Diario Constitucional

Extradición pasiva.

Extradición de ciudadano ecuatoriano para ser juzgado en su país por un delito de homicidio calificado, se acoge por ministro instructor de la Corte Suprema.

En el año 2014, el requerido fue acusado de participar en el asesinato de un particular en la ciudad de Quevedo, Ecuador. El ministro instructor estimó que los hechos revisten la gravedad suficiente para que el imputado sea enviado de regreso a su país a enfrentar a la justicia, en atención a los antecedentes acompañados por el Estado requirente, que dieron cuenta de los indicios serios de participación del acusado.

Por Redacción·21 de diciembre de 2023·3 min de lectura
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El ministro instructor de la Corte Suprema, Leopoldo Llanos, acogió la solicitud de extracción interpuesta por el Estado ecuatoriano, en contra de uno de sus ciudadanos avecindado en nuestro país, para ser juzgado por un delito de homicidio calificado en el que se le atribuye participación, cometido en la ciudad de Quevedo, Ecuador, en mayo de 2014.

El 19 de mayo de 2014, a las 14.40 horas, en un sector de la ciudad de Quevedo, el requerido, junto a otro sujeto, habrían interceptado un particular mientras se retiraba de un velorio, procediendo el encartado a propinarle varios disparos con un arma de fuego, producto de los cuales la víctima falleció mientras era trasladado al hospital.

El ministerio público, en representación del estado requirente, acompañó todas las piezas del proceso, en las que se desprende la participación del requerido, que huyó luego de los hechos hacia Chile con el fin de burlar a la justicia de su país. Asimismo, el ente persecutor hizo notar que los antecedentes adjuntos son suficientes para presentar acusación -de haber ocurrido los hechos en Chile-, cumpliendo en la especie con las exigencias de doble incriminación, penalidad mínima, y delito común. Respecto del plazo de la acción penal, sostuvo que aquella no ha prescrito, pues la ley penal ecuatoriana asigna penas de crimen a los hechos investigados, por ende, aún se encuentra vigente el plazo de 10 años para perseguir el ilícito.

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