El ambiente en la interna de las comisiones es tenso. Las votaciones de las más de mil enmiendas llegan a su fin y el consenso entre oficialismo y oposición no vislumbra un humo blanco. No obstante, las negociaciones continúan para alcanzar acuerdos, puesto que ahora el pleno del Consejo Constitucional deberá revisar y votar cada uno de los artículos de la propuesta constitucional.

¿Qué se votó en la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos?

Esta semana la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos aprobó por ocho votos a favor, tres en contra y una abstención la creación de un Consejo Técnico Asesor de la Contraloría General de la República. Este consejo estará presidido por el Contralor General y estará compuesto por cuatro integrantes con al menos quince años de licenciatura o título profesional.

Además, se dio el visto bueno a un nuevo inciso que establece que los consejeros solo podrán expresar opiniones sobre el funcionamiento de la Contraloría en las sesiones convocadas para este fin.

Por otro lado, con siete votos a favor y cinco abstenciones, fue aceptada la creación de un nuevo capítulo titulado «Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas» en el Ministerio Público, como parte de una enmienda presentada por la derecha. Esta propuesta sustituye el epígrafe «Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas» por este nuevo capítulo.

Hubo ciertas críticas y desacuerdos entre los consejeros, especialmente en lo que respecta al Consejo Técnico Asesor de la Contraloría, donde algunos expresaron preocupación de que esto debilitará la posición de la Contraloría para ejercer su rol de fiscalización y control. Sin embargo, otros argumentaron que su objetivo no era debilitar al órgano autónomo, sino simplemente crear un Consejo Técnico Asesor.

También se mencionó que hubo discrepancias en cuanto al proceso y presentación de las enmiendas, con algunos consejeros expresando molestia por la falta de oportunidad para revisar los textos.

En la sesión de la comisión se avanzó en varias enmiendas al Capítulo XII sobre el Banco Central en el texto constitucional de la Comisión Experta.

Lo que se aprobó unánimemente (12 votos a favor) fue el artículo 193, que establece que el Banco Central es un organismo autónomo con patrimonio propio y funciones que serán determinadas por una ley institucional.

En cuanto a sus funciones, se dio el visto bueno al artículo 194, que establece que el Banco Central tiene como objetivo velar por la estabilidad de los precios y el funcionamiento de los pagos internos y externos. También puede regular la cantidad de dinero y crédito en circulación, llevar a cabo operaciones de crédito y cambios internacionales, y dictar normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.

En este artículo, se eliminó un inciso tercero que buscaba que el Banco Central también considerará los efectos de la política monetaria en la actividad económica y el empleo, a propuesta de la bancada republicana.

En relación con los artículos 195, 196, 197 y 200  también fueron aprobados. El  primero establece que el Banco Central solo puede realizar operaciones con instituciones financieras, sin otorgar garantías ni adquirir documentos emitidos por el Estado. En el segundo se establece que la dirección y administración superior del Banco Central estará a cargo del Consejo del Banco Central, que debe tener en cuenta la orientación general de la política económica del Gobierno al tomar decisiones. El artículo 197, que trata sobre la integración del consejo del Banco Central, dictamina que el Presidente de la República designará a los cinco consejeros, que durarán diez años en sus cargos y podrán ser designados para nuevos períodos. Finalmente, el artículo 200 establece que el Banco Central debe rendir cuentas anuales al Presidente de la República y al Congreso Nacional de acuerdo con la ley.

En la sesión del 7 de septiembre, se aprobaron enmiendas relacionadas con el Capítulo IX: Ministerio Público en el texto constitucional. 

El artículo 171, que establece que el Ministerio Público es un organismo autónomo encargado exclusivamente de la investigación de delitos, la acción penal pública, y la protección de víctimas y testigos. No tiene funciones jurisdiccionales y debe seguir el debido proceso. Además, se cambiaron denominaciones, reemplazando «Fiscalía de Alta Complejidad» por «Fiscalía Supra territorial» y «Consejo Consultivo del Ministerio Público» por «Consejo de Coordinación del Ministerio Público». Además, se sustituyó «del pueblo de Chile» por «de la sociedad» en el inciso 2 del Artículo 171.

Se aprobó el artículo 172, que habla sobre la organización del Ministerio Público en una Fiscalía Nacional, Fiscalías Regionales y Fiscalías Locales. También se crea una Fiscalía de Alta Complejidad y una Fiscalía de Asuntos Internos. Habrá un Consejo Consultivo del Ministerio Público y un Consejo General del Ministerio Público.

También se aceptó el artículo 175, que establece que el Fiscal Nacional es la máxima autoridad del Ministerio Público y supervisará a los fiscales regionales y adjuntos. Será designado por el Presidente de la República con el acuerdo del Senado.

El artículo 178 siguió el mismo camino. Este decreta la existencia de un Fiscal Regional en cada región del país, a menos que sea necesario nombrar más de uno según la población o la extensión geográfica. La ley institucional determinará sus competencias.

Por demás, se creó un Consejo Consultivo del Ministerio Público, presidido por el Fiscal Nacional y compuesto por diversas autoridades y académicos, cuya función será asesorar al Ministerio Público.

Con esto, se completó la revisión del capítulo del Ministerio Público en el texto constitucional, y se pasará a discutir los capítulos de la Corte Constitucional y el Poder Judicial en futuras sesiones de la comisión.

Aunque no prosperó el cambio de nombre del Tribunal Constitucional, se aprobaron varias enmiendas relacionadas con el Capítulo VIII del anteproyecto constitucional, que trata sobre la Corte Constitucional. Una de ellas fue la enmienda de unidad de propósito que cambia la denominación de «Corte Constitucional» por «Tribunal Constitucional». Esto afecta a todas las disposiciones del capítulo y el resto del texto constitucional.

También se aprobó el control preventivo sustantivo por parte del Tribunal Constitucional. Ahora, la corte puede declarar la admisibilidad de una cuestión si verifica ciertos criterios, y si encuentra un vicio de inconstitucionalidad subsanable, suspenderá el procedimiento en curso.

Se aumentó el número de miembros de la Corte Constitucional (Tribunal Constitucional) de 9 a 11, manteniendo así un número impar. Se modificó el proceso de selección de los candidatos a la Corte Constitucional (Tribunal Constitucional). La Corte Suprema propone una quina, el Presidente de la República elige dos candidatos de esa quina, y el Senado selecciona un candidato de los dos propuestos por el Presidente.

Asimismo, se estableció que los integrantes de la Corte Constitucional (Tribunal Constitucional) deben tener al menos quince años de título de abogado y reconocida competencia o idoneidad profesional o académica. Se rechaza elevar este requisito a 20 años.

Estas enmiendas modificaron significativamente el capítulo sobre la Corte Constitucional, incluyendo su nombre y su proceso de selección, además de establecer criterios para el control preventivo sustantivo.

Ya en la última sesión de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, se tocaron las enmiendas relacionadas con el Capítulo VII: Poder Judicial del anteproyecto constitucional. 

Lo que se relaciona a la unidad de propósito que establece la función jurisdiccional de conocer y resolver asuntos legales radica exclusivamente en los tribunales establecidos por la ley. Fue aprobado. Cabe destacar que estos tribunales pueden impartir órdenes directas a la fuerza pública y deben observar los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. 

También se dio el sí, a las enmiendas sobre los fundamentos de la función jurisdiccional, que incluyen la independencia, imparcialidad, inexorabilidad, responsabilidad, inviolabilidad, inamovilidad, congruencia, efecto relativo y celeridad.

La Corte Suprema estará compuesta por veintiún ministros y representará a los tribunales de justicia frente a otros poderes del Estado. Tendrá la responsabilidad de velar por la uniforme interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y garantizar los derechos y garantías constitucionales.

Para la gobernanza del Poder Judicial, se establecerán órganos con autonomía legal encargados de nombramientos, formación y perfeccionamiento de jueces y funcionarios, y gestión y administración del Poder Judicial. Estos órganos funcionarán separadamente y de manera coordinada.

Los nombramientos de ministros y fiscales judiciales serán basados en factores objetivos como capacidad profesional, mérito, probidad y experiencia. Se realizarán mediante un concurso público y transparente. El Presidente de la República elegirá a los ministros de la Corte Suprema a partir de una nómina propuesta por un órgano designado.

Se establece un órgano encargado de administrar y gestionar los recursos del Poder Judicial, dirigido por un Consejo Directivo. La autonomía operativa de este Consejo estará sujeta a principios de probidad y transparencia y a auditorías de la Contraloría General de la República.

También se crea un órgano responsable de la formación y el perfeccionamiento de los postulantes a cargos de jueces, fiscales judiciales y ministros de Cortes de Apelaciones, con la participación activa de las facultades de derecho de universidades acreditadas en la oferta de cursos y programas académicos.

¿Qué se votó en la comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado?

Entre las materias que abordó esta comisión, se encuentran los quorums para acusaciones constitucionales, una materia que, en su momento, quedo pendiente debido a una petición del consejero constitucional, Christian Suárez (PS). “Este es el único instrumento que tiene el parlamento para que los ministros tengan presente de que tienen que actuar en conformidad a la Constitución y la ley en la forma que señala la Constitución”, señaló.

Una enmienda de unidad de propósito que sí fue abordado y aprobado –por unanimidad–, corresponde a la dieta parlamentaria, la cual no podrá ser superior a la de un ministro de Estado. Conjuntamente, se sancionaría económica y proporcionalmente las inasistencias injustificadas, ya sea a la sala o a las comisiones del Congreso.

Asimismo, fue aprobada la enmienda que inhabilita por cinco años para desempeñar funciones públicas a las autoridades que sean declaradas culpables mediante una acusación constitucional. La propuesta recibió el voto positivo de la derecha, los votos en contra del oficialismo y una sola abstención que vino desde la consejera constitucional, Gloria Hutt (Evopoli), quien, además, era firmante de la enmienda.

Por otra parte, una enmienda presentada por Unidad para Chile buscaba sumar como materia de ley que “los crímenes de lesa humanidad no podrán ser objeto de indulto ni amnistía de ninguna clase”. La propuesta terminó siendo rechazada por seis votos en contra, cuatro a favor y dos abstenciones.

Esta comisión fue una de las más agitadas, dado que al día siguiente la sesión fue suspendida –cuando iniciaba– por más de tres horas para alcanzar acuerdos entre las bancadas. Cuando retomaron su sesión, las votaciones se enfocaron en llevarse a cabo solo en siete artículos que no recibieron enmiendas. Estos terminaron siendo aprobados unánimemente por la comisión 

Dichas propuestas abordaron temas respecto al caso de la muerte de algún candidato presidencial, a las atribuciones del Vicepresidente, requisitos para ser ministro de Estado y sus responsabilidades, la firma de reglamentos, decretos e instructivos, el pago de remuneración del Presidente de la República, parlamentarios y otros funcionarios y la infraestructura crítica.

La comisión, también, aprobó la enmienda que aumenta a 40 años la edad mínima para ser electo como Presidente de la República. La iniciativa se aprobó con siete votos a favor –Republicanos y Chile Vamos–, cuatro en contra –Unidad para Chile– y una abstención de la consejera Gloria Hutt (Evopoli).

Asimismo, se aprobó la creación de dos nuevos capítulos que habían generado polémicas y reacciones desde el oficialismo. Uno se llama “Defensa Nacional”, que trata sobre las Fuerzas Armadas –Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea–. El otro capítulo se titula “De la Seguridad Pública”, el que trata sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, es decir, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

El debate no pasó desapercibido. Esto, en cuanto al rechazo a una enmienda presentada por el oficialismo, que buscaba consagrar que “las Fuerzas Armadas deben tener un respeto irrestricto al orden democrático constitucional y a los derechos humanos”.

Los argumentos vinieron por parte del consejero Edmundo Eluchans (UDI) y la consejera, Beatriz Hevia (PRep). Eluchans dijo que lo que propone el texto “es de perogrullo decirlo y casi ofensivo. Por eso voy a votar en contra, porque ese mandato está implícito en todas las disposiciones que regulan su funcionamiento”.

La consejera Beatriz Hevia (PRep), quien se abstuvo, comentó que “todos los cuerpos regulados en esta constitución y los que no, deben respeto irrestricto al orden democrático constitucional y a los derechos humanos. No veo por qué tenemos que ponerlo en unos y no en otros”.

En tanto, el consejero Christian Suárez (PS) aseguró que “no ofende a nadie que quien ejerce el monopolio de la fuerza en un Estado democrático esté obligado a tener un respeto irrestricto al orden democrático (…) Las experiencias que hemos tenido en este país, que han sido durísimas, no deben repetirse”.

En materia de proyectos de reforma constitucional, se aprobó que dichas iniciativas sean iniciadas tanto por mensaje del Presidente de la República como por moción de las y los diputados –con el máximo de diez firmas– o las y los senadores –con un máximo de cinco firmas–.

En tanto, se rechazó una enmienda de Unidad para Chile que buscaba reducir el quorum para aprobar las reformas a cuatro séptimos. Por otra parte, Republicanos retiro la propuesta que buscaba cambiar el quorum a dos tercios. De esta forma, para ser aprobadas las reformas constitucionales, estas necesitarán –tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados– el voto favorable de los tres quintos de las y los parlamentarios.

Por otra parte, una de las votaciones que se robó miradas, fue el voto a favor que realizó Unidad para Chile, respecto a una enmienda presentada por el Partido Republicano. Dicha propuesta suprimió el artículo 211 del anteproyecto, el que normaba el procedimiento de reemplazo de la Constitución.

La comisión, además, aprobó reducir la cantidad de diputadas y diputados, pasando de 155 a 138 integrantes. Asimismo, se disminuiría la cantidad de escaños por distrito. Si hoy se repartía entre tres a ocho, la comisión aprobó que el número fluctúe entre dos y seis.

En tanto, se aprobó la mantención de las elecciones parlamentarias junto a la primera vuelta presidencial. Además, mismo resultado (aprobado) tuvo el inciso que precisa que la ley establecerá los mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas. No obstante, la enmienda que fijaba escaños reservados en el Congreso, se rechazó.

Respecto a la paridad de género, se rechazó la propuesta de Unidad para Chile, que detallaba que se “asegure una composición paritaria entre hombres y mujeres de las cámaras que conforman el Congreso Nacional”. Por otra parte, se aprobó un mecanismo que “corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños, en elecciones de diputados y senadores, cuando algún sexo supere el sesenta por ciento de los electos”.

También, fue aprobado el umbral del 5% para que los partidos políticos –que alcancen dicho umbral– puedan tener escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados. En otro caso, que sume como mínimo ocho parlamentarios, sumados los que están en ejercicio. Un detalle, no menor, es que durante la primera elección, tras la vigencia de la Carta Magna, el umbral se reducirá a 4%, a no ser que el partido político alcance el número de cuatro parlamentarios.

Entre otras innovaciones, se encuentra la Iniciativa Popular de Norma N.7927 “Por un Estado sin pitutos”, la cual busca la modernización del aparato público y la creación de una Policía Fronteriza “encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales”.

En tanto, se rechazaron diversas enmiendas –presentadas por el bloque de Unidad para Chile– como por ejemplo la que buscara otorgarle el derecho a sufragio voluntario a jóvenes mayores de 16 años.

¿Qué se votó en la comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos?

Esta semana, la Comisión de Principios da su aprobación a temas relacionados con nacionalidad, libertad de pensamiento y terrorismo. La presidenta de la comisión, María de los Ángeles López (PRep), expresó su satisfacción por los resultados de la jornada, ya que se aprobaron ocho unidades de propósito. Algunas de estas propuestas provinieron de las bancadas de Chile Vamos y republicanos, mientras que otras fueron acordadas en colaboración con el bloque de Unidad para Chile.

Después de la votación, el consejero Fernando Viveros (PC) valoró la jornada, pero lamentó la falta de consenso en varias de las materias discutidas en esta instancia.

La Comisión aprobó una unidad de propósito que modifica el artículo que aborda el terrorismo. Esta modificación recoge propuestas de todas las bancadas y establece que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos y la seguridad nacional. Se determinarán las conductas terroristas y sus penalidades mediante una ley de quórum calificado.

Además, se aprobó otra indicación, con apoyo de la derecha y rechazo del oficialismo, que permite que las agrupaciones a las que pertenezcan los autores, cómplices o encubridores de hechos calificados como terroristas sean declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional tras una sentencia condenatoria firme, a solicitud de la víctima u otras personas, regulando los efectos de esta declaración mediante ley. El consejero Yerko Ljubetic expresó preocupación sobre esta norma debido a su posible impacto en personas no directamente involucradas en los hechos.

En la misma sesión, se respaldó un nuevo inciso 5, con el apoyo exclusivo de la oposición, que reconoce a las víctimas de terrorismo y establece su derecho a ser indemnizadas por el Estado por cualquier daño sufrido debido a delitos calificados como conducta terrorista. El monto de la indemnización se determinará judicialmente en un proceso breve y sustanciado en el tribunal civil competente del domicilio de la víctima, donde la prueba se apreciará en conciencia.

En cuanto a la nacionalidad, el artículo 17 (inciso 1) del anteproyecto establece que son chilenos los nacidos en el territorio de Chile, con algunas excepciones, como los hijos de extranjeros en servicio de su Gobierno y los hijos de extranjeros transeúntes, quienes, no obstante, tienen la opción de optar por la nacionalidad chilena. Esta norma fue aprobada por unanimidad por los consejeros de diferentes bancadas. Tanto los republicanos, representados por el consejero Miguel Rojas, como Unidad para Chile, a través del consejero Fernando Viveros, retiraron sus enmiendas relacionadas con esta disposición. Los primeros proponían que también se incluyera a los hijos de extranjeros que ingresaron irregularmente al país, pero manteniendo la opción de optar por la nacionalidad chilena. Los segundos, por su parte, propusieron eliminar la frase «y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos».

Con los votos de Chile Vamos y los republicanos, se aprobó una enmienda de unidad de propósito para modificar el inciso 13 del artículo 16, que trata sobre el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esta enmienda amplía la libertad religiosa y establece que las familias tienen derecho a crear proyectos educativos y que las comunidades educativas pueden preservar la identidad de sus proyectos de acuerdo con sus creencias morales y religiosas. Además, asegura el ejercicio libre de culto, la libertad de profesar, cambiar o enseñar religión o creencias, siempre que no infrinjan la moral, buenas costumbres o el orden público.

Los consejeros de Unidad para Chile presentaron una enmienda adicional que prohíbe la discriminación por motivos religiosos en el acceso a establecimientos educativos y en las relaciones laborales o de servicios. Esta enmienda fue respaldada por la consejera Kinturay Melin de RD, quien consideró fundamental eliminar la discriminación religiosa. Sin embargo, la consejera María Gatica (PRep) argumentó en contra, indicando que sería erróneo obligar a profesar una religión y establecerlo en la Constitución.

Asimismo, la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos ha aprobado diversas enmiendas de unidad de propósito y artículos relacionados con los Capítulos I y II del anteproyecto constitucional, que abordan los Fundamentos del Orden Constitucional, Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales. Durante la sesión del 7 de septiembre, se discutieron y votaron varios artículos y enmiendas, logrando la aprobación de seis artículos, seis enmiendas, cuatro unidades de propósito y una disposición transitoria. La presidenta de la comisión, María de los Ángeles López, informó que aún quedan alrededor de 20 artículos por votar antes de concluir el proceso.

Chile Vamos y los republicanos presentaron una enmienda para reemplazar parte del texto original relacionado con la libertad de expresión. La enmienda garantiza el derecho a la libertad de expresión, información y opinión sin censura previa y prohíbe al Estado interferir directa o indirectamente en la expresión de ideas y opiniones. También prohíbe al Estado establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales y sancionar la expresión de ideas contrarias a las manifestadas por el Estado.

Hubo preocupaciones sobre el alcance de esta norma, especialmente en relación con la frase que prohíbe al Estado establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales. La presidenta de la Comisión Experta mencionó que esto podría poner en peligro instancias como las comisiones Valech y Rettig. Sin embargo, se aclaró que la intención no era cuestionar esos documentos y que era difícil determinar el impacto exacto de la norma propuesta.

En la misma comisión, se aprobó un artículo que garantiza el derecho al acceso a la justicia, incluyendo información, servicios legales y judiciales, mecanismos alternativos de resolución de conflictos y defensa jurídica, según lo estipulado por la ley. Además, se respaldó una enmienda republicana que enfatiza este derecho, especialmente en casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas, y propone la creación de una Defensoría de las Víctimas para cumplir con esta obligación. Sin embargo, una propuesta de Unidad para Chile para brindar asistencia jurídica especializada para proteger a niños y adolescentes fue rechazada.

Se aprobó por unanimidad una norma que garantiza el derecho a un debido proceso, incluyendo comparecencia ante un tribunal competente, independiente e imparcial. Se prohíben los juicios por comisiones especiales y se exige un proceso con garantías para asegurar actuaciones justas, reguladas por la ley.

En relación con los estados de excepción, se aprobaron varios artículos, incluyendo el 30, 31, 35, 36 y 37. Además, se respaldó un nuevo artículo que permite al Presidente de la República, mediante un decreto supremo fundamentado y suscrito por los ministros de Seguridad Pública y Defensa Nacional, asignar a las Fuerzas Armadas la protección de la infraestructura crítica del país en situaciones de grave peligro o amenaza. Esta medida se extenderá por un máximo de noventa días y puede prorrogarse con acuerdo del Congreso Nacional, siempre que persista el peligro. Sin embargo, solo el Presidente podrá restringir la libertad de locomoción en virtud de esta declaración de infraestructura crítica.

Esta enmienda generó controversia entre los consejeros oficialistas, con algunos argumentando que era redundante con una norma aprobada previamente en otra comisión. Otros sostuvieron que no existía incompatibilidad y que sería el Pleno del Consejo Constitucional quien tomaría la decisión final al respecto.

Por otro lado, la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos finalizó una larga jornada de votaciones, que se extendió hasta después de las cinco de la mañana del sábado 9 de septiembre, despachando una serie de temas relacionados con los Capítulos I y parte del II del anteproyecto presentado por la Comisión Experta.

Se debatió una unidad de propósito que modificó el artículo 1 del anteproyecto original de los comisionados. Esta enmienda cambió el contenido original del artículo para enfocarse en la dignidad humana y la importancia de la familia en la sociedad. La consejera Melin mostró su descontento porque esta enmienda se ubicó en la sección de deberes en lugar de derechos.

Además, las bancadas de RN-Evópoli, UDI y republicanos presentaron una enmienda de unidad de propósito para modificar el artículo 2 de la Constitución, enfocándose en el Estado de Chile como social y democrático de derecho, reconocimiento de derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Esta enmienda fue aprobada con ocho votos a favor y cuatro en contra.

El comisionado Máximo Pavez ofreció una redacción alternativa para abordar inquietudes en la comisión, reconociendo que podría no satisfacer completamente a todos los miembros.

Finalmente, se generó controversia debido a una unidad de propósito que agregó un nuevo artículo sobre la participación activa y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. La consejera Melin expresó su descontento porque esta iniciativa se ubicó en la sección de deberes en lugar de derechos. Aunque se propuso trasladarla a la sección de principios, esta sugerencia fue rechazada y la propuesta fue aprobada con ocho votos a favor y cuatro en contra.

Una enmienda que ha generado un gran debate es la del «derecho a la vida» del que está por nacer. El oficialismo señaló que esto es “retroceder” y “un peligro” en materia de derechos para las mujeres, porque abre paso a sacar el aborto en sus tres causales, tal como está en la legislación actual. Sin embargo, la ley que protege la vida de quien está por nacer y prohíbe la pena de muerte, fue aprobada.

También se decidió que se permitirá la reclusión domiciliaria total para personas con enfermedades terminales que no representen un peligro para la sociedad. Esta medida busca humanizar el sistema penitenciario en casos de extrema necesidad

Por otro lado, se rechazó una enmienda que reconocía el valor de las labores de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, pero se aprobó otra que promueve la conciliación entre la vida familiar y laboral.

Para concluir la sesión, se estableció el «interés superior de los niños» como un principio fundamental y se reconoció la prioridad de los padres en la determinación de este interés. Además, se protegerá a los niños contra la explotación, maltrato, abuso, abandono y tráfico de menores.

¿Qué se votó en la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales? 

En la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, se aprobaron las normas y enmiendas relacionadas con los derechos de propiedad, de autor y de los consumidores del anteproyecto constitucional.

Se aprobó con enmiendas la propuesta de la Comisión Experta relacionada con el derecho de propiedad. El anteproyecto reconoce el derecho de propiedad sobre diversos tipos de bienes y establece que la ley regulará cómo se adquiere la propiedad y que nadie puede ser privado de ella, excepto por ley que autorice la expropiación por utilidad pública o interés nacional.

Se aprobó por mayoría una unidad de propósito presentada por las bancadas de RN-Evópoli, UDI y Republicanos. Esta enmienda añade disposiciones para indemnizar los perjuicios causados por limitaciones u obligaciones impuestas al derecho de propiedad, cuando afecten de manera discriminatoria o desproporcionada sus atributos esenciales. También establece un procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por actos legislativos.

El texto también establece el dominio absoluto del Estado sobre ciertos recursos naturales, como las minas, y permite que la ley determine cuáles de estos recursos pueden ser objeto de concesiones.

Se rechazó una enmienda de la bancada de la UDI que buscaba establecer una duración indefinida de la explotación en el caso de concesiones mineras.

Se respaldó una unidad de propósito presentada por las bancadas de derecha para agregar un nuevo literal que establece que los bienes nacionales de uso público determinados por la ley pueden ser susceptibles de concesión, y el titular de la concesión tendrá derechos de propiedad sobre los derechos resultantes de dicha concesión. 

La votación sobre el dominio de las aguas y las Iniciativas Populares de Norma quedaron pendientes.

La comisión aprobó el derecho de autor sobre obras y añadió «y de la propiedad intelectual,» además de garantizar la propiedad industrial. También se aseguró el acceso libre, informado y seguro a bienes y servicios para las personas como consumidores, y se estableció el deber del Estado de proteger a los consumidores de prácticas abusivas. La comisión acordó trabajar en una redacción transversal que refleje el espíritu de la Iniciativa Popular de Norma N° 2911, «Derechos Fundamentales de las personas con Discapacidad.»

Por otra parte, la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales abordó las normas sobre seguridad social, derecho al agua y derecho al trabajo. Se aprobó una Unidad de Propósitos (UDP) presentada por las bancadas de RN-Evópoli, UDI y Republicano que ratifica en su mayoría el texto del anteproyecto de la Comisión Experta sobre el derecho a la seguridad social, pero agrega que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por ellas. También se garantiza el derecho a elegir libremente la institución que administre estos fondos, ya sea estatal o privada, y se prohíbe su expropiación o apropiación por parte del Estado a través de cualquier mecanismo. Esta disposición fue aprobada por nueve votos a favor y cinco en contra.

En contra de la propuesta, la consejera Paloma Zúñiga (RD) argumentó que esta medida le quita la posibilidad de elegir un sistema de reparto. Aldo Valle (Independiente – PS) expresó que la propuesta abre la posibilidad de continuar con un régimen previsional que los chilenos ya conocen y padecen.

La consejera Karen Araya (PC) afirmó que esta medida constitucionaliza a las AFP y hace que modificar el sistema sea casi imposible. 

En el debate, se señaló que la norma podría hacer inconstitucionales leyes como la «papito corazón,» que permite retener fondos para el pago de pensiones alimenticias adeudadas. En respuesta, las bancadas de derecha presentaron una disposición transitoria con el objetivo de evitar este efecto.

El comisionado Flavio Quezada advirtió que la disposición transitoria no soluciona las objeciones técnicas y aún existe el riesgo de que normas como el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas o la ley «papito corazón» sean consideradas ilegales. Ante esto, el consejero republicano Sebastián Figueroa propuso dejar pendiente este punto en busca de una redacción alternativa.

La comisión aprobó por unanimidad el texto del anteproyecto que establece «El derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación,» incluyendo algunos de sus incisos. El consejero Figueroa explicó que este texto representa un acuerdo alcanzado en las mesas de negociación previas, que refleja un acercamiento significativo a pesar de no llegar a un pacto general. Además, se aprobó que «La ley promoverá la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ejercicio del derecho al trabajo decente» y que ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá requerir la afiliación a una organización o entidad como requisito para realizar una actividad o trabajo específico.

Se aprobó el texto que define el derecho al trabajo decente con una votación de mayoría (9-5). Este derecho implica el acceso a condiciones laborales justas, seguridad y salud en el trabajo, una remuneración equitativa, el derecho al descanso y la desconexión digital, todo dentro del pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en el contexto de la relación laboral. La consejera Araya expresó su desacuerdo, argumentando que esta definición restringe el derecho al limitarlo a la relación laboral, aunque la mayoría de los consejeros de derecha no compartieron esta preocupación.

También se aprobó la norma que prohíbe la discriminación arbitraria en la remuneración por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres, con una votación de mayoría (10-4).

Se aprobó una Unidad de Propósito (UDP) presentada por las bancadas de derecha sobre el derecho al agua con una votación de nueve a favor y cinco en contra. Esta UDP reemplaza la propuesta de la Comisión Experta y establece que el derecho al acceso al agua y al saneamiento está sujeto a la ley. También establece que es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras, y promover la seguridad hídrica de acuerdo con criterios de sustentabilidad. La legislación, regulación y gestión del agua deben considerar todas sus funciones, priorizando el consumo humano y su uso doméstico de subsistencia. 

Las bancadas de Unidad para Chile criticaron que esta propuesta limita el derecho al agua solo al acceso y reduce el estándar establecido en el anteproyecto. Por otro lado, las bancadas que presentaron la UDP argumentaron que incorpora conceptos como seguridad hídrica, saneamiento y la priorización del consumo humano y de subsistencia, en línea con la legislación actual del Código de Aguas.

En relación al Capítulo XIII sobre la protección del medio ambiente, la Comisión rechazó la Iniciativa Popular de Norma N°4131 (cinco votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones) que buscaba establecer que «Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Es deber del Estado dar protección a los animales y promoverla por medio de la educación». Esta propuesta fue rechazada o recibió abstenciones debido a que la Comisión de Principios ya aprobó un texto que incorpora en el artículo 38 la idea de que «Es deber del Estado y de las personas promover la protección de los animales y su bienestar, así como promover su respeto a través de la educación de acuerdo a la ley».

Además, la comisión rechazó una enmienda presentada por los consejeros de Unidad para Chile que proponía agregar un nuevo artículo relacionado con la promoción del desarrollo de las empresas de menor tamaño, la innovación, la actividad productiva y la economía social y solidaria. Esto se debió a que esta materia ya está contemplada en otra propuesta.

La misma comisión estuvo encargada de revisar el derecho a la educación. En la instancia, se aprobaron las enmiendas de unidad de propósitos presentadas por la derecha. A pesar de que la sesión se extendió por cinco horas en que las bancadas dialogaron para llegar a acuerdos, se llegó al consenso de aprobar –por unanimidad– ciertos puntos en cuanto al derecho a la educación.

De estos, algunos de los aprobados fueron “es deber del Estado promover la educación parvularia, para lo que financiará y coordinará un sistema gratuito a partir del nivel sala cuna menor”, “es deber del Estado y de toda comunidad educativa promover el desarrollo profesional y respeto de los docentes y asistentes de la educación”, “el Estado garantizará el financiamiento de la educación de personas con necesidades educativas especiales”, entre otros.

También, se aprobaron –con nueve a favor, cuatro en contra y uno abstención– temas como que “las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior”.

Asimismo, con 12 votos a favor y dos en contra se aprobó que “el Estado tiene el deber de fortalecer la educación en todos sus niveles y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción, regulación y supervigilancia; con nueve votos a favor y cinco en contra que “la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado garantizar el financiamiento por estudiante, con la finalidad de asegurar el acceso a ellas para toda la población, a través de establecimientos estatales y privados. En el caso de la educación media, la obligatoriedad se extenderá hasta cumplir los veintiún años de edad”.

En cuanto a la educación superior, se aprobó –de forma unánime– una enmienda de unidad de propósito que especifica que “el Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad, a través de establecimientos propios en todos los niveles. El Estado garantizará el financiamiento de sus establecimientos de educación parvularia, básica y media. En cualquier caso, la ley podrá entregar financiamiento a sus instituciones de educación superior”.

Sumado a lo anterior, con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención, se aprobó otra enmienda de unidad de propósito –presentada por la oposición– que menciona que “la ley contemplará mecanismos que aseguren la no discriminación arbitraria en el acceso y el financiamiento de los estudiantes a la educación superior”.

Sin embargo, no a todo se le dio luz verde, puesto que la comisión rechazó dos enmiendas presentadas por el oficialismo que buscaban consagrar que “la educación superior será progresivamente gratuita, de conformidad a la ley” (cinco votos a favor, dos en contra y siete abstenciones) y que “las instituciones privadas y sus controladores que reciban financiamiento estatal no podrán perseguir fines de lucro” (cinco votos a favor, seis en contra y tres abstenciones).

Respecto a la libertad de enseñanza, se aprobó, con nueve votos a favor y cinco en contra, una enmienda de unidad de propósitos presentada por la derecha. Entre los puntos se aprobó “el derecho de las personas de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, así como de crear y desarrollar proyectos e idearios educativos, sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, el orden público y la seguridad del país”, “la enseñanza estatal y la reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”. 

A las anteriores se suman otros puntos como que “el Estado deberá garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales”, “el Estado promoverá la diversidad de proyectos educativos a nivel local y regional”, entre otros.

En suma, la misma comisión aprobó una enmienda de unidad de propósitos presentada por la oposición, respeto al derecho a la protección de la salud en sus dimensiones física y mental. Dicha propuesta fue aprobada con nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención. 

Entre los puntos se establece que “es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, podrá establecer cotizaciones obligatorias y las personas tendrán el derecho a elegir el sistema de salud al que deseen acogerse, sea este estatal o privado” y que “la ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales”.

Una de las enmiendas presentada por RN y Evopoli fue rechazada por cuatro votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones. Esta consagraba que “las acciones de salud comprenden el acceso a los medicamentos, cuidados paliativos e insumos médicos en los casos y formas que establezca expresamente la ley”.

Por otra parte, se rechazaron todas las enmiendas y, por consiguiente, fuer aprobado el texto que propuso la Comisión Experta en cuanto al derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.

Entre los puntos se señala que “el derecho a la sindicalización comprende la facultad de los trabajadores para constituir organizaciones sindicales y afiliarse a la de su elección, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional”, “nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical. Los trabajadores gozarán de una adecuada protección en contra de los actos de discriminación antisindical en relación con su empleo”, “la Constitución garantiza el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales”, entre otos.

En línea con esto, se rechazaron dos enmiendas –presentada por UDI y Republicanos– que buscaba eliminar el derecho a huelga o limitarla solo al marco de la negociación colectiva. Mismo resultado tuvo las enmiendas que indicaban que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado y de las municipalidades o de las Fuerzas Armadas.

Por último, la comisión –con voto de la mayoría– aprobó una enmienda de unidad de propósito que establece que “las aguas, en cualquiera de sus estados y en fuentes naturales u obras estatales de desarrollo del recurso, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenecen a la Nación toda. Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de estas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos, en conformidad a la ley”.

La oportunidad de (otra) negociación

Pedir que se retiren, conjuntamente por las bancadas, todas las enmiendas presentadas. Esa fue la invitación que hizo el oficialismo a la oposición. La petición causó la reacción de este último sector.

El mensaje del bloque de Unidad para Chile fue directo. “Dado este contexto, y con una profunda motivación de responsabilidad democrática, hoy invitamos al Partido Republicano y Chile Vamos a que todas las bancadas retiremos conjuntamente la totalidad de las enmiendas presentadas”, propusieron en un comunicado. Así, consideraron, “podremos avanzar en la construcción de un acuerdo político transversal para ofrecerle a Chile una mejor Constitución”.

Desde la oposición, tres fueron los encargados de responder a dicha invitación. El primero fue el consejero constitucional, Luis Silva (PRep), quien catalogó como “inaceptable” dicha acción del bloque oficialista. 

En tanto, la consejera constitucional, Pilar Cuevas (RN) manifestó que desde el inicio, RN y Evopoli ha tenido “la voluntad de llegar a acuerdos”. A esto, añadió que “no es primera vez, es cuarta vez que se extienden los plazos para buscar los tan anhelados acuerdos”.

Desde la UDI, el consejero constitucional, Arturo Phillips, fue concreto y expresó “hechos, no palabras”. Agregó que “hasta ahora hemos hecho todo lo posible y lo que estaba a nuestro alcance, para hacer de este Consejo justo lo opuesto a lo que fue la fracasada Convención Constitucional. Hemos destrabado conversaciones, dejando de lado enmiendas que hacen ruidos”. 

“Nos hemos sentado en mesas de coordinaciones durante meses (…) y hemos entendido que el objetivo están en los acuerdos y no en lo formal”, aseguró.

Asimismo, se dio a conocer que habría otra nueva instancia de conversación para alcanzar diálogos y/o acuerdos. La acción consistía en levantar una mesa de coordinación integrada por cinco representantes de cada bloque.

Por el lado de Unidad para Chile, estaban los comisionados expertos Domingo Lovera, Alexis Cortés, Gabriel Osorio, la comisionada experta, Antonia Rivas y la consejera constitucional, María Pardo (CS).

Desde el otro sector que abarcaba a Republicanos y Chile Vamos, estuvo el comisionado experto Sebastián Soto, los consejeros constitucionales, Luis Silva, Antonio Barchiesi, Arturo Phillips y el asesor, Jorge Barrera.

¿El objetivo? Alcanzar acuerdos y/o negociaciones antes de las 16:00 horas del jueves 7 de septiembre, puesto que en ese horario se retomarían las votaciones. 

Sin embargo, las negociaciones para llegar a acuerdos no dieron humo blanco. Por el contrario, el desacuerdo en ciertos temas continúa. 

Fue en ese contexto que las peticiones del oficialismo de retirar 15 temas que ya se habían aprobado en las comisiones y las solicitudes de la oposición de respetar las votaciones, terminaron por romper la mesa y no avanzar en un consenso.

Lo cierto es que, a pesar de no avanzar con esta mesa, las votaciones en comisión –que se extendieron hasta la madrugada del sábado 9 de septiembre– llegaron a su fin. Ahora, el pleno del Consejo Constitucional deberá revisar el texto constitucional y votar cada uno de los artículos para llegar a tener la propuesta constitucional oficial que se le presentará a la ciudadanía. 

Algunos de los temas que deberá revisar el Consejo son el rodeo como deporte nacional, el arresto domiciliario para reos que padezcan una enfermedad terminal, el derecho a la salud, el derecho a la vida del que está por nacer, entre otros.