Suspensiones judiciales decretadas durante la pandemia deben contabilizarse para efectos de calcular el plazo para solicitar el abandono del procedimiento, resuelve tribunal argentino.

La Cámara en lo Civil y Comercial de San Salvador de Jujuy (Argentina) desestimó el planteo de caducidad de la instancia (equivalente al abandono del procedimiento) deducido por la demandada en una causa sobre daños y perjuicios. Dictaminó que el plazo no se cumplió a causa de una serie de suspensiones decretadas a causa de la pandemia.

La mujer estimó que se había cumplido el plazo de 1 año prescrito en la norma para solicitar la caducidad. Lo anterior, pues el último impulso procesal de la demandante se llevó a cabo en abril de 2021. Por su parte, la actora solicitó el rechazó del planteo, señalando que no tuvo en cuenta las numerosas suspensiones judiciales que se decretaron a causa de la pandemia.

En su análisis de fondo, la Cámara señala que “(…) la caducidad de instancia es definida como un modo de terminar el proceso a causa de la inactividad de los sujetos procesales después de transcurrido el plazo legal, mediante resolución judicial que así lo decreta, con las características de no extinguir, en principio, el derecho que se hizo valer en juicio, el que nuevamente podrá ser deducido ante otro magistrado. Opera en el plazo de un año de inactividad procesal contado a partir de la última notificación o diligencia destinada a impulsar el proceso”.