Norma que permite sólo apelar en contra de la sentencia definitiva que acoja la oposición del deudor en un procedimiento de liquidación forzada, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 128, inciso primero, de la Ley 20.720, ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo.

El precepto legal impugnado establece:

“Artículo 128.- De la sentencia definitiva. La sentencia definitiva que acoja la oposición del Deudor deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y, con ocasión de ella, cesará en sus funciones el Veedor. Contra esta sentencia procederá únicamente el recurso de apelación, el que se concederá en ambos efectos y gozará de preferencia extraordinaria para su inclusión a la tabla y para su vista y fallo. Contra el fallo de segunda instancia no procederá recurso alguno, sea ordinario o extraordinario.” (…) (Art. 128, inciso primero, Ley 20.720).