Desestimar la extradición por un excesivo rigor formal de lo exigido por la Convención sobre Extradición suscripta en Montevideo en 1933, no se aviene a Derecho.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina revocó la decisión del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, que declaró improcedente la extradición solicitada por la República de Panamá de una acusada por el delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales.

El Ministerio Público Fiscal, alegó que si bien el artículo 5, inciso b de la Convención sobre Extradición suscripta en Montevideo en 1933 exige para la extradición que se acompañe una copia auténtica de la orden de detención emanada de juez competente, la orden de Fiscalía Especial Anticorrupción del Estado de Panamá, que en definitiva solicitó la captura internacional fue reforzada con una resolución judicial que solicitó la detención preventiva con fines de extradición, es decir, dicha resolución no puede considerarse sólo como una medida provisional para permitir el arresto preventivo de la requerida durante el trámite extraditorio, sino que, se trata de una intervención de un juez competente que solicita la orden de detención que ya había sido insertada por Fiscalía mediante la autorización dirigida a la INTERPOL en contra de la requerida.

Al respecto, el máximo Tribunal refiere que, “(…) la resolución apelada desatiende la secuencia de la actuación estatal verificada tanto en la causa extranjera como así también en el sub lite, incurriendo en un excesivo rigor formal que privó de todo valor y efecto al contenido material del auto jurisdiccional extranjero.”