Contraloría General de la República.
Servidora a honorarios que contrae matrimonio con una persona que con posterioridad es designada en un cargo directivo, puede ser traspasada a contrata.
El legislador permite al servidor de menor jerarquía permanecer en el servicio, pero en una unidad en que no se dé una relación jerárquica entre ambos.

La Contraloría Regional de Biobío remitió a la Contraloría General de la República, la consulta formulada por la Municipalidad de Tomé, relativa a si es aplicable la causal de inhabilidad que contempla el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, respecto de una servidora a honorarios que tiene la calidad de cónyuge de un funcionario de la planta directiva de la municipalidad, para los efectos del traspaso a que se refiere el artículo 74 de la ley N° 21.526.
Para fundamentar su respuesta, el Contralor señala que el artículo 74 de la ley N° 21.526, en su inciso primero, facultó a los alcaldes para modificar, durante los años 2023 a 2026, la calidad jurídica de los servidores contratados a honorarios, a suma alzada o asimilados a grado, a fin de pasar a ser contratados bajo las normas del Código del Trabajo -en las condiciones que indique el respectivo decreto alcaldicio-, en aquellos casos en que no sea posible el traspaso a cargos a contrata.
Por su parte, el artículo 54, letra b), de la citada ley N° 18.575, previene que, sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado, las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.
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