Derecho a la alimentación y políticas públicas.

Días atrás se dio a conocer el Informe de la FAO titulado “Estado de la inseguridad alimentaría en el mundo 2014”. Se trata del resultado de un trabajo coordinado de cientos de organizaciones no gubernamentales a lo largo del mundo desarrollado para, entre otros objetivos, verificar el cumplimiento del desafío que se estableciera en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996: reducir a la mitad el número de personas desnutridas antes del año 2015. Las cifras, miradas globalmente, son aterradoras: 805 millones de personas en el mundo pasan hambre: uno de cada nueve habitantes del planeta y se calcula que cada siete segundos muere de hambre un niño menor de 10 años. Sin embargo, las cifras son promisorias en comparación al Informe anterior. Pese a las sequías e inundaciones que ha conllevado el cambio climático y gracias, en gran medida, a la mayor estabilidad política de países intensivos en agricultura y ganadería, los números se han reducido desde el Informe 1992. En América Latina, el porcentaje de hombres, mujeres y niños que sufren subalimentación cayó del 15,3% al 6,1%. Y en cuanto a cifras locales, en Chile, sufre hambre menos del 5% de la población, contrastando con Haití, país donde ese porcentaje excede del 20%, con un 51,8% de población crónicamente subalimentada.

Las estadísticas de la FAO, el diagnóstico y las sugerencias que a partir de ellas se formulan, deben ser entendidas como parte de la implementación de lo que se podría conceptualizar genéricamente como el “derecho a la alimentación”. Su raíz se encuentra en el articulo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos que refiere al derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado, que le asegure, asó como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación…”; pero se encuentra explicito y directamente recogido, en el articulo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que menciona “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”. El “derecho a la alimentación”, suele ser ubicado, dentro de la clasificación generacional de los derechos humanos, en la categoría de los de segunda, frente a los de primera generación, que serían los derechos civiles y políticos. Pero no ha sido siempre sólo un tema generacional sino de prioridad, pese a que salta a la vista que la violación persistente del derecho a la alimentación priva a una persona del derecho a la vida y a la integridad física y síquica y a su dignidad personal y en última instancia afecta a otros derechos secundarios como a la educación o al trabajo.

Durante la guerra fría y hasta el derrumbe del comunismo, la prioridad la tenían los derechos civiles y políticos. Con todo, ya a mediados o fines de los años 70 la escasez generalizada de alimentos por la crisis del petróleo y el incremento de la población mundial llevó a reflotar el tema bajo el concepto de “seguridad alimentaria”, centrándose en la producción y disponibilidad de alimentos a nivel mundial y nacional. A partir de 1980, se comienza a experimentar un cambio de énfasis, esta vez hacia los derechos que las personas pueden invocar como determinantes para satisfacer sus necesidades, lo que implica el derecho de dominio sobre los recursos. Así la lucha contra el hambre se enfoca hacia la seguridad alimentaria familiar a través de los medios disponibles.