Desde su creación en 2010, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presenta cada año un informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, en cumplimiento al mandato que le impone la Ley N°20.405, el que debe presentar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y facultativamente a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, y a las organizaciones de la sociedad civil catastradas en el registro del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El documento constata la realidad nacional en aquellos asuntos que mayor preocupación generan en la ciudadanía. Conforme a su misión, el Consejo los estudia y revisa siguiendo los compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado.
El Informe 2022 ofrece una perspectiva territorial de distribución de derechos, que dialoga con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de esta forma aborda los derechos de las víctimas frente a violaciones de DD.HH. en democracia, el acceso al agua, el derecho a la libertad de religión, de creencia y culto; los derechos humanos de las personas mayores, y también de niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar post pandemia, y la desaparición forzada de personas en dictadura.
El Capítulo 1, aborda el derecho de las víctimas frente a violaciones de derechos humanos en democracia, y se propone profundizar y contextualizar los principios y directrices de los derechos de las víctimas, e indicar avances en las medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para el caso de la crisis social de 2019. Para ello, analiza las acciones nacionales desarrolladas hasta el momento, identificando especificidades y complejidades del contexto democrático sobre las obligaciones estatales.
El Capítulo 2 sobre los derechos humanos en sectores rurales de Chile, tiene como objetivo general analizar, la situación de acceso a servicios y equipamientos públicos básicos de los y las habitantes que viven en regiones de alta ruralidad y evaluar la actuación del Estado en su rol de garante. Como objetivos específicos, se propone caracterizar la situación de acceso a servicios y equipamientos públicos básicos en regiones de alta ruralidad, considerando los distintos conceptos y criterios utilizados para definir esas regiones; identificar los nudos críticos de acceso a servicios y equipamiento y su afectación en la población rural; y, evaluar el rol que ha jugado el Estado en la disminución o profundización de estos déficits de acceso en estas zonas del país. El capítulo analiza la situación de los polos con mayor densidad poblacional rural en Chile: Atacama, O’Higgins, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos.
El Capítulo 3 sobre derecho al agua, cambio climático y desarrollo sostenible, analiza, desde la perspectiva integral de los derechos humanos, las acciones del Estado respecto a la garantía del derecho al agua en Chile y su afectación sobre el cambio climático y sobre el desarrollo sostenible, caracterizando la situación de acceso al agua en el país y su impacto en el ejercicio de otros derechos vinculados; revisando las acciones del Estado respecto del aseguramiento y garantía del derecho al agua, así como las medidas correlacionadas para actuar sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible.
Por su parte, el Capítulo 4 sobre el derecho humano a la libertad de religión, de creencia y culto y al deber estatal de protección contra la intolerancia y los discursos de odio, también considera algunos grupos de especial protección, como personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes, y pueblos indígenas. Además, destaca las situaciones de contingencia que vivieron los espacios de culto en pandemia y durante la crisis social, en que dada las instrucciones y directrices que emanaron de organismos del Estado, como el Ministerio de Salud (MINSAL), se limitó el aforo y se cerraron templos religiosos con el objeto de evitar transmisiones del virus en espacios cerrados y de recepción del público.
El Capítulo 5, aborda los derechos humanos de las personas mayores. La institucionalidad pública abocada al trabajo con las personas mayores ha realizado avances importantes en asumir una perspectiva de derechos humanos. Un número significativo de leyes y de acciones de política pública abogan por los derechos de las personas mayores. Destacan, en este sentido, la consideración de estos como sujetos de derechos y no sólo como beneficiarios de políticas públicas y, asimismo, que las voces de las organizaciones de personas mayores sean consideradas en la elaboración de políticas, programas y acciones que los afectarán de manera directa. Sin embargo, hay importantes tareas pendientes. La mayoría de los programas que impulsa tanto SENAMA como el Ministerio de Salud tiene una escasa cobertura. Estos programas están focalizados preferentemente en el 60% de las personas mayores más vulnerables que consigna el registro social de hogares. Además, muchos de estos programas están disponibles en las capitales regionales de nuestro país, situación que dificulta, particularmente. El reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derechos es parte de una lucha más amplia por avanzar hacia sociedades incluyentes y democráticas, en cuyo seno la edad como factor de discriminación y violencia deje de ser parte de la vida cotidiana de mujeres y hombres.
En el Capítulos 6, se aborda a otro grupo de especial protección, los niños, niñas y adolescentes, en el entorno escolar post pandemia. El retorno a la presencialidad dejó en evidencia que hay un grupo de estudiantes que ha quedado fuera del sistema escolar; otros viviendo condiciones de infraestructura deficiente, con déficit de docentes o enfrentados a diversas situaciones de violencia, que si bien ha tendido a disminuir durante el segundo semestre de 2022, muestra la necesidad de profundizar en las políticas que aseguren el acceso a la educación para todos y todas, así como la generación de ambientes seguros y acogedores para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse plenamente, según determina el estándar internacional y los compromisos asumidos por el Estado de Chile.
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Por último, en materia de memoria histórica de los derechos humanos, el Capítulo 7, sobre la desaparición forzada de personas en dictadura y deberes internacionales en materia de justicia transicional, aborda algunos de los importantes hitos en materia de desaparición forzada ocurridos durante el año, la evolución del concepto de “desaparecido” a desaparición forzada, así como el derecho a la verdad. Se analizan sentencias recientes sobre causas en la materia, una revisión sobre la invisibilización de las mujeres y personas LGTBIQ+ en los informes de las comisiones de Verdad, para luego profundizar en la discrepancia de cifras de víctimas de desaparición forzada y la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas, indicando algunas nuevas tecnologías de percepción remota usadas en búsqueda forense.
Finalmente, a partir de los hallazgos y consideraciones de los capítulos de este Informe Anual, el INDH presenta un conjunto de 103 recomendaciones, incluyendo algunas que reiteran las incluidas en informes anteriores y otras que refuerzan orientaciones de organismos internacionales respecto a las materias tratadas.
En ese sentido, el INDH declara que mantendrá su trabajo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, considerando los estándares y criterios de mecanismos expertos, así como las demandas y percepciones de la ciudadanía sobre las condiciones de promoción y protección de los derechos humanos en Chile.