El estado de infraestructura del puente hamaca representa una amenaza a la vida y a la integridad personal de la accionante y de sus agenciados. En primer lugar, la Corte insiste en que las autoridades tienen el deber de proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia.

Los procesamientos indebidos, que fueron reconocidos por el Estado se inscriben en un contexto más amplio de actos de violencia, de estigmatización, de desprestigio y de descrédito hacia los integrantes y dirigentes del partido político UP quienes eran sistemáticamente señalados como auxiliadores de la guerrilla. En ese marco, se produjeron vulneraciones a los derechos que se extienden más allá de las esferas de los derechos al debido proceso y a la libertad personal.

A la luz de las recomendaciones médicas, la falta de atención médica adecuada y la situación médica actual del propuesto beneficiario, la CIDH considera, por el criterio prima facie del mecanismo de medidas cautelares, que los derechos a la vida, integridad personal y salud del hombre se encuentran en grave riesgo.

La afectada fue víctima de violación sexual perpetrada por cinco reclusos, no se le brindó atención médica especializada, ni se tomaron medidas para proteger su integridad, se la trasladó a un recinto hacinado y el proceso penal en su contra se prolonga por más de 20 años.

Los procedimientos administrativos y judiciales que involucran la protección de los derechos de la niñez, particularmente aquellos relacionados con la adopción, guarda y custodia en la primera infancia, deben ser tramitados con diligencia y celeridad excepcional, para que la situación de incertidumbre se mantenga por el menor tiempo posible y genere el menor impacto en la integridad física, psíquica y emocional del niño y de su núcleo familiar.

La falta de debida diligencia en el proceso que se inició a raíz de la denuncia interpuesta y el incumplimiento de los estándares interamericanos del plazo razonable hicieron nugatorio el acceso a la justicia de la afectada en un alegado caso de violencia obstétrica y mala praxis médica cometida por agentes no estatales.

La vigencia de las fuentes de riesgo de los fiscales y su relación con los eventos que vienen enfrentando actualmente, reflejan que su situación requiere la inmediata intervención del Estado. Su situación continuará intensificándose en la medida que avancen las investigaciones del Equipo que lideran al interior del Ministerio Público en el actual contexto.

Las autoridades realizaron una investigación tardía e ineficiente para esclarecer las circunstancias en las que murió el hombre, que habría fallecido tras sufrir una golpiza por parte del personal del centro psiquiátrico en que residía. Según la Corte, las diligencias investigativas no se adecuaron a los estándares internacionales.

Es indispensable que el Estado avance de forma prioritaria en la elaboración y suscripción del contrato que señaló que FONASA celebrará con el prestador de servicios de salud privado. Ello, con el fin de que se garantice que la cobertura del tratamiento médico otorgada a través de dicho contrato entre en vigencia de forma inmediata una vez culmine la cobertura del actual seguro de la menor.

Una comprensión e interpretación sistemática de la Constitución exige que la totalidad de los actores que conforman la vida en sociedad asuman el compromiso no solamente de evitar la comisión de actos que discriminen y violenten a la mujer, sino el de adelantar acciones que, en armonía con el cumplimiento de las obligaciones propias de un Estado social de derecho, generen un ambiente propicio para que la mujer encuentre la protección de sus derechos.