No hay ninguna razón para que el acuerdo que supone la pertenencia a una asociación ilícita por parte de militares durante la dictadura, no pueda ser tácito, resuelve Corte Suprema de Argentina.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, acogió la impugnación y revocó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el fallo de instancia que declaró el sobreseimiento de los acusados por el delito de asociación ilícita por hechos calificados como delitos de lesa humanidad.

El recurrente alegó que se falló de manera arbitraria, ya que, si bien no se pudo acreditar que hubo un acuerdo expreso entre los acusados durante la dictadura para cometer un sinnúmero de delitos de lesa humanidad, el solo hecho de que el plan de las fuerzas armadas se denominara la “lucha contra la subversión” y se dividieran en varias zonas del país, resulta imposible que los delitos se hayan cometido por un grupo integrado por menos de tres personas. De ese modo, no pueden ser sobreseídos por el delito de asociación ilícita, pues hubo un acuerdo entre ellos.

El máximo Tribunal, refiere que, “(…) acertado o no, el argumento esgrimido por el a quo para descartar la existencia del acuerdo asociativo típico presta solo fundamentos aparentes y carece de sustento suficiente para justificar la definitiva eliminación de la acusación de estos imputados respecto del delito de asociación ilícita. Así lo sostiene el Procurador General cuando refiere que “la cámara desconoce, infundadamente, que el 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas asumieron la suma del poder público, tras derrocar a aquel gobierno constitucional” y “los jueces no se hicieron cargo de explicar cómo puede conciliarse tal circunstancia fáctica incuestionable, con su tesis de que los militares responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto actuaron, en rigor, siguiendo las órdenes del gobierno constitucional que ellos mismos habían derrocado”.