Inaplicabilidad rechazada con votos en contra.
Normas que consagran el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, no producen resultados contrarios a la Constitución.
La dicotomía información pública/reservada es una cuestión de legalidad porque da por descontada la aplicación del artículo 8° de la Constitución, siendo resorte del juez de fondo determinar si ello acontece, aplicando la regla general de publicidad o la excepción de las reservas.
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto de los artículos 5°, inciso segundo; 10°, inciso segundo; y 11, letras b) y c), de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
Los preceptos legales que se solicitó declarar inaplicables para resolver el reclamo de ilegalidad sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, establecen lo siguiente:
“Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”. (art. 5°, inciso segundo, Ley Nº 20.285).
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