Si la adjudicataria no acompaña todos los antecedentes exigidos por las Bases de la Licitación el Acta de Evaluación y Proposición de Adjudicación, junto al Decreto Alcaldicio que adjudica la licitación pública, adolecen de ilegalidad.

El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación interpuesta en contra de la Municipalidad de Canela, que adjudicó a la Unión Temporal de Proveedores (UTP) la licitación pública denominada “Construcción Estadio Municipal de Canela”.

El impugnante alegó que a pesar de que la adjudicataria acompañó la declaración jurada sin la firma de cada integrante de la UTP y que no presentó el último Balance General para cada proveedor involucrado en la UTP autorizado por un auditor externo con inscripción vigente en la Superintendencia de Valores y Seguros, como así tampoco acompañó el certificado bancario que acredite la antigüedad de la cuenta, historial de protestos y capital comprobado al día de la emisión, debiendo ser numerado, timbrado y firmado exclusivamente por el Agente de la sucursal bancaria que lo emita, respecto de cada proveedor involucrado en la UTP, el municipio le adjudicó la licitación a dichos proveedores, luego de que la Comisión Evaluadora le otorgara una puntuación de 53.56 puntos y a la reclamante un puntaje de 53.44, es decir, se le otorgó un mayor puntaje, en circunstancias que la adjudicataria no cumplió con la totalidad de documentación exigida por las Bases.

En mérito de ello, solicita que se declare la ilegalidad del proceso de adjudicación y que se ordene al Municipio retrotraer la licitación al estado de realizar una nueva evaluación de las ofertas por una Comisión no inhabilitada, considerando solo la oferta del impugnante.