Corte de Apelaciones de Concepción ordena a Gendarmería capacitar a personal y directivos en Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales.

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección deducido en contra de Gendarmería y ordenó a la institución coordinarse con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a fin de que capacite a directivos y funcionarios en el Convenio N°169 sobre pueblos indígenas y tribales, los derechos de las personas privadas de libertad y sus visitas, pertenecientes a dichos pueblos.

El fallo señala que es deber del Estado y sus órganos crear mecanismos adecuados para controlar las actuaciones de sus funcionarios, investigar y resolver las quejas y reclamos que se formulen a su respecto, estableciendo procedimientos disciplinarios, administrativos o judiciales apropiados para los casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familiares que los visitan. Tratándose de las personas indígenas, los Estados miembros de la OEA han declarado que ‘adoptarán las medidas necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación, en particular contra las mujeres, las niñas y los niños indígenas’.

Añade que en la especie, si bien no es posible acreditar racionalmente todos los hechos denunciados por los recurrentes, lo cierto es que la forma en que se ha ido ejecutando la regulación general y específica que ha dictado la Dirección Nacional y el Alcaide del CCP Bío Bío, por parte de los funcionarios/as encargados/as de atender a las visitas de familiares y otras personas autorizadas por los internos mapuches ha sido errática, mostrando avances y retrocesos en el respeto y vigencia de los derechos y garantías de estas personas, en especial en lo que concierne a los procedimientos disciplinarios recaídos en familiares de los internos y en funcionarios de Gendarmería, muestra de lo cual es la circunstancia de haberse suspendido y luego reducido la sanción aplicada a Javiera Plaza, por estimar la Jueza de Garantía que era desproporcionada, más allá de encontrarse firme o no la; así como también la reapertura y ampliación de la investigación interna donde se indagan los sucesos objeto de la presente acción constitucional, conforme se informó con fecha 4 de agosto de 2023, constatándose la falta de diligencia y acuciosidad del Fiscal a cargo.