La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un seguimiento a las medidas cautelares dictadas en favor de unos fiscales peruanos y su núcleo familiar. Decidió mantenerlas y ampliarlas para proteger su vida e integridad, al constatar que los factores de riesgo que fueron detectados en la primera oportunidad se han mantenido en el tiempo.
En 2021, la CIDH dictó medidas cautelares en favor de un fiscal integrante de un equipo especial contra la corrupción, en un contexto de inestabilidad social y política dados los acontecimientos electorales ocurridos aquel año. Debido a su labor fue objeto de múltiples amenazas y hostigamientos, tanto en redes sociales como en forma presencial. Posteriormente se solicitó ampliar las medidas dictadas para proteger a un segundo fiscal que también ha sufrido actos de intimidación, en el contexto ya señalado.
En su análisis de fondo, la CIDH observa que “(…) determinados hechos, tales como los hostigamientos en la vía pública o manifestaciones agresivas en el lugar de trabajo o residencia configuran un riesgo considerable y deben entenderse como amenazas inminentes. Dichos eventos ponen en riesgo la vida e integridad personal de las personas objeto de estos, además de generar intimidación, angustia y temor. La conjunción de las menciones negativas en redes sociales y los hostigamientos y arengas en discursos públicos deben entenderse como amenazas directas a la integridad personal de la persona”.
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En el caso concreto, advierte que “(…) dada la continuidad de los factores de riesgo en el marco del presente asunto, resulta necesaria la adopción inmediata de medidas que representen una respuesta integral frente a la naturaleza del riesgo. Asimismo, se recuerda que, si bien los mecanismos de protección material tendientes a la protección frente a situaciones de riesgo es importante, es necesario tomar en cuenta un enfoque integral y preventivo”.
Agrega que “(…) el impacto diferenciado que la situación descrita pueda tener en las labores del propuesto beneficiario como fiscal y las garantías necesarias para ello. De persistir dicha situación, se genera un impacto amedrentador no solo en el propuesto beneficiario, sino en otros fiscales que impulsen investigaciones sobre delitos de corrupción que involucren a ex altas autoridades o personas de alta visibilidad en el país bajo el actual contexto”.
La CIDH concluye que “(…) la vigencia de las fuentes de riesgo de los fiscales y su relación con los eventos que vienen enfrentando actualmente, reflejan que su situación requiere la inmediata intervención del Estado, como también fue valorado por la propia seguridad de los propuestos beneficiarios. Su situación continuará intensificándose en la medida que avancen las investigaciones del Equipo que lideran al interior del Ministerio Público en el actual contexto”.
Al tenor de lo expuesto, la CIDH decidió mantener y ampliar las medidas cautelares dispuestas para proteger la vida e integridad de los fiscales y su núcleo familiar, al estimar que en el asunto se siguen cumpliendo los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de irreparabilidad.
Vea resolución Comisión Interamericana de Derechos Humanos No. 576-21.