Participación convencional indígena y la nueva consulta.

Uno de los grandes temas que transversalmente ha marcado la discusión constitucional del último período republicano, ha consistido en buscar la fórmula más idónea que asegure una amplia participación de los pueblos indígenas en el nuevo diseño de Carta Fundamental que en los próximos meses será propuesto a la ciudadanía. En su oportunidad, los escaños reservados marcaron el inicio de un proceso que, como es de suponer, en la Convención Constitucional se terminará de profundizar, tanto en lo que incumbe al delineamiento institucional del Estado –el fin último de todo–, como en aspectos procedimentales.

La ritualidad pasa así a erigirse en una suerte de garantía que –se aduce– vendría a canalizar las voces de los pueblos en torno al estatuto constitucionalizable en la nueva arquitectura jurídica, por cuanto sin ella existiría un inminente riesgo: disminuir su legitimidad.

Y es en ese contexto que el Reglamento provisional de la Convención Constitucional encomendó –entre otras materias– a casi la totalidad de las nueves comisiones creadas, abordar la participación desde diferentes perspectivas: una de ellas, fue la Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios, cuyo objeto consistió en proponer a la Convención Constitucional los mecanismos pertinentes, permanentes, vinculantes y continuados de participación y consulta para todos los pueblos indígenas.