Autoridades deben ponderar derechos de vendedores ambulantes al implementar políticas de recuperación del espacio público, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela deducida por una vendedora ambulante que fue desalojada de su lugar de trabajo por las autoridades de su ciudad. Amparó sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la libertad de escoger profesión, al estimar que no se le presentaron alternativas de reubicación en tiempo y forma para ejercer una actividad de subsistencia.

La accionante, una mujer 72 años de edad con dificultades socioeconómicas, fue desalojada en el marco de un plan de recuperación del espacio público llevado a cabo por las autoridades, las cuales rechazaron incluirla en un censo para el “reconocimiento de los ocupantes de este plan y su inclusión en planes de beneficios por parte del municipio”. La mujer accionó judicialmente para revertir esta decisión, alegando que la autoridad la había privado de su única fuente de sustento.

Por su parte, la autoridad municipal contestó que la accionante no solicitó apoyo en su condición de adulta mayor, en condición de vulneración, y que durante el proceso se respetaron las garantías del debido proceso. El tribunal rechazó la acción por estimarla improcedente, por lo que el asunto debía ser resuelto en sede constitucional.