El Tribunal Supremo de España desestimó el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, que confirmó el fallo de instancia que acogió una demanda de intromisión ilegítima al derecho al honor.
Los recurrentes alegaron que se falló vulnerando la libertad de expresión y de información, ya que, independientemente de que los demandados, como consecuencia de que el actor decidió suspender un partido de balonmano infantil al no considerar seguro que los jugadores compitieran con gafas, publicaron y difundieron en Facebook que al romperle aquel la ilusión a unos niños, requería tratamiento médico, para lo cual comentaron que deberían hacer una colecta para pagarla, en cuanto era “enfermito, lleno de frustraciones, que tuvo una infancia infeliz y jodida y que, lo que le hacía falta era amor… unos 21 cm”, la intromisión al derecho al honor queda excluida por la libertad de expresión.
El máximo Tribunal refiere que, “(…) el honor es un derecho fundamental, íntimamente enraizado con la dignidad de las personas, que constituye un atributo que corresponde a todos los seres humanos”.
Agrega que, “(…) esta sala ha manifestado, de forma reiterada, que el derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal, entendida ésta como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, e impide la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente su descrédito”.
Por otra parte, señala que, “(…) los demandados son titulares del derecho a la libertad de expresión que no solo protege las ideas inofensivas o indiferentes, sino también las que hieren, ofenden o importunan, dado que así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe ninguna sociedad democrática.”
No obstante lo anterior, advierte que, “(…) la libertad de expresión no es un derecho absoluto, que proteja, de manera ilimitada, cualquier manifestación del pensamiento, idea u opinión, sino que esta libertad tiene su límite en el respeto a los derechos de los demás, entre los que se encuentra el derecho fundamental al honor (arts. 18.1 y 20.4 CE), lo que exige, cuando colisionen entre sí, llevar a efecto un juicio de ponderación circunstancial de prevalencia.”
Desde esa perspectiva, el fallo señala que “(…) la jurisprudencia ha resuelto que prima el derecho al honor cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y, por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental.”
Puntualiza el fallo, que “(…) los recurrentes no se limitaron a criticar la suspensión del partido de balonmano llevada a efecto por el demandante, en su condición de árbitro, sino que se dedicaron a descalificarlo en su esfera personal y también profesional como policía local, de forma absolutamente desproporcionada, por el significado objetivo de las frases proferidas y por la ausencia de vinculación con respecto a su actuación arbitral, en la que tampoco, además, tiene que soportar comentarios notoriamente vejatorios”.
En ese sentido observa que, “(…) los demandados han sobrepasado con creces los límites de la libertad de expresión, sin que se produzca colisión alguna con respecto a la libertad de información.”
Finalmente, señala que “(…) la identificación del destinatario de las ofensas no requiere su designación con nombres y apellidos, cuando aquélla resulte posible, siquiera para las personas de su círculo más próximo, por las referencias indirectas o las circunstancias concurrentes.”
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Concluye que, “(…) estas expresiones sobrepasan los límites de la libertad de expresión para atentar frontalmente contra el honor del demandante y su dignidad como persona.”
En base a esas consideraciones, el Tribunal rechazó el recurso de casación y condenó en costas al recurrente.
Vea sentencia Tribunal Supremo de España Rol N°1724-2023.