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Polémico control de natalidad.

Más de cien mujeres inuit demandan a Dinamarca por haber sido víctimas de esterilización forzada.

El objetivo perseguido por las autoridades de la época era limitar el crecimiento demográfico en Groenlandia, impidiendo los embarazos, ya que la población de la isla ártica estaba aumentando rápidamente en ese momento debido a una mejora de las condiciones de vida y a una mejor atención médica.

13 de marzo de 2024

Un grupo de mujeres indígenas de la etnia inuit demandó a Dinamarca por obligarlas a utilizar dispositivos anticonceptivos intrauterinos en las décadas de 1960 y 1970,  exigiendo por ello una indemnización total de más de 6 millones de euros. Cada una solicita 300.000 coronas (40.000 euros).

Se trata de 143 mujeres inuit que acusaron a las autoridades sanitarias danesas de haber violado sus derechos humanos al implantar en sus cuerpos un dispositivo comúnmente conocido como “bobina”. Algunas de las demandantes, que en aquel entonces eran adolescentes, manifestaron que no estaban al tanto de lo sucedido y que nunca expresaron su consentimiento.

El objetivo perseguido por las autorizadas de la época era limitar el crecimiento demográfico en Groenlandia, impidiendo los embarazos, ya que la población de la isla ártica estaba aumentando rápidamente en ese momento debido a una mejora de las condiciones de vida y a una mejor atención médica. El pequeño dispositivo en forma de T, hecho de plástico y cobre y colocado en el útero, impide que los espermatozoides fertilicen el óvulo.

En 2020, la primera ministra Mette Frederiksen pidió disculpas a 22 niños de Groenlandia que fueron llevados a la fuerza a Dinamarca en 1951 en el marco de  un experimento social fallido. El plan era modernizar Groenlandia y dar a los niños inuit una vida mejor mediante la reeducación forzada,  para que más tarde regresaran a casa y fomentaran vínculos culturales.

En 2022, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia iniciaron una investigación sobre el programa, cuyo resultado se conocerá recién el próximo año. Las autoridades aseguran que hasta 4.500 mujeres y niñas (casi la mitad de las mujeres fértiles de Groenlandia) recibieron implantes entre los años 1960 y mediados de los 1970.

La abogada demandante señaló que las afectadas no esperarán hasta entonces y que la única opción para ellas era buscar justicia a través de los tribunales.

«Las mayores tenemos más de 80 años y, por lo tanto, no podemos esperar más. Mientras vivamos, queremos recuperar nuestro respeto por nosotras y por nuestros úteros”, indicó una de las demandantes en una entrevista.

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