Alcalde no se encuentra facultado para disponer la revocación de la licitación por existir derechos legítimamente adquiridos por la adjudicataria al haberse emitido orden de compra, resuelve Tribunal de Contratación Pública.

El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación interpuesta por Multirentt SpA en contra de la Municipalidad de Constitución, que revocó la adjudicación a favor de Constructora Quillay en la licitación pública denominada “Servicio de pintura exterior museo de Constitución”, ID 2827-44-L122.

La impugnante alegó que de acuerdo a la planilla de evaluación, el municipio, a diferencia del valor considerado respecto de la adjudicataria, consideró el valor IVA incluido ($2.998.493.-), en circunstancias que debía ser neto ($2.519.751.-), por lo que hubo una adulteración en los valores en las planillas de evaluación ofertados, ya que no coinciden con el intemizado subido al portal del Mercado Público, cuya evaluación, por tanto, es totalmente arbitraria y discriminatoria, pues de haberse considerado los valores de manera correcta, le correspondía adjudicar a la actora la licitación, lo cual tampoco fue subsanado por la entidad licitante una vez que se presentó una reclamación, en cuanto negaron haber adulterado los documentos acompañados.

Por otra parte, señala que con ocasión de que a la Municipalidad le faltó agregar algunas partidas al proyecto, revocaron la licitación, lo cual resulta contrario a derecho, en cuanto no sólo ya existía una adjudicación que había generado derechos permanentes para el oferente adjudicado, sino que además afecta a la impugnante, puesto que, de haberse evaluado correctamente, le correspondía a la demandante la adjudicación.