La Convención Constitucional ha aprobado una norma que establece dos sistemas de justicia paralelos en Chile: uno para los chilenos y otro para los indígenas. ¿Cómo operará esto? Nadie lo explica.

Me pregunto: ¿En qué territorio se aplicará la justicia indígena si Chile es un estado unitario poblado por chilenos en todas partes? ¿Qué sistema de justicia se aplicará a un conflicto entre un chileno y un indígena? ¿Quedarán los chilenos sometidos a la jurisdicción indígena en ese caso? ¿Ante qué justicia reclamarán los agricultores, parceleros, pobladores y pescadores por los atropellos a sus personas y propiedad perpetrados por la violencia indígena de carácter terrorista que opera en la macro zona? ¿Ante quién reclamarán los camioneros por los asesinatos cometidos por la guerrilla y la destrucción de sus herramientas de trabajo? ¿Se convertirá la justicia indígena en el modo legal de despojar de sus tierras a los agricultores y parceleros que siempre recibirán sentencia desfavorable cuando reclamen por la toma ilegal de sus predios? ¿Será la justicia indígena la que declare que esos pueblos son dueños del mar, tierras, ríos, lagos, montañas, pueblos y caletas para justificar la violencia, el atropello y la confiscación? ¿Se entregarán los chilenos al despojo de sus legítimas posesiones por sentencias de la justicia indígena? En fin, ¿Será la justicia indígena el factor de desigualdad ante la ley, que rompe el estado de derecho de un país y es fuente de conflictos y enfrentamientos?

Chile es un solo país, una sola raza, una sola Nación y un solo pueblo y por eso debe continuar un solo sistema de administración de justicia aplicable a todos por igual, única forma de asegurar el estado de derecho y la igualdad ante la ley para todos.

Francisco Bartolucci Johnston

Abogado y profesor de Derecho