Acción de impugnación acogida.
Prestación de servicios a Corporación Municipal no puede ser considerada como experiencia en el sector público, en cuanto son personas jurídicas de derecho privado, resuelve Tribunal de Contratación Pública.
No solo se infringió el principio de estricta sujeción a las bases, sino que, además, el principio de igualdad de los oferentes, desde el momento que al haberle asignado a ese oferente el máximo puntaje en el subcriterio de experiencia de la empresa en el mercado con documentación que no cumplía con los requisitos establecidos por las bases, quedó en situación de privilegio frente a sus oponentes.

El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación interpuesta por Fortunato y Asociados Ltda. en contra de la Municipalidad de La Calera por adjudicarle a Danilo Cerda Pradenas la licitación pública denominada “Contratación auditoría externa Municipalidad de La Calera”.
La impugnante alegó que la Comisión Evaluadora le atribuyó a la adjudicataria la más alta puntuación a los criterios de experiencia en el mercado de auditorias similares, en circunstancias que debió ser excluida su oferta, en cuanto los servicios no fueron prestados a organismos públicos como exigían las Bases, sino a personas jurídicas de derecho privado, como son corporaciones municipales. Además, si bien prestó servicios a otros municipios, lo cierto es que, de acuerdo con los documentos acompañados por el oferente, no se expresa si se prestaron conforme, como así tampoco dicen relación con los servicios de características similares, desde que se trataría de una asesoría y no de auditoría. De ese modo, se ponderó de manera incorrecta los antecedentes presentados al haberse asignado el puntaje máximo al oferente adjudicado, por lo que, al no ajustarse la acreditación a los requisitos dispuestos en las bases, se dio origen a una evaluación deficiente y contraria al principio de estricta sujeción a las bases, dejando en evidencia su arbitrariedad en el proceso licitatorio.
En mérito de ello, solicita que se declare nulo y se deje sin efecto el acto administrativo de adjudicación impugnado y que se declare la obligación de indemnizar a su empresa los perjuicios ocasionados.
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