros del órgano, el Comité Técnico de Admisibilidad concluyo la elaboración de su Auto Acordado, el que entrega los lineamientos “sobre el funcionamiento del Comité Técnico de Admisibilidad”.
El documento cuenta con tres capítulos y 26 artículos, en el capítulo I titulado “Del Comité Técnico de Admisibilidad”, se define que “El Comité Técnico de Admisibilidad, es el órgano encargado de conocer y resolver los requerimientos que se interpongan en contra de aquellas propuestas de normas aprobadas por parte del pleno de la Comisión Experta o sus subcomisiones, o por el pleno del Consejo Constitucional o sus comisiones, que contravengan lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política de la República”.
En el segundo, llamado “Procedimiento para el conocimiento y resolución de los requerimientos”, se detalla que “Una vez ingresado el requerimiento, se somete a un examen y declaración admisibilidad”, para lo que se sorteará a 3 integrantes del Comité, quienes deberán conocer y emitir su parecer. Después, el Comité Técnico deberá indicar si hay admisibilidad, por una votación que se resuelva por la mayoría absoluta de los integrantes en ejercicio.
¿Qué se comentó en torno a la Secretaría de Participación Ciudadana esta semana?
Ya se llevan meses planeando este nuevo proceso, y es que hasta el sábado 11 no era noticia el poco interés de los chilenos en este nuevo proceso. Es por esto que Claudio Troncoso, en entrevista con Radio Cooperativa, comentó sobre la Secretaría de Participación Ciudadana en el nuevo proceso constituyente. Sobre los objetivos de este espacio creado para acercar a la ciudadanía al proceso comentó que quieren hacer “una campaña nacional para motivar de Arica a Magallanes a que todas las personas puedan sentirse convocadas a participar y entregar su opinión”. Sobre aspectos macro del proceso acató que “es la última oportunidad propiamente tal que tenemos como país para abordar este tema, que va a definir la paz político institucional en nuestro país, o así esperamos, por los próximos 50 años”. Troncoso, dijo estar “acompañado de un muy buen equipo, así que eso es un elemento que tranquiliza para llevar a cabo esta enorme tarea, que creo que es muy importante, de llevar a cabo junto a la ciudadanía y los demás órganos del proceso constituyente”.
Actualmente, la Secretaría está trabajando en una recopilación de las participaciones ciudadanas que se hicieron en los procesos constitucionales anteriores, el de Bachelet y el de la Convención Constitucional. Para esto, realizarán un trabajo colaborativo con Organizaciones de la Sociedad Civil y Biblioteca del Congreso Nacional, que busca entregar un informe sistematizado para fines de marzo.
Por otro lado, a partir del 6 de abril, comenzará el proceso de formación ciudadana, educación cívica y difusión del proceso constituyente. Este último se centrará en actividades para que la ciudadanía se sienta parte del proceso.
Una vez electo el Consejo Constitucional, comenzarán a operar los mecanismos. El primero, de Iniciativas Populares de Norma, recoge la idea de la Convención Constitucional para que las personas sugieran enmiendas (suprimir, sustituir, modificar o adicionar normas) a artículos del anteproyecto, a través de la recolección de firmas digitales que obtendrán con su Clave Única. Solo llegarán al Consejo Constitucional las que alcancen 10 mil firmas, de al menos cuatro regiones distintas y cumplan los demás requisitos reglamentarios. Este proceso tendrá una duración de un mes y comenzará el 7 de junio.
Otro proceso es el de Audiencias Públicas. En esta instancia, diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil, podrán solicitar un audiencia para plasmar su punto de vista en algún asunto que tenga relación con el anteproyecto de nueva Constitución. A diferencia de la Convención Constitucional, sólo algunas audiencias se llevarán a cabo ante el Consejo Constitucional, las otras, serán recibidas por las distintas universidades acreditadas sobre la base de un criterio de distribución territorial determinado por la Secretaría Ejecutiva. El periodo para solicitar audiencias comienza el 7 de junio y termina el 14 del mismo mes.
Una instancia similar son los Diálogos Ciudadanos, que pretenden ser un mecanismo de diálogo y deliberación sobre el anteproyecto. Pretende ser un espacio de alta diversidad, representatividad e interacción entre grupos de ciudadanos, no con los Consejeros. La instancia se llevará a cabo a través de una convocatoria que se encargará a la Secretaría y la otra, de forma abierta, participarán personas o grupos con una pauta entregada por el mismo organismo. Los diálogos se llevarán a cabo durante los primeros 30 días de iniciado el Consejo y, luego, la Secretaría tendrá 15 días para sistematizar lo que se recogió de dichos diálogos.
El último mecanismo es el de Consultas Ciudadanas. Las personas, de manera virtual con Clave Única, podrán expresar breves opiniones respecto a normas contenidas en el anteproyecto. Este mecanismo estará habilitado durante los primeros 30 días luego de iniciado el Consejo Constitucional.
La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, coordinadora de la Secretaría de Participación Ciudadana, se sumó a las palabras de Troncoso y dio a conocer en entrevista con Radio Duna, alguno de los aspectos y funcionamientos que tendrá este sistema “pedagógico con la ciudadanía” en el actual proceso constitucional.
Parte del trabajo, comenzó destacando, es sistematizar, ordenar, y luego, hacer llegar al Comité de Expertos todo el proceso deliberativo anterior, esto es, de procesos antiguos y decisiones tomadas en ellos.
En cuantos la comparación con el antiguo proceso la rectora destacó “La gran diferencia de este proceso con el anterior, es que el de antes era una hoja en blanco, eso hizo que llegaran muchas diferentes propuestas que llegaron a tomar formas en el texto constitucional (…) ahora va a haber una propuesta de texto”.
En cuanto al rol ciudadano, Devés puntualizó que habrá una “devolución”, la que consistirá en que aquellos que han participado conozcan, sepan, en qué va el proceso. Para esto existirá un diálogo activo y transparente con la ciudadanía. La rectora termina destacando que este no será solo un sistema de escucha, sino también uno de diálogo activo con la gente.
Otras informaciones que marcaron esta semana:
Hay diversos temas que fueron objeto de discusión durante la semana y que se relacionan de alguna manera con el proceso constituyente. Uno de ellos es el bajo impacto comunicacional que tuvo el estreno del nuevo proceso constituyente, la iniciativa popular y el entusiasmo de la ciudadanía distan mucho del fervor que se produjo antes del trabajo de la Convención. La periodista Paula Escobar escribió una columna de opinión titulada “Nada de fome” que aborda este fenómeno. En el texto, hace un análisis sobre el estilo “fome” del nuevo proceso, señalando que no por su sobriedad pierde relevancia, cosa que, a su juicio, hay que resaltar.
En esa misma línea, la académica indicó la importancia que tiene el éxito del proceso, ya que según ella este ayudará a encontrar “una salida institucional a la grave crisis social, y proporciona más estabilidad y certidumbre”. Además, complementa aquello señalando que, “Las personas siguen considerando que es muy relevante cerrar el tema constitucional”.
Respecto al contenido de la propuesta, Escobar señala que “no puede ser statu quo ni gatopardiana. La expectativa por transitar hacia un Estado de bienestar, con mayores derechos sociales, mayor equidad, está latente, así como siguen existiendo los problemas y desigualdades que llevaron al estallido social”.
Por último, señala que está muy de acuerdo con la elección de Verónica Undurraga para presidir la Comisión de Expertos, ya que puede aportar en ese objetivo, “es una muy buena señal la elección de Verónica Undurraga como presidenta de la Comisión Experta. Su sello es el diálogo, la experticia constitucional y también la firmeza sin estridencia. Es una mujer progresista, ese es su horizonte, a la vez que se da cuenta de que sin la construcción de mayorías no se avanza”.
Tanto las bases, como el funcionamiento del actual proceso constituyente han generado diversas opiniones y críticas. En este sentido, en una carta al director publicada por el Diario Constitucional, el abogado Vicente Aylwin realizó un análisis acerca del modelo del actual proceso constituyente.
El jurista aseguró que el modelo tripartito impuesto para redactar nueva constitución “se aleja del ideal de legitimidad democrática”. Además, agregó que “es posible formular algunas objeciones al mecanismo adoptado”.
En este sentido, Aylwin se refirió a la recientemente instalada Comisión de Expertos.
“El hecho de que los expertos hayan sido designados por el Congreso otorga a la Comisión Experta, de manera indirecta, cierta legitimidad democrática. La Comisión Experta debe ser deferente con el Consejo Constitucional. Debe auto comprenderse como un órgano cuya única función es la de entregar una propuesta al Consejo que recoja los mínimos comunes que se han ido forjando a lo largo de la práctica constitucional chilena, teniendo a la vista las propuestas constitucionales que no vieron la luz, así como los valiosos insumos que dejaron los procesos de participación que antecedieron a dichas propuestas. En segundo lugar, los expertos, una vez que se incorporen al Consejo, deben articularse como actores claves para mejorar la calidad de la deliberación. Más que protagonistas, los expertos deben limitarse a entregar herramientas para la discusión”, sostuvo.
Finalmente, habló sobre el que, en su opinión, es el aspecto al que hay que prestarle una mayor atención para así asegurar el éxito del nuevo proceso.
“Se debe tener especial atención a la hora de diseñar las normas sobre reforma constitucional. Si bien las circunstancias políticas actuales –marcadas, entre otras cosas, por problemas de seguridad ciudadana, pandemia, inflación, fatiga electoral– no son las óptimas para una extendida deliberación con altos niveles de participación popular, ello no quiere decir que no será el caso en el futuro. En este sentido, la nueva carta magna debe asegurar episodios ciudadanos de reconstitución democrática en momentos de alta movilización y participación. Como sugería, la legitimidad democrática tiene una dimensión prospectiva. En efecto, el ideal de democracia demanda la posibilidad de que el texto constitucional sea entendido como un marco en permanente desarrollo. Esto es, que se encuentre abierto al cambio que las presentes y futuras generaciones estimen necesarios. Sólo de este modo la Constitución, mediante una práctica extendida en el tiempo, puede ser experimentada como propia y no como una imposición”, concluyó.
Así como las opiniones, principalmente las críticas, hacia la estructura general del proceso han proliferado, otro tema que ha llamado la atención de los analistas es la relación entre la percepción ciudadana sobre el funcionamiento del gobierno de Gabriel Boric y el proceso constituyente, principalmente porque fue todo un tema durante el proceso pasado, ya que muchos analistas coinciden en que existe una alta probabilidad de que la alta desaprobación al desempeño gubernamental haya incidido de manera directa en el resultado del plebiscito de salida, realizado el 4 de septiembre de 2022.
En ese sentido, el analista político Sergio Muñoz indicó que, a su juicio, aquel tópico se repetirá, siendo categórico al señalar que “No hay modo de evitar ese juicio”.
Luego de repasar varios temas relativos a la gestión de la administración actual, Muñoz expone que en las elecciones del próximo 7 de mayo “implican un pronunciamiento ciudadano sobre el rumbo del país bajo el gobierno de Boric” y que es una jugada arriesgada, porque “El gobierno de turno no tiene mucho que ganar y sí mucho que perder”.
A pesar de ser la más afectada, la administración actual del gobierno no fue la primera ni la única en afrontar un proceso constitucional, de hecho, la Convención inició sus labores en el gobierno de Sebastián Piñera. En el último tiempo, no solamente se han desarrollado aquellos procesos, el país ha enfrentado varias transiciones. En ese contexto, la abogada Francisca Labbé escribió una columna de opinión publicada por El Líbero, donde reflexionó acerca de los cambios que ha sufrido el país, desde el “acuerdo por la paz” de noviembre de 2019 y de lo que se mantiene intacto.
En relación con el anterior proceso, la jurista señaló que “el objetivo no ha cambiado”, ya que “sigue la intención de darle a Chile una nueva Constitución”. Además, agregó que en estos tres años y medio han cambiado las necesidades del país. “Hemos tenido que hacer frente a la incertidumbre, a la inflación, los ataques en la Macrozona Sur han ido en aumento, la migración se ha vuelto un fuerte dolor de cabeza, entre otras cosas. Las encuestas reflejan pesimismo en la población. No son pocos los que perciben que antes estábamos mejor”, sostuvo.
Respecto al actual proceso se mostró esperanzada. “Hace unos días comenzó a trabajar la Comisión Experta que tiene por misión redactar un proyecto base para el Consejo Constitucional. La instalación de la Comisión aumentó nuestra esperanza, al ver representados elementos propios de las sociedades modernas y civilizadas, tales como respeto, nobleza y tolerancia. Todos estos valores han predominado frente a aquellos que promueven la revolución”, señaló.
Finalmente, hizo un llamado a no dejar de lado los principales conflictos que enfrenta el país actualmente. “El país necesita controlar la inflación, la delincuencia, la migración, los abusos de poder. También es fundamental mejorar los indicadores de bienestar económico y social. Por esto, con o sin reforma tributaria de por medio, las demandas prioritarias, tales como orden, seguridad, libertad, desarrollo económico, salud, educación y pensiones, entre otros, no pueden seguir esperando», concluyó.
Volviendo al proceso propiamente tal, desde el inicio de este, el concepto de Estado Social y democrático de derecho se ha transformado en un punto central de debate, ya que, pese a que está asegurado por las 12 bases institucionales, existen distintas interpretaciones respecto a su aplicación. Respecto a aquella discusión, la abogada Elisa Walker, en su columna para La Tercera, se refirió a este concepto, asegurando que debe ser claramente diferenciado del Estado Subsidiario.
Respecto a esto, la autora comenta el inicio de actividades que tuvo la Comisión experta y su labor social. Verónica Undurraga dio sentido al tratamiento del Estado Social de derecho enfatizando en el “hecho de detener la mirada en la persona que tengo al frente”, refiriéndose al sentido de que nadie se sienta invisible en este nuevo proceso, como manifiesto de la dignidad de las personas.
Walker concluye acotando que por medio del Estado social y democrático de derecho se fortalece el Estado y que este fortalece las libertades.
En la misma línea, la presidenta de la Fundación Nodo XXI, Camila Miranda, en una Carta al Director publicada por El Mercurio, habló de la importancia de que “consagre un Estado Social y Democrático de Derecho”, agregando que sólo “superando la subsidiariedad chilena” se podrán cubrir las necesidades de la ciudadanía.
En relación a la subsidiariedad aseguró que “es una prohibición de actuación al estado, incompatible con uno que garantice condiciones de vida digna a quienes no pueden recibir prestaciones sociales en el mercado”. Además, agregó que “ha transformado a los derechos sociales en un fuente de acumulación prácticamente inagotable de riquezas, y por otro lado, fuente de incertidumbre, malestar y endeudamiento para las personas”.
Para Miranda es fundamental “superar el principio de subsidiariedad” para que la nueva Constitución pueda existir.
“No habrá una nueva Constitución sin superar el principio de subsidiariedad de la actual. Y es incompatible con un Estado Social, porque construye un Estado incapaz de cuidar dignamente a sus ciudadanos y protegerlos de abusos en el mercado”, sostuvo.
Aparte de esta discusión, la participación indígena ha sido un tema más que relevante para la opinión pública en general, ya que, de tener 17 escaños reservados en el pasado proceso, hoy no se sabe si estarán representados en el Consejo. En el marco de aquel debate es que, por medio de una carta al director publicada por el diario La Tercera, la abogada y diplomada en política indígena Paola Catricura Ñancubil, mostró su descontento por la poca consideración a los pueblos indígenas en este nuevo proceso. Para la autora, el concepto de “una que nos una” quedó grabado como un simple slogan de campaña, porque según sus palabras, el proceso “terminó siendo elaborado por un grupo de expertos, por “lo que saben”, no necesariamente por el Chile real, sino el ideal, donde los pueblos indígenas no están incluidos”. En esa misma línea, añadió que “Esa falsa ilusión de unidad del Chile ideal es parte del racismo estructural de la sociedad chilena, donde las decisiones las toman “los que saben”; para los indígenas, pero sin los indígenas”.
También realiza críticas de fondo respecto a cómo se está abordando el tema dentro de la Comisión, ya que señala que, por ejemplo, aún “no se han hecho las adecuaciones internas para la completa aplicación del Convenio 169”.
Por último, la experta en políticas públicas hace hincapié en que se debe pensar en la legitimidad que tiene el proceso para las personas pertenecientes a alguna etnia, ya que lógicamente se verán excluidos del debate, por lo que ella considera que debe realizarse “una consulta indígena del anteproyecto que redacte la Comisión Experta” y que sus resultados queden reflejados en el texto final que compondrá el Consejo Constitucional.
Siguiendo con los temas de discusión contingentes en esta nueva etapa constitucional, en la semana se habló sobre el sistema político que debería adoptar el país en la nueva carta magna. En esta ocasión, fue el presidente Gabriel Boric quién se refirió al tema, manifestando que no es partidario de cambiar el régimen de sistema político en Chile. El mandatario enfatizó que cree que es sano mantener un régimen presidencialista como el actual “siempre que haya contrapesos”. También señaló que “aquí no se trata de la acumulación de poder por la acumulación de poder (…) los diferentes poderes del Estado -Legislativo, Judicial y Ejecutivo-, tienen que estar bien equilibrados.
Por último, fue categórico al señalar que no cree que sea “necesario hacer un cambio en esa dirección”. Concluyó indicando que “iría contra la tradición política chilena (…) Pero sí creo que el sistema político y los incentivos para un mayor alineamiento para las fuerzas en el Parlamento es algo que tiene que mejorar”.
En cuanto a las informaciones de utilidad pública sobre los próximos acontecimientos del proceso, Teletrece realizó una nota explicativa sobre los comicios que tendrán lugar el 7 de mayo del presente año. Al respecto, abordan el retorno del voto obligatorio, donde las personas mayores de 18 años están convocadas de manera reglamentaria a las votaciones.
Si bien en el plebiscito pasado el voto también fue obligatorio, esto se dio así porque la reforma constitucional de entonces así lo determinó. Para esta ocasión también será así, pero por un motivo distinto, ya que el Congreso despachó en diciembre pasado el proyecto de ley que reponía el voto obligatorio, por lo cual, de ahora en adelante, todas las votaciones tendrán esta particularidad.
T13, en su nota se encargó también de especificar qué pasará si no se acude a las votaciones. En primer lugar, explicó que las causas por las que uno puede excusarse son: en caso de enfermedad, estar fuera del país o a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación. En caso de que alguno de los puntos mencionados suceda, se deberá dejar constancia en Carabineros para justificar la inasistencia. Si un individuo, sin cumplir con algunos de estos impedimentos, no asiste a las votaciones, arriesga una multa que va desde los 27 mil pesos hasta los 167 mil.
Por último, en columna de opinión para Ex-Ante, el economista Noam Titelman, hace un análisis acerca del concepto de “pueblo” y gente a lo largo de la historia electoral de nuestro país.
En primer lugar, hace referencia a que, en las elecciones para el Consejo Constitucional del próximo 7 de mayo, “no aparecerá el concepto pueblo que jugó un rol fundamental en el anterior proceso”. Además, agregó que “Lo más parecido que se encontrará en la papeleta será “gente”, la lista “Partido de la Gente”.
Luego, se refirió a los puntos en común entre los conceptos “pueblo” y “gente”.
“Aunque «pueblo» y «gente» pueden parecer polaridades contrapuestas, en realidad, ambas comparten ser categorías que reflejan la tensión de las democracias liberales. Estos regímenes se caracterizan por conjugar el gobierno de las mayorías, con respeto a las minorías. Más aún, las democracias liberales, para funcionar y evitar caer en los despotismos de toda índole, necesitan fomentar y promover el pluralismo”, sostuvo.
También, habló acerca de la importancia de esto términos en el ejercicio de la democracia,
“Desconocer al “pueblo” o a la “gente” es una receta segura para socavar las bases de la democracia. Pero, a la vez, es importante complementar estas categorías con la valoración de las normas institucionales e, incluso, de las ideologías, cuando estas se ponen al servicio del debate propio de la democracia liberal. Esta es la idea de “ciudadanía”, que reconoce el valor del debate institucional de la democracia liberal”, aseguró.
Finalmente, se mostró esperanzado sobre el actual proceso constituyente.
“Una de las esperanzas que podemos depositar en el nuevo proceso constituyente, es que, pese a que ninguna lista incluyó el nombre de ciudadanía, la nueva constitución inaugure un nuevo sistema político en que Chile pueda tener una democracia liberal más equilibrada. Ya sea que nos hagamos llamar pueblo, gente o ciudadanía”, concluyó.
En la línea de lo anterior, la ciudadanía desde octubre de 2019 ha buscado la igualdad de oportunidades, en este nuevo proceso la oportunidad de debatir las garantías fundamentales da espacio a ello. Francisca Figueroa, abogada e investigadora legislativa de Acción Educar, destaca en su columna de opinión, que, en las sesiones de la Comisión de Expertos, se ha dejado claro la pluralidad de visiones que existen respecto a cómo combatir la desigualdad. Ante esto, la autora destaca que el hecho que uno de los “mínimos” para mantener en esta nueva hoja es el Estado Social de Derecho, que obliga a los comisionados a buscar un “ideal”.
Ante la pregunta de cómo se debe abordar este tema de importancia, la autora plantea la pregunta qué son y cómo radica la importancia de su garantía “¿son la educación, salud, seguridad social y vivienda fines en sí mismos que el Estado deba asegurar? O ¿son más bien medios que permiten que las personas se puedan desarrollar con autonomía en la búsqueda del propio proyecto personal?”.
La respuesta la da en los párrafos siguientes al enfatizar que la solución se traduce “en plantear una igualdad de resultados mediante un estado de bienestar”. Así mismo, plantea la idea del mérito, que, si bien es ideal, no tiene viabilidad debido a otros factores como la suerte y el nacimiento. Por tanto, dice que la garantía constitucional debiese “enfocarse en garantizar derechos sociales porque son condiciones que permiten el ejercicio de las libertades, y no sistemas que las coartan porque sus diversas manifestaciones no se ajustan a los ideales estatales”.