Necesidad de cautela.
Examinar los antecedentes fácticos que sustentan la prisión preventiva decretada, excede los fines de la acción de amparo, resuelve Corte de La Serena.
La discusión se limita a la necesidad o proporcionalidad de la medida cautelar impuesta, en atención a los antecedentes del amparado, a la dinámica de los hechos y la participación que en ellos corresponde al mismo.

La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra del Juzgado de Garantía de la misma ciudad, que decretó prisión preventiva en contra de un imputado por el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado.
El recurrente alegó que el tribunal, con ocasión de la formalización del Ministerio Público, decidió decretar la medida cautelar de prisión preventiva por considerar al amparado un peligro para la sociedad, en circunstancias que es la primera vez que ha sido imputado de un delito, no tiene antecedentes penales, tiene sólo 20 años, y se trata de un delito contra la propiedad, respecto del cual no ingresó al domicilio a sustraer las especies como sí lo hicieron los coimputados, por lo que al haber permanecido durante todo el robo al interior del vehículo, es cómplice, mas no autor del delito. Por ello, la medida cautelar decretada no es necesaria, menos si se compara con el resto de los coimputados a quienes también se les decretó la prisión preventiva por mantener antecedentes penales.
El recurrido informó que, “(…) de los mismos antecedentes que se refieren en la resolución recurrida, se advierte que el imputado en cuestión participa en la ejecución del hecho de manera inmediata y directa, por cuanto es el conductor del móvil en que se desplazan los coimputados. Sin perjuicio de lo anterior, si se estima, como lo pretendía la defensa, que el recurrente solo facilitó el móvil, cooperando con la ejecución del delito, ello supone que no exista concierto previo entre el autor y cómplice para su ejecución, en la especie de las imágenes que fueron exigidas, se advierte que todos estaban coludidos para la ejecución del delito, descartando con ello la hipótesis de complicidad, situando al recurrido como autor inmediato y directo, o en la hipótesis del artículo 15 N° 3 del Código Penal.”
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