El debate en torno al Derecho Internacional y la Constitución.

El Derecho Internacional se establece a partir de la voluntad de los Estados, esto significa que ellos se obligan solo a aquello que soberanamente decidan y sus normas, entre las cuales están las de los tratados, surgen de aquella voluntad. Además, las autoridades competentes para otorgar el consentimiento para vincular al Estado a un acuerdo deben cumplir con las normas que el derecho interno disponga, particularmente en su Constitución. En Chile el Presidente de la República es el que tiene la facultad de ratificar los tratados, previa aprobación del Congreso Nacional. Existe también preceptuada la posibilidad que ellos queden sujetos a control preventivo de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional (TC).

En este proceso que lleva al Estado a vincularse a un tratado internacional debe resguardarse el principio de supremacía constitucional, además de observar si existe alguna eventual colisión con otras normas de derecho interno, que deban ser ponderadas en resguardo del interés nacional, lo que puede llevar a concluir que se estime no conveniente vincularse a un determinado tratado. La aplicación de estos procedimientos ha tenido lugar en nuestro país. Un ejemplo de aplicación del principio de supremacía constitucional fue lo ocurrido con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual pudo ratificarse solo después de modificada la Constitución, dado a que el TC había declarado algunos de sus artículos como inconstitucionales. Existen otros acuerdos, como el Convenio 169 de la OIT que debió esperar más de 17 años para alcanzar la aprobación del Congreso. El último tratado que enfrentó una farragosa discusión fue el TPP 11.

Ciertamente, una vez otorgado el consentimiento para obligarse por un tratado, como ocurre con todo acuerdo que se celebre -incluso de derecho privado- es deber cumplirlo y dar la certeza jurídica al respecto. A este respecto Chile, en su historia democrática, ha sido respetuoso del Derecho Internacional, situando esta conducta como uno de los principios permanentes de su política exterior. La inserción internacional del país, ligada a sus intereses permanentes, ha tenido entre sus bases cumplir los tratados toda vez que ellos, entre otros aspectos, determinan sus fronteras con los países vecinos, regulan el respeto a los derechos fundamentales de su población, fijan su pertenencia a las organizaciones internacionales, regulan su relaciones económicas y comerciales con los demás Estados, constituyen el fundamento jurídico de su proyección marítima, entre otras materias.