Sistema penitenciario en crisis
Cárcel: encierro y castigo
Más allá de las discusiones teóricas, lo cierto es que la pena privativa de libertad ha alcanzado una justificación en el marco de los derechos humanos.
La doctrina penal durante décadas ha intentado justificar el uso de la pena privativa de libertad. En su mayoría, las distintas teorías de la pena, centran el fin punitivo desde una perspectiva positiva en donde el castigo es un bien para la sociedad o para la persona condenada.[1]
Más allá de las discusiones teóricas, lo cierto es que la pena privativa de libertad ha alcanzado una justificación en el marco de los derechos humanos. El art. 5.6 de la CADH asigna a la pena un fin de reforma y readaptación de la persona condenada, objetivo que, nuestro legislador, ha ampliado a las penas sustitutivas de la Ley N° 18.216.
En este escenario convencional y legal, la pena es justificada en cuanto tenga por objeto la reinserción social de la persona condenada.
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