Pocahontas y casinos de juego en EEUU. Las paradojas de la integración tribal.

Hace algunos días, una nota periodística recordaba la fascinante historia de Pocahontas, la princesa india, hija del Jefe Powhatan, que en Jamestown, en el siglo XVII, salvó la vida al capitán John Smith, se casó, se convirtió al cristianismo y causó sensación en la Corte de Jacobo I de Inglaterra como Lady Rebeca Rolfe. La Powhatan fue una de las seis tribus nativas americanas que junto a los Pamunkey, formaron la confederación Tsenamococo. La nota de prensa mencionaba que los Pamunkey están a la espera que la Oficina de Asuntos Indígenas (Bureau of Indian Affaires) los reconozca como tribu federal, la primera del Estado de Virginia. Tal posibilidad ha alarmado al holding MGM, que está construyendo en la zona un complejo de juegos con una inversión de 1.200 millones de dólares. ¿Cómo puede explicarse que una tribu nativa de no más de 200 personas en la actualidad, sea considerada como una amenaza para un holding empresarial? Se explica por el complejo sistema de incentivos y protecciones que contempla el derecho norteamericano para las tribus nativas, el mismo que hace diez años permitiera a la tribu Seminole adquirir casi todos los hoteles, restaurantes y casinos de la cadena HardRock en los Estados Unidos. Llama la atención, pero el mismo Estado federal que durante el siglo XIX diezmó a la población nativa, principalmente con ocasión de la expansión hacia el oeste, mediante epidemias, el exterminio de los bisontes, con matanzas indiscriminadas con armamento de guerra y finalmente mediante los desplazamientos forzosos a las “reservas”; es el mismo Estado que ha llegado a tener uno de los estatutos más modernos y eficaces del mundo para integrar al desarrollo a la población originaria, respetando sus culturas.

A ese estado de cosas se ha llegado tras un largo proceso. Hay que remontarse a los inicios de la Unión. Luego de la declaración de la independencia, el Congreso Continental, mediante la Ordenanza del Noroeste de 1787, afirmó la propiedad de los Estados Unidos sobre los territorios que se extendían más allá de las trece colonias originales -reconociendo al mismo tiempo el derecho de posesión de los nativos sobre esas tierras- y estableció que sólo el gobierno federal podría celebrar tratados o adquirir tierras a los indígenas. Conforme a la Constitución, las tribus eran tenidas como entidades políticas independientes, externas a los Estados Unidos, quedando el Congreso como encargado de conducir las relaciones con ellas. Desde el primer Tratado con los indios Delaware, hasta fines del siglo XIX se celebraron cientos de tratados, que inicialmente se centraban en los derechos de caza y pesca, y a partir de 1820 en las cesiones de tierras. Debe considerarse que de 1830 es la llamada Indian Removal Act o ley de traslado forzoso, que significó el arrinconamiento en reservas y el aislamiento respecto del hombre blanco, de las cinco tribus “civilizadas”: los Chickasaw, los Choctaw, los Creek, los Seminola, y los Cheroquio. Paralelamente, entre 1823 y 1831, mediante tres sentencias dictadas por la Suprema Corte y redactadas por el recordado Juez John Marshall (Johnson v. McIntosh, Cherokee Nation v. Georgia y Worcester v. Georgia), quedó consagrado un estatuto relativamente claro: las tribus tienen un cierto grado de soberanía que sólo puede estar limitada o anulada por el gobierno federal, a cambio de lo cual éste tiene una obligación moral de tutela para con las tribus, que se manifiesta asumiendo la responsabilidad de su bienestar, salud y educación entre otras materias.

En 1880, mediante la General Allotment Act, (ley de loteos) complementada en 1887 con la Ley Dawes, la Oficina de Asuntos Indígenas quedó facultada para dividir las tierras de las comunidades de las reservas en lotes para ser entregados en forma individual a los miembros de las tribus, junto con concederles ciudadanía. Se insertó así un concepto extraño a las Tribus: el de propiedad privada Este proceso de asimilación acelerada unido al triunfo definitivo del ejército federal en 1890 con la masacre de Wounded Knee, significó por diversos motivos, una reducción significativa del “territorio indio” a nivel del país –de 55 millones de hectáreas en 1887 a 19 millones en 1934- , situación que trató de revertirse este último año con la Ley de Reorganización Indígena, mediante la cual se procedió a devolver a las tribus los loteos que aún no habían sido transferidos a terceros y se promovió el autogobierno, mediante la adopción de constituciones similares a las que regían al Gobierno federal. Años después, durante la década de los 50 se implementó la política de “finalización” de la relación de tutelaje, reubicando a los miembros de las tribus en las ciudades y convirtiendo sus tierras en propiedad privada de terceros; todo lo cual trajo consigo un impacto social muy grande. Recién a partir de 1960 se instala en forma definitiva la política de autogobierno de las tribus nativas en un contexto de “tutelaje a distancia” por parte de la Oficina de Asuntos Indígenas dependiente del Departamento del Interior. Como parte de esta política se ha ido creando un complejo cuerpo legislativo, en el que destacan la Ley de Autodeterminación Indígena y Ayuda a la Educación (1975), la Ley para la Mejora de la Atención de Salud Indígena (1976), la Ley de Protección de Menores Indígenas (1978), la Ley de Libertad Religiosa de los Indígenas Norteamericanos (1978), la Ley para la Protección de Sepulturas y Repatriación de Restos de Indígenas Norteamericanos (1990), la Ley de Arte y Artesanías Indignas (1990) y la Ley de Reforma del Fideicomiso Indígena (1994), relacionada con los fideicomisos individuales de tierras que se establecieron conforme a la Ley General de Distribución de Tierras del año 1887.